Baleària contrata a DLA Piper para desbloquear la compra de Naviera Armas

La compra de Naviera Armas Transmediterránea por parte de Baleària Eurolíneas Marítimas anunciada en agosto del pasado año pende de un hilo. El informe de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) en el que advierte del riesgo de subida de precios en los trayectos en barco entre la Península Ibérica y Canarias ha generado una gran preocupación en la compañía propiedad de Adolfo Utor, a su vez uno de los principales inversores individuales de Prisa. La empresa alicantina ha contratado a DLA Piper para doblar la mano al organismo regulador.

Así lo aseguran fuentes próximas a la operación, que en ningún caso preveían que la CNMC llevara a segunda fase la aprobación de la adquisición de Armas por Naviera. Al contrario, tanto Utor como los fondos dueños de Naviera Armas daban por seguro que la transacción iba a ser autorizada tras el primer análisis del organismo presidido por Cani Fernández.

De hecho, el propio despacho de DLA Piper había realizado ya un trabajo preliminar en el garantizaba el visto bueno de la institución que vela por libre competencia y la protección del consumidor. En Garrigues, que trabaja para Naviera Armas Transmediterránea, también eran muy optimistas con lograr el visto bueno de la CNMC antes de que acabara 2025, especialmente por el riesgo de colapso que aún sobrevuela sobre la compañía canaria.

Sin embargo, el organismo dirigido por Cani Fernández ha identificado riesgos significativos para que los usuarios puedan coger un barco para ir desde la Península a Canarias o a Ceuta y Melilla a unos precios adecuados. Su principal preocupación es que, una vez completada la operación, Baleària podría quedar como único operador en varias de las rutas involucradas, lo que en términos prácticos reduciría drásticamente la competencia en esos mercados y podría dar lugar a una situación de monopolio.

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Los riesgos concretos señalados por el regulador incluyen la posibilidad de incrementos de precios, deterioro de calidad en el servicio o reducción de frecuencias en determinadas rutas, especialmente en aquellas que no están sometidas a Obligaciones de Servicio Público (OSP), donde no existen tarifas máximas reguladas. Entre las conexiones que generan mayor preocupación se encuentran las de Sur Península-Melilla y la de Almería-Nador, así como varias de las líneas entre la Península y Canarias.

La operación, que fue notificada en octubre de 2025, abarca tres ámbitos geográficos principales: Sur Península-Alborán, Sur Península-Estrecho y Península-Canarias. Baleària aspira a hacerse con el control de rutas y activos que hasta ahora eran explotados por Armas, reforzando así su presencia en conexiones marítimas esenciales para el transporte de pasajeros y mercancías entre la Península y territorios como Canarias o Melilla.

Ante estos riesgos, Baleària ha presentado una serie de compromisos para tratar de mitigar los posibles efectos concentrativos de la operación, entre ellos propuestas específicas para la zona de Península-Canarias y la renuncia a la licencia en la ruta Nador-Almería. Pero el organismo regulador ha considerado que estas medidas no son suficientes para autorizar la compra sin un análisis más profundo, lo que ha motivado la apertura de la segunda fase del procedimiento.

JP Morgan, Bain Capital, Baring y Cheyne, los cuatro fondos que se quedaron con Naviera Armas por el impago de la deuda de la compañía en 2023, están siguiendo muy de cerca la situación. Porque, los cuatro acreedores de la empresa canaria, que se convirtieron en los dueños al canjear los préstamos por acciones, han dado por pérdidos más de 300 millones de euros y no están dispuestos a aportar más capital.