El sector del gas busca a la CNMC para tapar un roto de 2.500 millones de euros

Con la llegada del frío, el gas natural se convierte en el mejor aliado de ocho millones de hogares en España. Un gas que se distribuye y transporta por una red de 100.000 kilómetros de tuberías para que, a diferencia de lo que sucedió el 28 de abril con la electricidad, no falte suministro. Este servicio supone 2.000 millones de euros al año a los consumidores. Una cifra que para las empresas gasistas es insuficiente y para la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), el regulador encargado de decir cuánto y cómo se paga, está en su justa medida.

Las reuniones entre ambas partes se multiplican estos días en la sede del regulador en la calle Alcalá. A mediados del próximo año, el sector espera tener encima de la mesa el marco regulatorio de este negocio que regirá desde el 1 de enero de 2027 hasta 2032. La negociación está siendo controvertida tras el recorte que aplicó la CNMC en el diseño para el período 2021-2026. Naturgy, Nortegas, Madrileña Red de Gas o Redexis, las grandes distribuidoras, han operado sus ‘tubos’ cobrando 1.320 millones menos que los seis años anteriores y Enagás, el transportista y gestor de las regasificadoras, 1.175 millones menos.

En total, ambos cierran esta etapa con un desajuste de 2.500 millones, un 16% menos en su retribución, que ahora, en sus visitas a la CNMC que están realizando estas semanas, piden que se les compense. “Como viene siendo habitual, en el ejercicio de sus funciones, la CNMC mantiene contactos habituales con los distintos agentes del sector para conocer de primera mano sus planteamientos”, explican desde el organismo regulador a El Confidencial.

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El debate está siendo intenso, aunque con menos ruido que el de las eléctricas con la retribución de sus redes. Entre otras cosas, porque queda más tiempo. Las empresas demandan al equipo de Cani Fernández que corrija los desequilibrios de los últimos seis años y siente las bases de la sostenibilidad económica para las actividades reguladas del sector gasista.

Alerta por problemas de viabilidad

Pero la CNMC sigue sin aceptar las previsiones de consumo de gas que presentan las empresas. Algo que impactaría en la factura de los consumidores. El sistema para pagar a las empresas se financia con los peajes y cargos que pagan los consumidores. Si hay menos consumidores pagando y el pago a las empresas se mantiene o sube, se genera un déficit. Los primeros cálculos del regulador, con las previsiones de demanda del Gobierno, indican que, si se vuelve al modelo que había en 2020 como esperan las empresas, se podría llegar a un déficit en el negocio de distribución de hasta 1.133 millones en los próximos seis años.

Una postura que las empresas advierten que pone en riesgo su futuro. Si la CNMC apuesta por mantener el escenario actual y recorta los ingresos regulatorios, algunas de estas gasistas aventuran serias dificultades financieras. Es más, según confiesan a este medio, algunas empresas, existen operaciones de entrada de nuevo capital y operaciones corporativas estratégicas para su viabilidad que se bloquearán con ese escenario, generando un ambiente de incertidumbre para su red.

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Estos días también están recordando al regulador que ha recortado en el último período sus costes y también sus ingresos. Según sus datos, los peajes domésticos han bajado este periodo un 40% para los hogares y un 70% para las industrias, en un entorno de inflación del 21% y del 41% de precios industriales. Por su parte, en Europa, han subido entre el 20% y 40%, en línea con la inflación.

Esta reivindicación la está liderando Sedigas, la patronal de todas las gasistas. La patronal presentó un informe a principios de noviembre, de la mano de la consultora PwC, en el que apunta que, de no corregirse este desequilibrio, los distribuidores y transportistas de gas van a sufrir otro ‘hachazo’ en su actividad de 2.405 millones de euros, que golpearía con fuerza su capacidad para operar cada día esa red de 100.000 kilómetros.

“Desde Sedigas trabajamos y seguiremos haciéndolo durante todo el proceso, con diálogo y colaboración institucional con la CNMC, para que España cuente con un sistema energético más seguro, competitivo y descarbonizado, apoyado en infraestructuras que son —y seguirán siendo— esenciales para el futuro del país”, destacan a este medio.

¿Hay margen para el acuerdo?

El diálogo entre ambas partes también ofrece alguna esperanza. Las empresas se muestran contentas de que, por lo menos, ahora se les escuche. Por su parte, esta misma semana, la presidenta de la CNMC, Cani Fernández, apuntó en su intervención en el Observatorio de la Energía de El Español, que “el gas seguirá siendo relevante durante un periodo de tiempo largo, no nos engañemos. Y lo será tanto como combustible como materia prima”. Es más, el borrador de la CNMC para el próximo período regulatorio ya deja caer una intención de ser algo más 'favorable', ya que han visto que su ajuste del último período recortó el déficit con más rapidez de lo esperado y de manera excesiva.

Unos guiños que favorecen una negociación que será intensa en las próximas semanas. Las empresas quieren maximizar sus beneficios de un negocio en el que hay en juego cerca de 12.000 millones en el próximo período regulatorio. Y, además de los ocho millones de hogares que quieren encender la calefacción, este negocio es clave para que llegue gas a la gran industria y a los ciclos combinados, del que cada día depende más el sistema eléctrico. Un negocio al que los gasistas consideran que la CNMC mira con mejores ojos.