Los 1.000M de Repsol, la desinversión de Telefónica y otros retos del Ibex en Venezuela

Repsol es la empresa española que sigue con más atención los planes de Donald Trump con Venezuela. La gran petrolera que dirige Josu Jon Imaz quiere recuperar los cerca de 1.000 millones de euros que le debe el Gobierno que, hasta este viernes, lideraba Nicolás Maduro y defender los 330 millones que tiene en activos en el país. Unos objetivos para los que lleva meses negociando con la Administración estadounidense.

Repsol es, junto con la estadounidense Chevron y la italiana Eni, la gran petrolera extranjera presente en el país caribeño. En estos momentos, su actividad está congelada porque Trump rompió todas las licencias que había concedido Joe Biden, que permitían a la compañía española cobrar su deuda en barriles de petróleo que después refinaba en su complejo de Cartagena. La Administración Trump quiere que la española, como experta sobre el terreno, siga la senda de 'su' Chevron para llevar el crudo a las refinerías estadounidenses del Golfo de México, ávidas de petróleo venezolano y descontentas con otras alternativas como el mexicano o el colombiano.

El equipo de Josu Jon Imaz tiene línea abierta con Chris Wright, secretario de Estado de Energía. Sus conversaciones se centran en nuevas inversiones en Estados Unidos y desbloquear la situación en Venezuela. Repsol, que ha preferido no hacer comentarios sobre este tema a El Confidencial, avanza en sus activos de exploración y producción en Texas, Pensilvania, Alaska y el Golfo de México, al que incluso ha empezado a referirse como “Golfo de América”, como guiño a la Administración Trump. La empresa se compromete a grandes inversiones en el 'oil & gas' estadounidense y pide, a cambio, algo de oxígeno en Venezuela.

De momento, todas las personas que conocen este eterno conflicto piden prudencia, porque ahora mismo se trata de un asunto militar y político. El tema energético quedará relegado hasta que el régimen caiga y se inicie una transición tutelada. Repsol, Chevron y el resto de petroleras empezarían entonces a trabajar para cobrar sus deudas multimillonarias en Venezuela. El primer paso será poder llevar petróleo a refinerías estadounidenses; después se verá si el crudo venezolano vuelve a Cartagena.

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Mientras tanto, su actividad se limita a la extracción de gas en Cardón IV, el yacimiento que comparte con la italiana Eni, para que las centrales térmicas del país sigan teniendo suministro y no falte la electricidad en Venezuela. A cambio, obtiene barriles de petróleo de la estatal PDVSA, con la que además mantiene múltiples acuerdos, como el control de la empresa Petroquiriquire.

Un 'lío' de 1.200 millones

Esta compañía es clave para entender el 'marrón' de Repsol en el país. En 2016, Repsol y PDVSA acordaron reforzar la estructura financiera de Petroquiriquire, creada en 2006, y permitir el desarrollo de su plan de negocio. Repsol concedió entonces un préstamo de 1.200 millones de dólares para pagar dividendos pendientes, inversiones de capital y gastos operativos. PDVSA lo compensa con más petróleo o, cuando es posible, mediante pagos directos en efectivo. Y Repsol sigue esperando a que PDVSA cumpla su parte del acuerdo.

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A 30 de junio de 2025, el saldo total de esa línea de crédito ascendía a 358 millones de euros, con 894 millones de euros de saldo bruto —incluidos intereses— y una provisión de 536 millones. Desde noviembre de 2021, Repsol no permite a PDVSA realizar nuevas disposiciones de esta financiación. Además de esa deuda, que la compañía necesita que Estados Unidos le autorice a cobrar en petróleo, sus bienes y activos en el país están valorados en 330 millones de euros, que incluyen principalmente la financiación otorgada a sus filiales venezolanas y la inversión en Cardón IV.

Con todo ello, Venezuela es un quebradero de cabeza para Imaz y su equipo. El nuevo mandato de Trump ha supuesto empezar de cero todo el trabajo que se había avanzado con la Administración Biden. El objetivo de Repsol es cobrar todo lo que se le debe en un país al que llegó hace 32 años, atraída por ser la mayor reserva de petróleo del mundo. Sin embargo, en la última década Venezuela se ha convertido en su 'mayor reserva' de problemas y trabaja para, por lo menos, perder lo menos posible.

Telefónica quiere una salida rápida

Más allá del sector energético, hay otras empresas nacionales de renombre con intereses en territorio venezolano. Telefónica, participada por el Estado español, es el primer operador del país sudamericano, dando servicio a casi 9 millones de personas con su marca Movistar. Según diversos informes, su cuota de mercado ronda entre el 42% y el 54%, y a comienzos de 2025 ganó una subasta del regulador local para expandir aún más sus redes de 4G y 5G, con una inversión de 470 millones de euros.

Aunque la intención de la teleco española es deshacerse lo antes posible del negocio en Venezuela, igual que en el resto de Latinoamérica, exceptuando Brasil. "Telefónica Hispam está todavía en México, Chile y Venezuela, y nos vamos a ir de todo Hispam", señaló su presidente, Marc Murtra, durante la presentación del nuevo plan estratégico que realizó en noviembre. No obstante, se prevé que la inestabilidad e incertidumbre política derivada de la intervención de EEUU enquiste cualquier operación corporativa.

Quienes sí pueden beneficiarse de la actuación estadounidense son las aerolíneas, que cancelaron sus conexiones con Caracas después de que las autoridades aéreas advirtiesen de "una situación potencialmente peligrosa en la región" ante el despliegue militar de Washington en el Caribe. Tanto Iberia como Air Europa han anulado sus vuelos hasta el 31 de enero, aunque podrían retomar su actividad antes de lo previsto si la amenaza de un nuevo ataque se disipa en los próximos días.

En el caso de Air Europa, la satisfacción por recuperar los vuelos contrastaría con la incertidumbre de cobrar los 200 millones de dólares (170 millones de euros al cambio actual) que le adeuda Venezuela. El Gobierno de Maduro había inmovilizado ese dinero por las restricciones que impuso a la repatriación de beneficios y la aerolínea propiedad de Globalia judicializó este conflicto. Sin embargo, aún no hay una resolución y existen dudas sobre si llegará a cobrar esa deuda con un cambio de régimen.

Inditex también tiene presencia allí, aunque en una proporción mucho menor que las compañías analizadas. Tras cerrar todas sus tiendas en 2021 por las dificultades operativas, el gigante textil español volvió a Venezuela tres años después con Grupo Futura como franquiciado. Primero abrió en Caracas un Zara de 5.000 metros cuadrados y ya tiene también un Bershka, un Pull&Bear y un Stradivarius. Las pretensiones de expansión serían más fáciles de cumplir con un gobierno más cercano al capitalismo de EEUU que al chavismo que hasta ahora ha practicado Maduro.

Otros nombres esenciales del Ibex con presencia reseñable en Venezuela son BBVA o Mapfre. En ambos casos, no son previsibles cambios significativos en su operativa por la caída de Maduro, aunque, sin duda, las perspectivas de un cambio en las condiciones económicas del país podrían conllevar cambios relevantes en sus resultados en una región que, en cualquier caso, no se cuenta entre las principales para ninguna de las dos firmas.