La consejera del Gobierno se rebela en la CNMC a favor de las eléctricas

Que la relación entre el Ministerio para la Transición Ecológica y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) no pasa por su mejor momento es un secreto a voces. El intento fallido de recuperar la Comisión Nacional de Energía forma parte de la falta de entendimiento entre Teresa Ribera —y ahora Sara Aagesen— y Cani Fernández. Este mes de noviembre, estas diferencias han vuelto a quedar de manifiesto en un asunto tan crítico como el futuro de las redes eléctricas en España.

El pasado 3 de noviembre, María Jesús Martín, la consejera de la CNMC más cercana al Ministerio, remitió por escrito uno de los mayores reproches internos formulados en los últimos años dentro del regulador. Martín señala al equipo de energía de Cani Fernández que su propuesta constituye un "fuerte desincentivo" para que distribuidores como Iberdrola o Endesa mejoren su eficiencia en la gestión de las redes eléctricas, lo cual "no puede considerarse una señal adecuada para un modelo retributivo".

La consejera ha querido dejar por escrito que no comparte la opinión mayoritaria del Pleno de la CNMC, aprobada el pasado 29 de octubre. El proyecto de circular —por la que se establece la metodología para el cálculo de la retribución de la actividad de distribución de energía eléctrica— fue remitido al Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, a fin de solicitar el dictamen del Consejo de Estado por trámite de urgencia.

El Gobierno quiere que la CNMC mejore su propuesta de pago por las redes eléctricas para cumplir con sus objetivos energéticos a 2030. Considera que el planteamiento actual no permite alcanzarlos. Competencia propuso en julio subir del 5,58% actual al 6,56% en el periodo regulatorio 2026-2031. Una propuesta que, según las eléctricas —respaldadas por varias comunidades autónomas—, debería elevarse al 7,5% debido al aumento de los costes y a la inflación. Esa diferencia supone cerca de 500 millones de euros menos al año para repartir entre Iberdrola, Endesa y Naturgy.

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Las eléctricas quieren mejorar este negocio, el más estable de su cuenta de resultados, que a su vez permitiría impulsar su actividad de comercialización con la entrada de nuevos consumidores. Por su parte, la CNMC no quiere "pasarse de frenada" pagando más de lo que pueden asumir los consumidores, que son quienes finalmente soportan el coste de estos incrementos.

Presión del Gobierno

Como ya informó El Confidencial, los representantes del Ministerio se han comprometido a presionar a Competencia para que su propuesta de retribución de las redes a partir de 2026 se acerque más a las expectativas de las eléctricas. Varias comunidades autónomas consideran este punto clave para que empresas como Iberdrola, Endesa o Naturgy inviertan en la red de baja tensión y puedan conectarse proyectos industriales que, según sus cálculos, aportarían 60.000 millones a la economía. El Ministerio que dirige Sara Aagesen envió hace una semana su orientación energética donde destaca a la CNMC la necesidad de ofrecer una tasa de retribución financiera que otorgue una rentabilidad a las empresas eléctricas para sus inversiones en infraestructuras reguladas.

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El voto en contra de la consejera del Gobierno se justifica por la fórmula elegida para realizar los ajustes de eficiencia. "En opinión de esta consejera, la sucesión de ajustes tan exigentes sobre las ganancias de eficiencia en los OPEX (gastos operativos), en un modelo retributivo nuevo a partir del segundo semiperíodo que busca que la empresa distribuidora maximice la conexión de nueva demanda optimizando costes de inversión y OPEX, puede desincentivar al distribuidor en la búsqueda de eficiencias en OPEX o en la adopción de soluciones de flexibilidad", detalla en su escrito.

Dos "rebeldes" más

María Jesús Martín ha encabezado el grupo de "los rebeldes" contra la propuesta de la CNMC. Junto a la representante del Gobierno, Josep María Salas —también cercano al equipo de Ribera— y Carlos Aguilar, vinculado a Podemos, han hecho pública su disconformidad con el documento. Los consejeros disidentes denuncian que las nuevas circulares son "confiscatorias y discriminatorias"; critican ajustes arbitrarios, riesgos regulatorios no previstos y que se penaliza a los operadores más eficientes.

Además, reprochan la falta de transparencia, ya que los votos particulares no se publicaron junto con la propuesta principal. A los argumentos de Martín, Salas añade el riesgo de especulación e inequidad territorial; Aguilar defiende que la anterior retribución (5,58%) era más adecuada. Por su parte, Enrique Monasterio —el consejero de la CNMC que el PNV promovió para ser su experto energético en el regulador— discrepa de estos "rebeldes" y respalda una propuesta que va en contra de los intereses de Iberdrola, una empresa con una relación histórica con el PNV.

El planteamiento actual de la CNMC ya se ha remitido al Consejo de Estado, que ha abierto un periodo de audiencia pública para que las eléctricas presenten alegaciones. Es probable que exista presión política para ajustar la retribución. Fuentes cercanas al regulador apuntan que hay muchas negociaciones entre el regulador, el Gobierno y las eléctricas. El nuevo marco debería entrar en vigor en enero de 2026, aunque aún podrían introducirse modificaciones si las alegaciones lo justifican.