Urbas votará este mes el cese inminente de su cúpula directiva

La crisis de Urbas entra en una nueva fase. La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha sido informada de que la compañía votará antes de que termine el mes el cese inminente de su presidente, Juan Antonio Acedo. Según fuentes consultadas, el organismo supervisor se muestra preocupado por la situación de la compañía, que lleva siete meses con la cotización suspendida, una situación que además se ha agravado tras la entrada en concurso voluntario de acreedores el pasado septiembre.

La tensión en el consejo de administración muestra la fractura interna a la que ha llegado el grupo y confirma que la salida de Acedo, adelantada por este medio en septiembre, se encuentra ya en proceso formal. Como informó este medio en septiembre, el mismo presidente trasladó a sus principales directivos su intención de apartarse de la primera línea de gestión. Tras su salida, la idea es activar un relevo inmediato para intentar recomponer la relación con la banca y con los principales acreedores. En total, la deuda de la compañía asciende a 318,3 millones de euros.

Entre los candidatos que se han puesto sobre la mesa, el presidente de la constructora ha propuesto a un exdirectivo de uno de los principales bancos del país, aunque su perfil genera grandes reservas entre una parte relevante del accionariado. Ya que estos accionistas se inclinan por otro alto directivo, que —según varias fuentes— viene con un plan de actuación más sólido para reactivar la compañía y restaurar la confianza de la banca y de los acreedores.

El movimiento se produce en un contexto especialmente sensible para el accionariado, donde, además entre los históricos minoritarios, figura Al Alfia Holding, un vehículo empresarial catarí estrechamente vinculado a la familia real Al Thani, con Sheikh Sultan bin Jassim Al Thani como rostro más visible y director ejecutivo.

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La posible salida del presidente de Urbas lleva meses sobre la mesa. Como adelantó El Confidencial, Acedo trasladó a la alta dirección su intención de dejar el cargo a comienzos de septiembre, coincidiendo con la decisión de la compañía de solicitar el concurso voluntario por el vencimiento de los plazos legales y ante la imposibilidad de presentar las cuentas auditadas.

Su auditor, A Worldwide, se negó a firmar los estados financieros dentro del plazo, lo que precipitó un preconcurso en mayo y generó tensiones con la CNMV, que pocos días antes había suspendido la cotización de Urbas por considerar que existían circunstancias que perturbaban el funcionamiento normal del mercado.

El relevo, sin embargo, se había mantenido bloqueado, pues. Parte de los accionistas y varios miembros del consejo preferían aplazar cualquier movimiento hasta la designación del administrador concursal, figura clave para garantizar una transición con credibilidad ante la banca y los fondos.

Roundshield endurece su ofensiva

El giro interno se produce en paralelo a la ofensiva judicial del fondo británico Roundshield Partners, uno de los principales acreedores de la compañía. Como publicó elEconomista, la gestora ha llevado su disputa a los tribunales del Reino Unido, donde reclama hasta 189 millones de euros a Urbas por impagos vinculados al contrato de financiación firmado en 2020. Roundshield ya logró el año pasado ejecutar la prenda sobre las acciones de Urbas Luxco I SARL —valoradas en cero euros por PwC—, operación recurrida posteriormente en España.

En el ámbito español, el fondo también fue quien solicitó la designación de FTI Consulting como verificador independiente de las mayorías que Urbas alegaba para validar su plan de reestructuración. El informe de FTI, demoledor, llevó al juez a cuestionar la validez del apoyo declarado y agravó la desconfianza de los acreedores sobre la situación real del grupo.

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La relación con el supervisor tampoco atraviesa su mejor momento. Tras detectar irregularidades en las comunicaciones oficiales de la compañía, la CNMV obligó a Urbas a encargar un 'forensic' contable a Deloitte. El supervisor ha ordenado ampliar el perímetro de investigación para incluir operaciones de 2018 a 2020, después de que el borrador inicial detectara indicios de transacciones potencialmente irregulares señaladas previamente por FTI.

La eventual destitución de Acedo llega en uno de los momentos más delicados de la historia de la constructora. El grupo tiene pendiente la homologación judicial de su plan de reestructuración —que apenas contó con el respaldo de cinco de los 270 acreedores— y afronta un concurso con más de 300 millones de deuda y dudas sobre su solvencia real.

La votación anunciada a la CNMV será, por tanto, un punto de inflexión, si el presidente da un paso al lado, el administrador concursal heredará una compañía fracturada, pero dispuesta a reordenar su gobierno corporativo y salir a flote; si no, el bloqueo podría prolongarse indefinidamente.