La intervención del Gobierno en el aceite de oliva se aplaza a futuras campañas

Las copiosas lluvias de la pasada primavera hicieron prever una copiosa campaña para el aceite de oliva, situando las expectativas por encima de 1,5 millones de toneladas. Ante este hipotético aumento de la oferta, el Ministerio de Agricultura preparó un mecanismo para obligar a retirar producto, con intención de almacenar existencias a las que dar salida en años de escasez. Sin embargo, tras un otoño más seco de lo habitual, el Gobierno finalmente ha aplazado esta intervención en el mercado del oro líquido.

"No es necesario determinar un porcentaje de retirada de producto", han concluido desde Agricultura en una resolución publicada este jueves en el Boletín Oficial del Mercado (BOE). Explica que "no se alcanza el umbral establecido" en la orden que promulgó a finales de octubre, donde establecía que solo podría hacerlo cuando las existencias actuales más las estimaciones de producción para esta campaña alcanzasen el 120% del nivel medio de este sumatorio de las seis cosechas anteriores.

Aunque la medida no se aplique este año, la intención es hacerlo en futuras campañas más abundantes. "Este año, esta norma no se va a aplicar porque no hay exceso de oferta, pero (el mecanismo) es una garantía para todo el mundo", ha explicado el propio ministro del ramo, Luis Planas. La orden publicada hace un mes solo contemplaba las condiciones para la cosecha que acaba de iniciarse, por lo que se tendrá que volver a publicar si se quiere llevar a cabo en años venideros.

Las expectativas para esta campaña se han reducido y, de hecho, en el sector dudan ahora si se alcanzarán los 1,4 millones de toneladas que consiguieron el año pasado. "Todo el mundo esperaba que fuese una buena cosecha, pero la climatología, sobre todo por las condiciones de este otoño, nos va a llevar a niveles similares al año anterior", explicaba la semana pasada Antonio Luque, el presidente de Dcoop, el mayor productor de aceite de oliva del mundo.

Planas: "Este año, esta norma no se va a aplicar porque no hay exceso de oferta, pero es una garantía para todo el mundo"

Tanto agricultores como productores ven con buenos ojos la intervención del Gobierno. Desde la organización profesional UPA consideran que "el mercado por sí solo ha demostrado que no es capaz de generar valor para el olivar tradicional" y creen que en el futuro puede "poner coto a las malas prácticas de los especuladores en el sector que todos sabemos que existen".

No lo tiene tan claro la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que a comienzos de octubre advirtió que "puede ser perjudicial para los consumidores (especialmente para los de rentas más bajas), y otros eslabones de operadores, como los distribuidores y exportadores, al encarecer los precios y reducir la variedad y calidad del producto". Su recomendación fue explorar otras alternativas, como impulsar un almacenamiento privado o utilizar los instrumentos de la normativa de la cadena alimentaria.

Intervención con aval europeo

La intervención en este sector está avalada por la normativa europea, que en el artículo 167 bis del Reglamento (UE) 1308/2013 establece que, con el fin de mejorar y estabilizar el funcionamiento del mercado común de los aceites de oliva, y también de las aceitunas de las que proceden, los Estados miembros productores podrán establecer normas de comercialización para regular la oferta.

España transpuso esta legislación en el Real Decreto 84/2021. Esta normativa contempla que, cuando las condiciones de mercado lo justifiquen, podrán establecerse normas de comercialización para mejorar la estabilidad y funcionamiento del mercado para una campaña de comercialización determinada, mediante la retirada de producto hasta la campaña siguiente y/o el destino a uso no alimentario. Debe tratarse, por tanto, de una medida de aplicación excepcional de carácter coyuntural.