Renfe privatiza servicios de LogiRail en pleno choque con Hacienda por los sueldos

Renfe tiene un problema con LogiRail. La empresa que dirige Álvaro Fernández tiene un conflicto laboral abierto en la filial que gestiona los servicios de atención a viajeros y desarrolla la digitalización de la empresa, mientras externaliza sus servicios. Una empresa pública que cuenta con 4.000 trabajadores que, según denuncian los trabajadores a El Confidencial, se está produciendo un proceso de privatización. El problema que tiene Renfe con LogiRail no son sus costes o eficiencias, según apuntan, son las dificultades del nuevo equipo para sentarse a negociar con el Ministerio de Hacienda la situación de estos empleados públicos.

Un asunto que lleva un año enquistado. Los representantes sindicales de LogiRail firmaron un “III Convenio Colectivo” en noviembre de 2023 que incluía mejoras laborales. Sin embargo, Hacienda no ha autorizado la entrada en vigor de ese convenio porque, según la Administración, no se han cumplido todos los trámites preceptivos. El Ministerio que dirige María Jesús Montero alega que no se ha remitido el convenio para aprobación, que no existe informe de masa salarial del 2024, lo cual impide legalmente la mejora de las condiciones laborales de la plantilla. Aunque Hacienda no ha querido dar más detalles ante la consulta de este medio.

Los sindicatos llevan todo 2025 presionando para que Álvaro Fernández se siente con Hacienda para solucionar este conflicto, algo que no ha sucedido. Por otro lado, existe otro conflicto relacionado con Hacienda: el “complemento ‘ad personam’”. Un extra para ciertos trabajadores cualificados de LogiRail que sí cobraron por 2023, pero que Hacienda no había aprobado el correspondiente a 2024. Este complemento representa cerca de dos tercios del salario de estos trabajadores que, en muchos casos, cobran el salario mínimo.

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Antes de la llegada del nuevo presidente en enero a Renfe, se estaban produciendo negociaciones con Hacienda para que se convalidase ese complemento en 2024. El cambio de presidencia paralizó el proceso, según trasladan desde la plantilla. La ‘gota que ha colmado el vaso’ ha llegado este mes de octubre. Renfe notificó a cerca de 230 empleados la retirada de este complemento por una presunta “imposición de Hacienda”.

Esa notificación activó manifestaciones en estaciones como Atocha y amenazas de huelga de los trabajadores durante todo el mes. Tras un mes de presión política y social, Óscar Puente ha dicho que ya está solucionado. El ministro anunciaba este martes en su intervención en el Senado, y detallaba posteriormente en sus redes, un acuerdo con Hacienda para aprobar los complementos de 2024. “Logirail forma parte del sector público empresarial y por tanto debe cumplir con criterios de control y supervisión en el ámbito de los Recursos Humanos que fija la Administración, como la masa salarial”, explica Renfe ante la consulta de este medio. “Por ello, ha sido preciso que la dirección de costes de personal del Ministerio de Hacienda aprobara los complementos ad personam en Logirail”, añade.

Huelga y más movilizaciones

Los sindicatos consideran que sus protestas han “espabilado a los ‘jefes’ del presidente de Renfe”, según describen. No obstante, no van a desconvocar sus movilizaciones porque el conflicto del convenio con Hacienda sigue paralizado. Un asunto que es la clave para regularizar toda la situación de los 4.000 trabajadores de LogiRail. El próximo 11 de noviembre, en la puerta del Ministerio de Transportes, los trabajadores públicos se movilizarán para denunciar su situación y tienen planeado complementarlo con cuatro jornadas de huelga a lo largo del mes de noviembre.

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Desde la plantilla apuntan a este medio que ha existido, y existe, “pereza” por parte de la dirección para negociar con Hacienda. Un inmovilismo que denuncian que va de la mano de su plan para privatizar LogiRail, que no cuadra con lo que se puede esperar con una presidencia de Renfe muy vinculada con el partido político Sumar.

Contratos millonarios que privatizan el trabajo

Esta denuncia de "privatización" de LogiRail se basa en que Renfe ha publicado una cascada de contratos de servicios que realizaba hasta la fecha esta empresa pública. El más delicado ha sido el contrato publicado a finales de octubre valorado en 5 millones de euros relacionado con los servicios de Centros de Competencias Digitales en territorios como Teruel o Linares (Jaén). Servicios que, según explican internamente, movilizan un centenar de trabajadores en sitios con altas tasas de desempleo, lo que supone un gran conflicto regional.

La empresa dependiente del Ministerio de Transportes defiende a este medio que este contrato es un “servicio del personal de información, atención y apoyo operativo” y que “se configura como un dispositivo de apoyo presencial, orientado a reforzar la atención al cliente, garantizar la correcta gestión de la movilidad y mejorar la experiencia al viajero”. Por tanto, argumentan que no se corresponde con la función de los Centros de Competencias Digitales, que sirven para la transformación digital, internalización y eficiencia del Grupo.

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Renfe también ha contratado empresas privadas para dos servicios de atención al viajero que han salido en Madrid, una de ellas se ha adjudicado ya Acciona, y otro cerrado en octubre se ha adjudicado a Interim Services en Barcelona. "Son contratos de personal de apoyo para información y encaminamiento de viajeros debido al elevado número de obras actualmente en curso. En ningún caso dicho personal realizará tareas de venta y administración, como hace Logirail", insiste la empresa pública.

La plataforma de contratación de Renfe cuenta con más contratos temporales de este estilo en País Vasco o Cantabria que, como explican desde los sindicatos, antes se realizaban desde LogiRail. Un proceso que se produce después de que en el mes de septiembre la filial de Renfe contratase los servicios de la consultora KPMG para analizar la eficiencia económica y competitiva de los servicios profesionales de LogiRail.

La plantilla ve un claro interés en deshacer la empresa pública que, además de ser un frente de conflicto con Hacienda, es un problema por su vinculación con que la ‘trama Koldo-Ábalos’, presuntamente, colocaba a sus personas de confianza. Los trabajadores y los sindicatos aseguran que seguirán defendiendo esta empresa para evitar un privatización total.