Los fondos quieren embargar activos de la SEPI, Renfe y Paradores por los arbitrajes

Los afectados por los impagos de España en los laudos de las renovables pasan al ataque para cobrar sus deudas. Estas empresas y fondos de inversión, representados por el despacho King & Spalding, han presentado en el Tribunal Federal del Distrito de Columbia sus primeras solicitudes formales de información y documentación post-sentencia al Reino de España. Dicha solicitud busca detalles sobre bienes y cuentas en Estados Unidos, junto con detalles de empresas públicas como la SEPI, Renfe y Paradores.

Esta solicitud se enmarca dentro del procedimiento destinado a ejecutar laudos arbitrales internacionales. Indemnizaciones que fueron reconocidas en tribunales internacionales como el CIADI, dependiente del Banco Mundial, y que exigen al Reino de España el pago de 1.754,7 millones de euros por la retirada retroactiva de las primas ofrecidas a la inversión en energías limpias.

El escrito de King & Spalding exige a España, en un plazo máximo de 30 días, información detallada sobre sus bienes, cuentas financieras, contratos y activos ubicados en Estados Unidos. El despacho también exige datos relativos a diversas entidades públicas o privadas que estén vinculadas al Estado a través de su accionariado u otro tipo de vínculo.

Se solicita información sobre la SEPI, Renfe, Paradores, Instituto Cervantes, Enaire e Ineco. El objetivo de esta investigación es determinar si sus activos pueden ser objeto de embargo, en el marco del procedimiento de registro y pleno reconocimiento judicial de los laudos por parte de los tribunales estadounidenses.

Estados Unidos permite esta investigación

Esta es una tarea que las propias empresas han desarrollado en paralelo, a través de servicios de consultoría especializados en el rastreo de activos soberanos. Además, el derecho común propio de países como Estados Unidos permite realizar este tipo de requisitos obligatorios de información cuando se detectan situaciones de impago e incumplimiento de sentencias.

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Los tribunales norteamericanos ya han emitido siete fallos contra nuestro país en las últimas semanas, por un total de 688,4 millones de euros. Al más reciente, ligado al caso 9Ren y por valor de 44 millones, hay que sumarle las decisiones correspondientes a otros acreedores como Cube (40,2 millones de euros), Watkins (79,5 millones), Infrastructure Services/Antin (125,1 millones), RREEF (74 millones), InfraRed (35 millones) o NextEra (290,6 millones).

Esta cascada de decisiones judiciales pertenece, en su gran mayoría, al fondo de capital riesgo Blasket Renewables. La deuda total derivada de esta cuestión asciende a 2.180 millones de euros, cantidad que incluye 1.754,7 millones en indemnizaciones pendientes de pago y 416,4 millones ligados a intereses de demora, condenas en costas y otros sobrecostes.