Francia lanza una investigación contra las 'big four' por posibles prácticas anticompetitivas

El regulador de la competencia francés, la Autorité de la Concurrence, llevó a cabo el pasado martes una serie de registros sorpresa en las oficinas de varias firmas de auditoría que operan en Francia, entre ellas los grandes nombres del sector: Deloitte, PwC, EY y KPMG, conocidas como las Big Four. La actuación, adelantada por el diario especializado La Lettre se realizó con autorización judicial y se enmarca en una investigación por posibles prácticas anticompetitivas.

Aunque la autoridad no ha querido identificar oficialmente a las empresas afectadas, sí ha precisado que las pesquisas se centran en los servicios de auditoría financiera y de certificación de información no financiera, un mercado clave en el que las Big Four son proveedoras habituales de las grandes empresas francesas, incluidas muchas cotizadas del índice CAC 40.

Los investigadores permanecieron durante toda la jornada en las oficinas inspeccionadas para recabar documentos y archivos, y algunas sedes llegaron a ser clausuradas temporalmente tras los registros. Otras firmas del sector, como Grant Thornton, también habrían sido objeto de inspecciones.

Uno de los focos principales de la investigación son las llamadas auditorías de sostenibilidad, un segmento en plena expansión tras la entrada en vigor en 2025 de la Directiva europea de Información Corporativa sobre Sostenibilidad (CSRD).

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Esta normativa obliga a las empresas con más de 1.500 empleados a certificar sus informes de sostenibilidad, lo que había generado expectativas de entrada para nuevos actores especializados en consultoría social y medioambiental.

El interés de la Autorité de la Concurrence también se relaciona con la futura aplicación de la directiva europea sobre el deber de vigilancia empresarial (CS3D), que a partir de julio de 2027 incorporará nuevas exigencias de certificación.

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Paradójicamente, las redadas se producen en un momento de incertidumbre regulatoria, después de que el Parlamento Europeo aprobara en diciembre de 2025 un acuerdo provisional para simplificar las obligaciones de información de sostenibilidad mediante el paquete Ómnibus I, lo que ha llevado a ajustes de personal incluso en equipos especializados de las grandes firmas.

Por último, el regulador francés ha subrayado que estas inspecciones presenciales no implican presunción de culpabilidad, y que solo una investigación completa permitirá determinar si existieron irregularidades o prácticas contrarias a la competencia.