La píldora envenenada del PNV a Red Eléctrica y Gobierno para salvar su industria

Un movimiento silencioso del PNV en Madrid se celebra estos días en la industria vasca. Necesitan más electricidad y parece que en unos meses tendrán buenas noticias. Las dos enmiendas que los jeltzales colocaron hace unas semanas en la Ley de Movilidad Sostenible en defensa de su industria son, en realidad, una píldora envenenada que pretende 'independizarse' de la planificación de Red Eléctrica de España (REE) y el Gobierno.

El PNV, que apoyó todas las necesidades de PSOE y Sumar en esa ley de movilidad, incluyó dos exigencias sobre redes eléctricas en esa ley para acelerar las decisiones y, sobre todo, para que su industria tenga electricidad ya. Bajo el discurso de la electrificación y la movilidad sostenible, el partido que preside Aitor Esteban ha puesto en marcha dos medidas para exprimir al máximo la red de alta tensión que controla Red Eléctrica y que el Gobierno revise cada cuatro meses aquellos usos de la red que están 'ociosos'.

El núcleo de la ofensiva es claro: maximizar el uso de la red existente que tanto necesita su territorio. La primera enmienda permite que, en una posición de la red de transporte ya ocupada por un consumidor —una gran industria, por ejemplo—, puedan conectarse nuevas empresas si existe potencia ociosa disponible. O, lo que es lo mismo, el PNV quiere usar las subestaciones eléctricas medio vacías porque tiene proyectos industriales en su región que llevan años esperando a que REE planifique, proyecte y construya nuevas infraestructuras.

Este cambio reduce de forma drástica las barreras de entrada para industrias que necesitan electrificarse ya, no dentro de cinco o diez años. Un punto que pone contra las cuerdas a Red Eléctrica, cuyo modelo actual solo permite un consumidor conectado a su red de alta tensión pese a que sobre potencia.

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La enmienda obliga al Gobierno a aprobar, en el plazo de seis meses, un real decreto que desarrolle un mecanismo para la “alimentación de demandas firmes”. Una forma 'política' de decir al Ejecutivo que ya no vale esconderse detrás de estudios, informes o previsiones a largo plazo. "Si hay demanda real y potencia disponible, la conexión debe producirse", detallan fuentes del sector energético.

Una urgencia para su región. El País Vasco es la comunidad con la red eléctrica más atascada, tanto de transporte (REE) como de distribución (Iberdrola). Un 98% de ocupación de sus nodos eléctricos impide que nuevas industrias o procesos de electrificación de las existentes accedan a la infraestructura. Según datos recientes de Iberdrola, prácticamente todos estos 'enchufes' están colapsados.

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La saturación alcanza casi el 100% en Álava y Bizkaia y el 98% en Gipuzkoa, con solo unos pocos nudos con capacidad disponible para nuevas conexiones. Los datos de Aelec, la patronal de Iberdrola y Endesa, apuntan que cerca de 60.000 millones de inversión en proyectos industriales en España están paralizados por los problemas de red; muchos de ellos, en territorio vasco.

Más flexibilidad en la red

La segunda enmienda va aún más lejos. El PNV quiere que se pueda cambiar el uso o la finalidad de una posición de la red aunque ese uso no estuviera previsto en la planificación oficial. Es decir, la planificación deja de ser un 'dogma', según su interpretación, y pasa a ser una herramienta flexible, subordinada a la realidad de proyectos “maduros y firmes”.

A partir del 15 de noviembre de 2025, cada cuatro meses se deberá elaborar un informe que identifique qué posiciones pueden modificar su uso. Otro mensaje directo a REE y al Ministerio. La red no es un tablero estático, y quien no se adapte quedará señalado como responsable de frenar inversiones y empleo.

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Para territorios con fuerte peso industrial, como País Vasco, esta modificación es clave. Permite que proyectos hoy bloqueados —por falta de acceso a la red, no por falta de viabilidad— puedan activarse sin esperar a una nueva planificación, que se aprueban cada seis años. El PNV logra con esos dos frentes ganarse el favor de sus industriales y quitar algo de responsabilidad a Iberdrola, el principal distribuidor de la región.

El Gobierno se ve ahora obligado a ejecutar lo que no supo o no pudo imponer por decreto. Y Red Eléctrica deberá adaptarse a una lógica menos cómoda, más dinámica y mucho más orientada a la demanda real.