La sucesión al trono de la CNMC activa a los grandes 'lobbies' y enciende la alarma del PP

La vuelta de las fiestas navideñas ha servido para devolver, al menos de forma aparente, la calma al número 47 de la madrileña calle de Alcalá. Aunque todo apunta a que se trata de una simple tregua. La sede de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) vivió en los últimos días de 2025 uno de sus mayores conflictos internos bajo el mandato de Cani Fernández, a raíz de la polémica aprobación de las circulares de distribución y transporte de electricidad. Ahora, con algunas relaciones que parecen rotas de forma irreversible, el consejo regulador afronta un semestre clave que culminará con la salida de su presidenta, en un contexto en el que todos los grupos de interés tratan de influir.

"¿Sabes cómo está y qué va a pasar en la CNMC?", preguntan de forma insistente dos directivos del sector energético a este medio. Una cuestión que, según distintas fuentes, se ha convertido en la más habitual en los primeros encuentros de este 2026. Desde el Spain Investors Day hasta reuniones sectoriales en la CEOE o en el Foro Nuclear, los asistentes coinciden en que los grandes lobbies han activado su maquinaria para conocer —e influir— tanto en las decisiones que se adoptarán en los próximos seis meses como en el proceso de renovación del organismo regulador.

El mandato de Cani Fernández al frente de la CNMC expira el próximo 16 de junio de 2026. A partir de esa fecha, su sucesor o sucesora asumirá la presidencia durante un periodo de seis años, un horizonte que coincidirá de lleno con un cambio de legislatura. Se trata de un relevo de alto impacto para los principales sectores regulados, en el que ya circulan quinielas sobre posibles candidatos y en el que se da por hecho, como ha informado este medio, que el Gobierno tratará de situar a una persona de su confianza al frente del regulador. Entre los nombres que suenan con más fuerza figura el de Mariano Bacigalupo.

Este escenario enciende todas las alarmas de Génova. “La experiencia de estos últimos años ha sido nefasta”, señala Alberto Nadal, vicesecretario de Economía y Desarrollo Sostenible del PP, en declaraciones a El Confidencial. “Hemos visto al marido de una exministra sentado en el organismo regulador encargado de fiscalizar su política y ni un solo miembro de los órganos reguladores pactado con el partido de mayor representación parlamentaria”, añade.

Unos más preocupados que otros

Algunos sectores se encuentran especialmente condicionados por este relevo. Uno de los más sensibles es el de las telecomunicaciones. Tal y como consta en los registros de transparencia de la CNMC, representantes de Telefónica acudieron el pasado 18 de diciembre a la sede del regulador para analizar con Cani Fernández y su vicepresidente, Ángel García Castillejo, la situación del sector teleco y el papel que el organismo puede desempeñar en su evolución futura.

Persisten, no obstante, las incógnitas sobre cómo se va a recomponer la CNMC en los meses que restan de mandato. Fue precisamente García Castillejo uno de los consejeros que rompió públicamente con la presidenta al emitir un voto particular contrario a la propuesta de las circulares de distribución y transporte de electricidad. Un voto que, al igual que los formulados por otros dos consejeros considerados próximos al Gobierno, evidencia el choque institucional existente entre la CNMC y el Ejecutivo.

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Donde la actividad de los grupos de presión es más intensa es en el sector energético. En particular, las empresas de distribución y transporte de gas, como Naturgy o Enagás, se juegan en la CNMC, antes del próximo mes de octubre, el marco regulatorio que regirá el negocio entre el 1 de enero de 2027 y 2032. "Todo parece más tranquilo que con las eléctricas, pero la batalla en el consejo de la CNMC es total y el final del mandato se acerca”, explican fuentes del sector. “El gas no puede estar tranquilo con este escenario", añaden.

Otras patronales, como la renovable APPA, la fotovoltaica UNEF o las grandes eléctricas agrupadas en Aelec (Iberdrola y Endesa), han mantenido en los últimos meses encuentros de alto nivel con sus asesores de asuntos públicos, tanto con la CNMC como con el Gobierno y la oposición. Con la Comisión Nacional de la Energía enterrada definitivamente, estas asociaciones confían en una renovación pactada y sin revanchismos en un momento crítico para sus negocios.

El Gobierno 'pasa palabra'

Desde el Ministerio de Economía, el departamento encargado de proponer al Consejo de Ministros el nombramiento de la nueva presidencia, señalan a este medio que el debate todavía no está formalmente sobre la mesa. No obstante, la renovación va más allá de la presidencia. El próximo 16 de junio expiran, junto al mandato de Cani Fernández, los de otros tres consejeros —Josep María Salas i Prat, Carlos Aguilar Paredes y Pilar Sánchez Núñez—, que obligará a una remodelación casi completa del Consejo. Mientras, la CNMC explica a El Confidencial que su labor continúa al margen de esta renovación.

El PP no quiere repetir situaciones vividas en otros organismos estratégicos. "La solución es bien sencilla", apunta Alberto Nadal. "Aplicar criterios reales de independencia y profesionalidad, similares a los acordados para el CGPJ, estableciendo un periodo de incompatibilidad suficiente entre el ejercicio de responsabilidades políticas o de gobierno y el acceso a los órganos reguladores", señala el exsecretario de Estado de Hacienda y actual asesor económico de Alberto Núñez Feijóo.

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Los populares aspiran a que este proceso sirva para avanzar en lo que denominan una "regeneración democrática", de modo que los órganos reguladores "dejen de ser una oficina de empleo para los socios de la coalición de gobierno y vuelvan a caracterizarse por su competencia profesional e independencia", concluye Nadal.

Un proceso del que se esperan novedades en los próximos meses. Ni la presidenta ni los consejeros cesan automáticamente en junio, la ley fija un mandato único de seis años sin posibilidad de reelección, pero permite que continúen en funciones hasta que el Consejo de Ministros designe a sus sustitutos. Una situación de interinidad que, según fuentes del sector, nadie espera que se prolongue dadas las tensiones internas y la batalla pública existente en el seno del regulador.