El Consejo de Estado entra en la batalla de la CNMC y las eléctricas a 20 días del final

¿Sabes cuándo sale el informe del Consejo de Estado? Esta es, sin duda, la pregunta más repetida esta semana entre los interesados en el futuro de las redes eléctricas en España. Y son muchos. Los más implicados son las eléctricas —con Iberdrola y Endesa a la cabeza— junto con sus asesores, y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), el regulador que no quiere que este negocio se pague por encima de lo debido. El informe del órgano consultivo que preside Carmen Calvo se conocerá, según sus previsiones, entre este jueves y el viernes, y ambas partes tendrán apenas 20 días para dar el siguiente paso en su batalla.

Lo que está en juego es cómo y cuánto se va a remunerar el negocio de las redes eléctricas desde el 1 de enero de 2026 hasta el 31 de diciembre de 2031. Lo que diga el Consejo de Estado no es vinculante, pero sí constituye un elemento clave para inclinar la balanza. Tras ese informe, Iberdrola y Endesa tienen apenas dos días para presentar alegaciones, y el organismo que preside Cani Fernández deberá utilizar ese dictamen para cerrar su propuesta definitiva antes del 31 de diciembre.

Y las espadas están en todo lo alto. La CNMC propone que las nuevas redes y las ya existentes de cada eléctrica se remuneren con un 6,58 % de su valor total, mientras que las empresas reclaman que, como mínimo, sea un 7 %. El regulador considera que no existe demanda suficiente para justificar esa subida y que los hogares asumirían ese exceso. Las eléctricas, en cambio, sostienen que la entrada de nuevos consumidores compensará el incremento y que, para invertir, debe existir un incentivo atractivo.

Según Aelec, sin unas redes adecuadas España perderá inversiones industriales por valor de 60.000 millones de euros. Mientras tanto, la diferencia entre lo que propone el regulador y lo que exigen las eléctricas asciende a 3.000 millones de euros durante los próximos seis años, un importe que, según ellas, supone un claro desincentivo para adelantar inversiones.

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Ambas partes exhiben públicamente sus diferencias. Cani Fernández acudirá este jueves al Congreso para intervenir en una comisión sobre servicios digitales y medios de comunicación. Una presencia que aprovechará "Alianza España Verde y Conectada" —en la que se integran Iberdrola España y Aelec— para concentrarse a las puertas de la Cámara Baja bajo el lema "¡Queremos conectarnos!".

La propia Cani Fernández asistió, junto a Rocío Prieto, directora de Energía de la CNMC, la pasada semana a los premios Enerclub. Una asociación que integra a Iberdrola, Endesa, Naturgy o EDP, los grandes afectados por este debate, donde ambas pudieron percibir el descontento generalizado del sector con su plan de remunerar las redes eléctricas "con una de las menores tasas de toda Europa", según subrayan las compañías.

El Gobierno se lava las manos… a medias

El veredicto del Consejo de Estado también desempeña, en parte, el papel de mediador que el Gobierno ha evitado asumir. El Ministerio para la Transición Ecológica, el departamento competente en este asunto —aunque las redes sean claves para los planes de Industria o Transportes—, no ha querido posicionarse de forma rotunda del lado de la CNMC o de las eléctricas.

El equipo de Sara Aagesen se mueve entre el interés de los consumidores, como defiende la CNMC, y la necesidad de desplegar los activos imprescindibles para descarbonizar la economía, como apuntan las eléctricas. Sí ha defendido, tanto en sus opiniones sobre las circulares como a través de sus consejeros en la CNMC, que es necesario incentivar la inversión en redes; es decir, que el regulador de Cani Fernández se ha quedado corto.

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Pero esto no convence a ninguna de las partes. Aagesen y su equipo podrían haber activado la Comisión de Cooperación, un mecanismo legal que permite al Ministerio sentar a la mesa a la CNMC en un asunto estratégico como este. Una decisión que habría reforzado su papel de mediador y que habría sido bien recibida tanto por el regulador como por las eléctricas.

Ese papel recae ahora en el informe del Consejo de Estado. Las previsiones de las eléctricas apuntan a que el dictamen, con más argumentos jurídicos que sectoriales, mostrará que existe un claro agravio comparativo entre lo que propone la CNMC y lo que se aplica en otros países, en el sector del gas o en el negocio del transporte eléctrico, que gestiona Red Eléctrica. El regulador analizará sus consideraciones y, en su caso, las incorporará a una propuesta final que marcará los próximos seis años del país.