Ribera Salud planea vender activos en Murcia y Extremadura para mejorar el balance de Vivalto

Vivalto Santé, el dueño de la concesionaria de hospitales Ribera Salud, planea la desinversión de activos en Extremadura y Murcia para mejorar su balance de cara a la búsqueda de un nuevo inversor financiero en 2026. El grupo sanitario galo sitúa en la rampa de salida el Hospital de Almendralejo, que gestiona en virtud de un acuerdo con la Junta de Extremadura, y el Hospital Clínica Extremeña de Salud (CES) de Badajoz, que adquirió en 2020 y que tenía planeado reabrir tras la actualización de sus instalaciones. Del mismo modo, ha incluido en el mismo paquete el centro Cardiosalus de Murcia, especializado en cardiología y medicina deportiva, y estudia revisar activos enajenables en la región, donde posee una red de clínicas privadas hospitalarias y centros médicos en diversas localidades.

Estas desinversiones forman parte del bloque de acciones que el CEO de Ribera Salud, Pablo Gallart, tiene planificadas para mejorar el balance a corto plazo de la compañía y reducir los gastos previstos en el presupuesto de 2026 con respecto a 2025, con el fin de limpiar la cara de la participada de Vivalto con vistas a la posible venta del grupo francés. Tal como publicó El Confidencial, documentación interna del grupo sanitario revela que la corporación, que preside Daniel Caille y tiene a Emmanuel de Geuser como CEO, prevé salir al mercado el año que viene para cambiar de inversor financiero.

En este contexto se produce también la presión sobre el equipo directivo del Hospital de Torrejón de Ardoz, un centro sanitario del que es titular la Comunidad de Madrid que Ribera gestiona en régimen de concesión administrativa a cambio de unos ingresos regulares por población, el sistema capitativo, en un área de influencia de 150.000 habitantes. Grabaciones difundidas por El País revelan que Gallart instó en reuniones celebradas en octubre al equipo directivo a bloquear las listas de espera quirúrgicas con el fin de reducir gastos y mejorar el ebitda (beneficio antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones) de Torrejón Salud, la filial encargada de gestionar ese hospital.

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Gallart instaba a los directivos del Hospital de Torrejón a reducir la actividad asistencial para contener los costes operativos. "La elasticidad en la cuenta de resultados y la lista de espera es directa. Estableciendo la lista de espera quirúrgica, al final nos va a determinar la actividad, y determinando la actividad, Celia y todo el equipo que vais a trabajar determinaréis cuáles son los gastos y qué nivel de ebitda tendremos". Y traslada a los directivos el objetivo de hacer "iteraciones" con las listas de espera quirúrgicas "hasta que al final pudiéramos alcanzar un ebitda de 4 o 5 millones". Un grupo de estos directivos ha presentado quejas por el canal interno de denuncias y han sido despedidos de la empresa.

Esas revelaciones han desatado una tormenta política, y la oposición a la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso ha reclamado a la Comunidad de Madrid que rescinda el contrato. Vivalto, por su parte, ha anunciado una auditoría interna para "garantizar que no se ha producido ningún incumplimiento de los estándares de calidad en la atención a los pacientes, de la ética profesional, ni de la ley". También asegura que Gallart se ha "desvinculado" de la gestión de Torrejón mientras se hace la auditoría, aunque el directivo en ningún caso ha dejado el puesto de CEO de Ribera Salud. Ayuso ha defendido su "máxima confianza" en los profesionales del centro sanitario, a la vez que sostiene que "cualquier mala práctica será erradicada con contundencia".

Los planes de ajuste internos de Ribera para contribuir a mejorar el balance de Vivalto contemplan, además, desinversiones en activos no rentables, redimensionar plantillas o revisar los costes de proveedores externos. A preguntas de este periódico sobre ese proceso de venta, fuentes oficiales señalan que el accionista Vivalto Santé no hace ningún comentario. Se limitan a señalar que Ribera Salud mantiene sus planes de expansión y niegan "cualquier intención de vender su filial española".

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Pablo Gallart ascendió al puesto de consejero delegado del grupo Ribera en mayo del año pasado, en teoría como interino, cuando Vivalto Santé prescindió del presidente y alma mater de la compañía, Alberto de Rosa, y de la CEO, Elisa Tarazona, por desacuerdos con el enfoque empresarial del proyecto. Gallart había formado parte del núcleo de De Rosa como responsable del área financiera, pero tras la entrada del socio francés, en julio de 2022, fue estrechando lazos con el nuevo propietario, a la vez que se generó una brecha de desconfianza con su superior. Tanto De Rosa como Gallart son propietarios de un 6,25% de las acciones de Ribera cada uno. Tarazona y el vicepresidente, Santiago Delgado, poseen sendos adicionales paquetes del 6,25% de la propiedad. El restante 75% está en manos, como accionista mayoritario, de Vivalto Santé.

El reparto accionarial se articuló así con la salida del socio americano Centene Corporation. Las cuatro personas del equipo directivo tomaron una participación del 25% entre todos como muestra de compromiso con el proyecto. Los franceses tienen que negociar ahora con De Rosa y Tarazona la adquisición de su paquete. Ese proceso se ha cruzado con la posible venta a partir del año que viene del grupo Vivalto, en el que también tiene interés el propio Gallart como dueño de una participación minoritaria de Ribera.

El sistema concesional de gestión privada de centros públicos y áreas de salud como el del Hospital de Torrejón tuvo un primer ensayo en la Comunidad Valenciana a finales del siglo XX. Bautizado como modelo Alzira, Eduardo Zaplana puso en marcha durante su etapa como presidente de la Generalitat por primera vez en España un hospital comarcal de titularidad pública en la ciudad valenciana construido y gestionado por una empresa privada.

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Aquella primera concesión en la comarca de la Ribera, que dio nombre a la empresa, no fue prorrogada en 2018 por el Consell que presidía el socialista Ximo Puig, y el hospital y los centros de salud pasaron a gestión directa. Además del Hospital de Torrejón, bajo el mismo modelo, Ribera gestiona otro hospital comarcal público en Elche, el Hospital Universitario del Vinalopó. Es el único que le queda bajo ese sistema de gestión en la Comunidad Valenciana, después de que el actual conseller de Sanidad, el popular Marciano Gómez, decidiese no prorrogar ni la concesión de Dénia ni la que Sanitas gestionaba en Manises, argumentando que los informes internos de indicadores asistenciales y económicos recomendaban la integración en la red de gestión pública directa.

En paralelo a la pérdida de esas concesiones administrativas, Ribera ha ido creciendo en los últimos años en el ámbito de la sanidad privada en España y fuera del país a través de la adquisición de clínicas, hospitales y centros médicos no públicos. Actualmente, opera 16 hospitales y 74 centros médicos en España, Portugal, Polonia, República Checa, Eslovaquia y Perú, con más de 800 millones de euros de facturación. El último proceso de compra en el que está inmerso es el de la Clínica de Benidorm, un centro vinculado a servicios asistenciales a asegurados privados con fuerte implantación en la capital turística alicantina.