Los fondos de las renovables vienen a Madrid con la amenaza de embargar activos por 1.500 millones

Una comitiva de ejecutivos estadounidenses se encuentra desde el viernes por Madrid para reclamar lo que consideran que es suyo. Se trata de los representantes legales de aquellos fondos que invirtieron en las renovables atraídos por las primas de José Luis Rodríguez Zapatero y que sufrieron el ‘hachazo’ posterior bajo el Gobierno de Mariano Rajoy. Los tribunales internacionales les han dado la razón y, por ello, dentro de sus maletines hay una lista de activos valorados en 1.500 millones preparada para embargar si España no paga estos laudos.

"Hemos venido de visita a Madrid", explica Matthew McGill, abogado del despacho King & Spalding y representante del grupo de trabajo que controla 1.900 millones de la deuda que tiene España por estos casos. "Por supuesto, ya que estamos aquí, intentamos avanzar en nuestra estrategia legal", añade. McGill puede decir que ya ha conseguido ganar a la Abogacía del Estado y a sus asesores externos. Antes del verano, Blasket Renewables, uno de los fondos que más casos administra, logró que España pagase 32 millones por el laudo de la japonesa JGC Holdings.

Este abogado ha saltado recientemente del despacho Gibson Dunn a King & Spalding, y estos clientes se han ido con él. "Somos un grupo de trabajo que busca que España pague a más de 27 empresas acreedoras. Controlamos un 90% de todos los casos existentes y estamos abiertos a la negociación", explica un asesor español de esta comitiva. Estos asesores aseguran que mantienen conversaciones "constantes" con representantes del Gobierno para abordar este asunto.

La única vía es el embargo

Pero las posiciones siguen muy distantes. Los fondos quieren cobrar ya y España no tiene ninguna predisposición a pagar unos laudos que, en su mayoría, proceden del Ciadi —el tribunal del Banco Mundial— por vulneración del Tratado de la Carta de la Energía. La Abogacía del Estado mantiene su estrategia de no pagar ninguno de estos casos, principalmente porque vulneraría la normativa de la UE, al considerarse ayudas de Estado.

Ese inmovilismo hace que los fondos hayan puesto el foco en activos que España tiene repartidos por el mundo y que podrían embargar hasta que pague. La justicia de Estados Unidos, Reino Unido, Australia y Bélgica ya ha autorizado el embargo cautelar de activos del Reino de España. Por ello, entre estos ‘cobradores del frac’ se incluye Ashley Messick, consultora especializada en el rastreo y localización de activos pertenecientes a Estados soberanos.

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"Tenemos una lista de activos internacionales comerciales de España, donde no aparecen sus embajadas, que son embargables”, explica Ashley Messick. "El valor, solo en Estados Unidos y en términos de activos fijos, es de aproximadamente 1.500 millones", detalla. Es una lista que abarca la práctica totalidad de la deuda de sus clientes e incluye oficinas de la Cámara de Comercio, del Instituto Cervantes o activos públicos de empresas del Estado español. La consultora apunta que la cifra es muy superior —cerca del doble— si se incluyen cuentas corrientes, emisiones de bonos y otros países como Australia.

"Está en juego la credibilidad de España"

Este grupo de trabajo tiene como clientes a grandes compañías energéticas como la estadounidense NextEra —la mayor eléctrica por capitalización bursátil— o la alemana E.ON. También representa a particulares, acreedores o fondos con intereses en estos arbitrajes contra España. Estas empresas se apoyan asimismo en despachos internacionales con presencia en España, como A&O Shearman o Cuatrecasas.

"Esto no son casos aislados contra España", apunta Matthew McGill. "Está en juego la credibilidad de las empresas españolas que quieran invertir en Estados Unidos y que vienen de un país que aparece a la misma altura que Venezuela o Rusia en términos de seguridad jurídica”, señala el abogado de King & Spalding.

También apunta que es un lastre para los inversores internacionales que llegan a España. "Mis clientes en Oriente Medio o Asia me preguntan, cuando buscan abrirse hueco en nuevos mercados: ‘¿Paga este país sus laudos internacionales?’ Una pregunta que, en el caso de España, tiene una respuesta negativa", concluye Ashley Messick. Un mensaje que esta semana han intentado que cale en la opinión pública española.