Telefónica lleva a los tribunales al cártel de sobres y reclama 80 M de indemnización

El cártel de sobres salta a una dimensión superior con la entrada en escena de Telefónica. La compañía dirigida por Marc Murta tiene interpuesta una demanda contra una de las diecisiete compañías que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) sancionó con 44 millones de euros por crear un cártel de fijación de precios y de reparto de mercado entre 1977 y 2010.

Según ha podido saber El Confidencial, la compañía demandada por Telefónica es Envel, a la que pide unos 80 millones de euros, en una acción de daños. La ‘teleco’ española se considera perjudicada por haber pagado un sobreprecio en la compra de sobres utilizados habitualmente para comunicarse con sus clientes a través de envío postal.

Telefónica, que ha declinado hacer comentarios sobre esta información, ha elegido para interponer su demanda un juzgado de lo mercantil de Barcelona por ser plazas especializadas en este tipo de reclamaciones de Competencia, que ya tienen experiencia en este caso. Es precisamente en estas instancias desde donde salió la sentencia que atribuye al Partido Popular una indemnización millonaria.

Desde el juzgado número 3 de Barcelona, Kutxabank también ha conseguido que le estimen una indemnización de 7,38 millones de euros por el cártel de los sobres, según una sentencia del 3 de noviembre a la que ha tenido acceso este medio.

Es precisamente la instancia desde el que salió la sentencia que atribuye al Partido Popular una indemnización millonaria

La magistrada concluye que el banco vasco sufrió un sobreprecio real y sostenido durante dos décadas, debido a la coordinación ilícita entre Tompla, Printeos, Maespa y, precisamente, Envel —compañía que la sentencia califica como "en situación procesal de rebeldía"—. Estas empresas pactaron el reparto de grandes clientes; entre ellos entidades financieras, y alteraron artificialmente los precios de los sobres preimpresos.

La sentencia deja claro desde el inicio que Kutxabank ejercita "una acción consecutiva o follow on", y que, siendo firme la resolución de la CNMC, "debe declararse sin más la concurrencia del primer requisito para el éxito de la acción". Sobre la prueba del daño, el fallo se alinea con la doctrina de la Audiencia de Barcelona: "La existencia de sobreprecio puede considerarse plenamente acreditada", recordando que "los acuerdos de reparto de clientes producen efectos similares a los de fijación de precios".

Un cártel histórico con una cascada de fallos judiciales

La demanda de Telefónica se suma así a un reguero de litigios que han redefinido la acción de daños por cárteles en España. El cártel de los sobres —activo desde 1977, coincidiendo con las primeras elecciones democráticas— fue desmantelado en 2013 por la CNMC, que identificó a diecisiete participantes: Andaluza de Papel; Antalis Envelopes Manufacturing; Emilio Domenech Mirabet; Envel Europa; Grupo Tompla Sobre Exprés; Hispapel; Maespa Manipulados; Manipulados Cegama; Manipulados Plana; Pacsa; Papelera del Carrión; Rodon; Sobre Industrial; Sobres Izalbe; Sociedad Anónima de Talleres de Manipulación de Papel y Unipapel —hoy Adveo—, entre otras.

El organismo acreditó entonces una "infracción única y continuada" durante más de tres décadas, en la que las compañías pactaron precios, se repartieron licitaciones electorales y coordinaron la fabricación de sobres corporativos para grandes clientes, además de limitar tecnológicamente al sector. Los procesos afectados abarcan comicios europeos, generales, autonómicos y municipales.

Un mapa judicial en expansión

El caso ha generado ya algunas de las sentencias más relevantes de la litigación antitrust reciente. En 2025, la Audiencia Provincial de Barcelona confirmó que el Partido Popular fue víctima directa del cártel y que tiene derecho a ser indemnizado por el sobreprecio abonado en los sobres electorales entre 1982 y 2010, aunque moduló la base de cálculo.

El caso ha generado ya algunas de las sentencias más relevantes de la litigación antitrust reciente

Los fallos más contundentes, no obstante, han venido del Tribunal Supremo, que en junio y julio de 2025 reconoció como víctimas a PSOE e ING, consolidando dos pilares esenciales. Por un lado, que el plazo de prescripción solo empieza con la firmeza de la resolución sancionadora, no con su publicación. Por otro, que el interés compuesto debe aplicarse para garantizar el resarcimiento íntegro.

En paralelo, empresas como Tendam, Venca, Grupo Planeta, Mutua Madrileña, Caixabank Ontinyent, Misiones Salesianas, Obras Misionales Pontificias, Cámara de Comercio de Madrid e Ifema ya han obtenido indemnizaciones en las Audiencias de Madrid y Barcelona por un total de 5,4 millones de euros. Madrid ha fijado el sobreprecio en un 9,40%, mientras que Barcelona lo eleva al 20%.

Con este bagaje judicial y un mercado afectado durante más de treinta años, la entrada de Telefónica eleva el listón económico y abre un nuevo frente para las empresas del cártel. Si los tribunales mantienen la doctrina ya consolidada, la operadora tiene en su mano una reclamación de enorme recorrido, en un escenario donde las grandes perjudicadas —incluidas las del sector bancario— ya han empezado a ganar sus casos.