Benjumea reactiva su causa contra la banca tras quedar absuelto del colapso de Abengoa

Veredicto final. Felipe Benjumea ha sido definitivamente absuelto de los delitos de falsedad contable y estafa que le imputaba la plataforma de perjudicados por Abengoa, entidad que, en 2016, presentó una querella contra el empresario, el resto del consejo de la compañía andaluza y la auditora Deloitte.

Tras casi una década en fase de instrucción, el pasado julio, el Juzgado Central número 2 de la Audiencia Nacional archivó la querella contra ellos, al no ver indicios de delito, fallo que ha sido refrendado en un nuevo auto del pasado 28 de octubre, al que ha tenido acceso este medio, que desestima el recurso presentado por los querellantes.

Con este pronunciamiento, se agota la vía penal y Benjumea queda absuelto por segunda vez de toda responsabilidad penal en el colapso de Abengoa. La primera se remonta a enero de 2018, tres años después de la caída en desgracia de la compañía, cuando la sección cuarta de la sala de lo penal de la Audiencia le absolvió de los delitos de administración desleal y apropiación indebida de los que había sido acusado por la misma plataforma.

Con aquel fallo, ese mismo año, el empresario abrió una causa civil contra HSBC y Banco Santander, las entidades que le obligaron a dimitir como presidente de la multinacional andaluza y a las que responsabiliza de la definitiva caída en desgracia del grupo.

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En octubre de 2015, la Junta de Abengoa aprobó una ampliación de capital de 650 millones de euros. Pero, el día que se iba a firmar la necesaria carta de aseguramiento, los dos bancos impusieron la salida de Felipe Benjumea antes de conceder este aval, imposición que retrasó la inyección de dinero.

El expresidente sostiene que aquello fue determinante en el colapso de Abengoa, acusación que canalizó a través de una demanda que presentaron, hace siete años, sus sociedades Inversión Corporativa (IC), Finarpisa y Ardachon contra los dos bancos, a los que reclamó 1.000 millones de euros.

Sin embargo, el Juzgado de Primera Instancia 43 de Madrid desestimó la demanda, por considerar que había prescrito el plazo para reclamar. El plazo de prescripción de la acción es de 15 años si se trata de una acción de carácter contractual o de un año si es extracontractual.

La jueza entendió que "no existió relación contractual alguna entre los demandantes y los bancos demandados, ni negociación, al objeto de suscribir carta de aseguramiento de la ampliación de capital de Abengoa, por lo que no existe duda alguna sobre la naturaleza extracontractual de la acción ejercitada".

El empresario recurrió el fallo ante la Audiencia Provincial de Madrid, que también desestimó por prescripción, y volvió a recurrir en casación ante el Supremo, que lo admitió a trámite, en noviembre de 2023, y cuyo fallo todavía se espera.

Los abogados de Benjumea, el bufete De Carlos Remón, han aportado ya a la causa tanto el auto del pasado mes de julio del Juzgado Central número 2 de la Audiencia Nacional, como el nuevo de octubre que, por segunda vez, le absuelve de toda responsabilidad.

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Agencias

La estrategia del empresario ahora se dirige a confiar en que el Supremo resuelva primero sobre la prescripción y, si falla en su favor, poner en valor los autos que refrendan la definitiva absolución del empresario de cara al análisis del fondo de la cuestión que, en ese escenario, deberá hacer el alto tribunal en relación con el papel jugado por los bancos.

Lo que intenta el empresario es concatenar dos hechos que ya han sido avalados por fallos judiciales: el de 2018, donde se reconoce que las entidades impidieron la ampliación prevista con su negativa a firmar la carta de aseguramiento, y el nuevo auto de la Audiencia, que rechaza que el colapso de Abengoa se debiera a una gestión fraudulenta o falsedad de cuentas.

La absolución de Benjumea por la vía penal llega justo en la recta final del recurso al Supremo, ya que este tipo de procedimientos suelen dilatarse dos años y, por tanto, se espera un pronunciamiento en breve.

Abengoa anunció su decisión de presentar preconcurso de acreedores el 25 de noviembre de 2015. Entonces era una de las mayores compañías de España, facturaba 7.000 millones, tenía una plantilla de 24.300 personas y su deuda bruta total rozaba los 9.000 millones de euros.