Los comunes presionan a Illa para que los catalanes no puedan comprar más de una vivienda

Los Comunes están presionando a Salvador Illa y al PSC para que los habitantes de las denominadas zonas tensionadas de alquiler, donde viven más del 90% de los catalanes, no puedan comprar más de un piso para limitar la compra especulativa. Aunque hoy la portavoz de la Generalitat, Silvia Paneque, negó que la medida fuese moneda de cambio para el apoyo a los Presupuestos de la Generalitat para 2026, la líder de los Comunes en el Parlament, Jèssica Albiach, aseguró en una entrevista a El Periódico, que “será una pieza central” en las negociaciones con el gabinete de Illa para aprobar unas nuevas cuentas.

La medida se ha lanzado en un estudio del jurista Pablo Feu encargado por el Plan Estratégico del Área Metropolitana, que fue presentado el pasado 30 de octubre por Janet Sanz, todavía regidora de los Comunes en el Ayuntamiento, y que aseguró que Collboni dependía de esta medida si quería que les aprobasen las cuentas en la capital catalana.

La Generalitat y los Comunes han creado un grupo de estudio conjunto para analizar la medida. Según Paneque, “solo se trata de un estudio”, porque la Generalitat se ha comprometido con los Comunes a “analizar todas las aportaciones”.

El estudio del Área Metropolitana es de un intervencionismo sin parangón. Amparándose en una “emergencia habitacional”, propone entre otras cosas “limitar las adquisiciones de inmuebles solo para que la persona adquiriente lo destine a su propia vivienda habitual”. Se trataría de un nivel de intervención pública sin comparación posible con el resto de España.

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La propuesta también señala que “la medida limitativa debe permitir la adquisición de vivienda destinada a segunda residencia de la persona adquiriente que se encuentre en un municipio distinto al de su domicilio habitual, aunque este se haya declarado ZMRT, siempre que esa sea la única segunda residencia de la persona adquiriente y la destine a su uso propio”.

Es decir, una persona que viviese en Barcelona no podría comprar un segundo piso en la ciudad, pero sí uno en Badalona si alegase que se tratase de una segunda residencia. Un marco legal absurdo que generaría inseguridad jurídica, retiraría viviendas del mercado de alquiler y presionaría al alza los precios de compraventa antes de la aprobación, entre otros efectos negativos.

Extendido a las empresas

“La medida limitativa debe ser temporal y aplicable solo en las ZMRT, para evitar que se altere el estatuto básico del derecho de propiedad sobre los inmuebles imponiendo una restricción del poder de disposición que haga irreconocible el derecho”, señala el informe, que pretende frenar la subida de los precios residenciales en el mercado inmobiliario.

Sin embargo, también se pretende extender a los inversores societarios. Así, apunta que “debe ampliarse la limitación, no solo a las adquisiciones de los inmuebles, sino también a los negocios jurídicos de disposición que supongan la cesión de los derechos de adquisición sobre los inmuebles, aunque no se hayan transmitido”.

El control sobre los particulares también incluiría a inversores inmobiliarios

También plantea que “debe extenderse a la adquisición de edificios enteros, ampliando la alternativa de la restricción a que la persona adquiriente de los edificios enteros los ponga en régimen de alquiler, pero en unas condiciones accesibles de tiempo y precio”. Por tanto, limitaría no solo la actividad de particulares, sino también la de los inversores profesionales. Seguiría la senda de otras medidas de los Comunes bienintencionadas pero fallidas, como el 30% de vivienda protegida obligatorio en todas las promociones de vivienda de Barcelona.

Solo estudio

En dos semanas los Comunes han ido rebajando el tono. De condición indispensable, la nueva propuesta de norma ha pasado a ser solo un objeto de estudio del grupo de trabajo. Ayer la consellera de Territori, Silvia Paneque, explicó que “entre estas primeras semanas y principios de enero deberemos dar luz a un informe sobre la viabilidad de la medida”.

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, en una entrevista a Expansión que hay que "intervenir el mercado de la vivienda", pero habla de controlar el precio de los alquileres, como ya hace la Ley de Vivienda; y también de la eliminación de los pisos turísticos. Pero Collboni no se refiere para nada a la limitación drástica de la compra de vivienda por parte de particulares.

Fuentes jurídicas de la Generalitat han dudado de la constitucionalidad de la misma, de su viabilidad y de su efecto real en el mercado, además de que podría provocar un alud de recursos legales contra esta. En la Generalitat confían en que solo la fase de estudio sirva para que los Comunes se sumen al acuerdo de los presupuestos de la Generalitat, que lleva sin nuevas cuentas desde 2022.