La guerra estalla en la CNMC por las redes eléctricas y los consejeros piden respaldo legal

El conflicto de las redes eléctricas es ya, oficialmente, una guerra. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha encontrado una salida compleja en su propuesta sobre cómo y cuánto se pagará este negocio estratégico hasta 2031. El dictamen del Consejo de Estado ha dado la razón a las eléctricas y los consejeros de la CNMC reclamaron respaldo legal para votar una solución de urgencia que, finalmente, se aprobó a última hora de este lunes.

El pleno de la CNMC se volvió a reunir, tras la tensión vivida el pasado viernes, con el objetivo de zanjar de inmediato una regulación que entra en vigor el 1 de enero. Según explican fuentes conocedoras a El Confidencial, ante el riesgo evidente, los consejeros han reclamado a los servicios jurídicos un encaje legal que permita aprobar las circulares de metodología y la tasa de retribución financiera del transporte y distribución de electricidad con las 'correcciones' que dice del Consejo de Estado pero sin pasar de nuevo por audiencia pública.

Y así es como se ha aprobado, con tres votos en contra y seis a favor. El equipo que preside Cani Fernández ha incluido las observaciones del máximo órgano consultivo del Estado, sin pedir opinión a los afectados por esta regulación, como exige el procedimiento. Según explican a este medio fuentes de la CNMC, pese a que se han incorporado cambios a raíz de las observaciones del Consejo de Estado, como la retirada de las 'nuevas inversiones admisibles', consideran que son de "pura ejecución" de ese dictamen.“No se han fijado nuevos criterios que exijan una nueva audiencia pública”, destacan desde el regulador.

Algunos consejeros, que hasta ahora habían confiado en los informes técnicos y jurídicos internos que avalaban la circular, han exigido al servicio jurídico de la CNMC salvoconductos legales. Según detallan fuentes internas, su duda es saber hasta dónde puede llegar la responsabilidad individual de un plan que no sigue el procedimiento convencional.

"Ambiente irrespirable"

Este lunes, el consejo se ha alargado todo el día, con recesos que servían para templar algunas tensiones del pleno. Una tensión que también se vivió el viernes. La presidenta, Cani Fernández, mostró incomodidad con sus servicios jurídicos que lidera el secretario del consejo, Miguel Bordiu. Un choque que llega porque el Consejo de Estado ha puesto de manifiesto que su modelo tenía un mal encaje legal.

El dictamen del Consejo de Estado es demoledor para la CNMC, no por su extensión, sino por la claridad de sus conclusiones. Según el máximo órgano consultivo del Gobierno, la propuesta del regulador que preside Cani Fernández limita inversiones que no puede limitar, porque esa competencia corresponde legalmente al Ministerio; y, además, introduce riesgo en una actividad que, por definición legal, no puede tenerlo.

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En resumen, el Consejo de Estado denuncia que la CNMC pretende que las redes eléctricas se paguen poco y de manera insuficiente. Las eléctricas han advertido que, entre otras consecuencias, esto podría frenar hasta 60.000 millones de euros en inversiones industriales y el desarrollo de nueva vivienda, un asunto que genera conflicto entre Gobierno y comunidades autónomas. Algo que se ha intentado encajar este lunes en una propuesta que ya es definitiva.

Una guerra que ha ido ‘in crescendo’

La CNMC ha asumido la última palabra, pero no son los únicos que han provocado esta tensión. Su análisis de las circulares sobre redes eléctricas arrancó a principios de 2025, con menos recursos de los que les gustaría, sin orientaciones claras de política energética por parte del Gobierno, que buscaba asumir competencias del regulador con la recuperación de la Comisión Nacional de Energía, y con la presión total de las eléctricas para, simplemente, cobrar más por su negocio.

No obstante, Cani Fernández y Rocío Prieto, directora de energía de la CNMC, no han cambiado de rumbo cuando el Ministerio publicó sus orientaciones para impulsar las redes y las eléctricas se han mostrado algo más colaborativas. Un enrocamiento que ha dividido a la CNMC, con su bando y el que lideran consejeros más cercanos al Gobierno liderados por María Jesús Martín.

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La realidad es que se ha creado un conflicto sobre un negocio estratégico como no ocurre en ningún otro país europeo. Portugal, sin ir más lejos, ha aprobado una tasa de retribución del 7,4%, claramente más atractiva que el 6,58% que se ofrece en España. Antes, el Reino Unido aprobó una tasa del 7,84%, aplicable del 1 de abril de 2026 al 31 de marzo de 2031. Dos competidores que garantizan seguridad regulatoria a los inversores. En España, por su parte, arranca 2026 con esa seguridad jurídica en tela de juicio.