El Gobierno propone a la CNMC que el plan antiapagón de REE lo paguen los hogares

Red Eléctrica opera desde el 29 de abril, un día después del apagón, con un sistema reforzado que prioriza la entrada de centrales de gas frente a plantas fotovoltaicas o eólicas en el mercado eléctrico. Se trata de una medida de seguridad que implica un coste extra para el sistema y que el Gobierno quiere financiar a través de los peajes que pagan los hogares en su factura eléctrica. Unos peajes sobre los que la última palabra la tiene la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

La nueva orden ministerial de orientaciones de política energética, que sirve para guiar a la CNMC en la regulación del sector, propone al organismo que preside Cani Fernández analizar la posibilidad de “financiar con cargo a los peajes de las redes eléctricas, considerándolos como un coste más de la red, el coste de aquellos servicios de ajuste del sistema, como las restricciones técnicas, que son derivadas de la insuficiencia de las redes actuales e impiden aplicar, sin modificaciones, los resultados de los distintos segmentos del mercado eléctrico”, según recoge el documento firmado por la ministra Sara Aagesen.

Estas restricciones se han disparado desde el colapso del sistema eléctrico el 28 de abril. En estos seis meses es habitual que, por ejemplo, una central eólica, que genera mucha electricidad y muy barata, no pueda entrar en el mercado porque la infraestructura en la que opera está al límite de capacidad, algo que supone un riesgo para la red. Red Eléctrica ordena a esa central reducir producción y reclama entrar a otra central convencional —de gas o hidroeléctrica— ubicada más lejos y con un coste mayor para asegurar el suministro.

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Alberto Sanz

El Ministerio plantea que sean los peajes donde se cobre el coste de estas decisiones, denominadas servicios de ajuste, pese a que se encuentren en máximos históricos tras el apagón. Las estimaciones del sector apuntan a un coste acumulado de 3.400 millones de euros en lo que va de año, que se acercará a los 4.000 millones al cierre de 2025, frente a los 2.600 millones del año pasado.

“Problema de red, no de estrategia energética”

Los servicios de ajuste se financian, de momento, con otros mecanismos del mercado o con la parte variable del coste de la energía. Esta idea de trasladar el coste de estas restricciones a los peajes que regula la CNMC, y no a los cargos que gestiona el Gobierno en la factura para financiar su política energética, enfatiza la postura del Ejecutivo de que estos desequilibrios se producen por la insuficiencia de la red eléctrica en España y no por un error en su estrategia energética.

Eso sí, el Ministerio para la Transición Ecológica señala que esta medida debe aplicarse “analizando cuidadosamente el impacto sobre los peajes y evitando un incremento excesivo en la factura de los consumidores domésticos”, según recoge su orientación. En resumen, el Ejecutivo quiere que este plan reforzado pase a ser un coste más de la infraestructura de la red, incluido dentro de los pagos fijos que afrontan los consumidores en su recibo eléctrico, aunque no quiere que se note mucho.

¿Quién gana y quién pierde?

La medida beneficia, en principio, a todo el sector eléctrico. Red Eléctrica gana porque puede seguir operando con este plan extraordinario convertidos sus mayores costes operativos en un pago regulado. Compañías como Iberdrola o Endesa se pueden olvidar del precio al que venden la energía para los servicios de ajuste, puesto que repercutirían el coste a través de los peajes. Actualmente, las eléctricas ganan más en su negocio de generación convencional, pero lo pierden en el de comercialización porque aún no pueden trasladar este coste a los clientes hasta las revisiones de contrato.

Los que pierden parecen los consumidores. Aunque no todos. Las empresas electrointensivas, las grandes industrias cuya factura eléctrica es su principal coste, pagan ahora directamente estos servicios de ajuste, pero si pasan a financiarse vía peajes, se beneficiarán del descuento del 80% que ya disfrutan en estos peajes.

La CNMC, que ha preferido no hacer declaraciones sobre estas orientaciones a El Confidencial, debe decidir si acepta la propuesta del Ministerio, que tampoco ha querido entrar en detalles. Aunque, como señalan fuentes del sector, los hogares son los que perderán sí o sí con este aumento de los costes. Si la CNMC sigue la recomendación del Gobierno, subirán los peajes; si no lo hace, las empresas terminarán trasladando a sus tarifas el coste que están asumiendo actualmente.