El Gobierno se rodea de asesores para evitar pagar 1.000 millones a Berkeley por la mina de Salamanca

El Gobierno trabaja en su defensa para evitar el pago de 1.000 millones de dólares, 860 millones de euros al cambio actual, por paralizar la mina de uranio en Retortillo (Salamanca). La Abogacía del Estado ha contratado este mes los servicios de un asesor legal, otro financiero y trabaja en la contratación de un traductor para defenderse de la demanda de arbitraje de la australiana Berkeley Energy Limited. Un proceso que se tramita en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), la corte arbitral del Banco Mundial.

El organismo dependiente del Ministerio de Justicia ha requerido los servicios de la consultora estadounidense Quadrant Economics para revisar la parte financiera de esta demanda. Un contrato por el que pagará cerca de un millón de euros por este asesoramiento del que puede disponer durante cuatro años y al que querían acceder otras consultoras como la española BDO Auditores o la británica HKA Global.

En concreto, Quadrant trabaja desde el pasado 21 de octubre en la cuantificación de daños —que el Estado, previsiblemente, negará— y la realización de periciales que sirvan de apoyo de forma integral para la defensa del Estado Español en el proceso arbitral Berkeley Exploration. La Abogacía del Estado también ha contratado los servicios de la Universidad de Zaragoza, que se ha adelantado a la Universidad Carlos III para realizar asistencia especializada en derecho administrativo para apoyar la defensa del Gobierno.

Un contrato que cuesta otros 60.000 euros. La Abogacía del Estado se ha reservado otros 135.000 euros para contratar a lo largo de noviembre un servicio de traducción directa del idioma español al inglés (y del inglés al español) de la documentación jurídica, técnica y complementaria del arbitraje con Berkeley. En total, cerca de dos millones de euros para impedir que esta reclamación de 1.000 millones de euros salga adelante.

Berkeley sube la puja

La empresa australiana ya ha reconocido a sus accionistas que ha invertido cerca de tres millones de dólares en preparar esta demanda contra España. Berkeley presentó en mayo de 2024 la solicitud de arbitraje ante la citada corte arbitral. El tribunal arbitral del CIADI ya ha fijado el calendario y las reglas del procedimiento. El escrito de demanda se presentará a principios de 2026, según explicaba Berkeley en su informe publicado en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Por su parte, Berkeley se ha puesto en manos de Herbert Smith Freehills y LCS Abogados. El tribunal arbitral encargado de administrar el caso está presidido por la chilena Sabina Sacco, elegida por acuerdo entre ambas partes; y por el alemán Klaus Reichert a propuesta de Berkeley y Zachary Douglas, de nacionalidad australiana, como árbitro elegido por España, según consta en los registros del Ciadi, como ya publicó este diario.

El Estado bloqueó el proyecto

Berkeley quiere que el Gobierno le compense por saltarse varias disposiciones del Tratado de la Carta de la Energía (TCE) en el Proyecto Salamanca. Su defensa sostiene que España actuó de forma arbitraria y discriminatoria al bloquear permisos clave del proyecto.

Su batalla se remonta a abril de 2021, el Gobierno español modificó la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, prohibiendo nuevas concesiones de exploración o explotación de minerales radiactivos (como el uranio). Aunque los avances administrativos que había logrado desde 2008 no perdían su vigencia, en noviembre de 2021, el Ministerio para la Transición Ecológica rechazó la autorización como instalación radiactiva (NSC II) del Proyecto Salamanca, basándose en un informe negativo del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN).

Un informe de Transición Ecológica señala que Berkeley ha denunciado en varias ocasiones que considera técnicamente injustificado y legalmente irregular el parón del proyecto. En 2023, la empresa australiana presentó un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional contra la decisión del Gobierno. Este recurso no prosperó y finalmente la energética optó por abrir un arbitraje internacional en la corte del Banco Mundial, donde España ya ha sufrido multitud de derrotas en el pasado por su violación del Tratado de la Carta de la Energía.