España afronta el embargo de bienes en el extranjero: los fondos vienen a cobrar sus laudos

Los ‘enemigos’ del Reino de España en los arbitrajes por la retirada de las primas a las renovables han empezado con fuerza el curso. Desde el arranque de septiembre, los dueños de los derechos de ejecución de estos laudos, donde destaca principalmente el fondo Blasket Renewable, han aumentado su actividad en los tribunales internacionales para cobrar indemnizaciones por valor de 1.600 millones. Y, si España sigue sin pagar, su estrategia es embargar activos del país. Una amenaza que cada vez es más real.

“Lo que estamos viendo es un juego del gato y el ratón a escala global, en que los fondos buscan activos que no estén protegidos por la inmunidad soberana”, explica Luis Fernando Rodríguez, socio director de la firma de arbitraje Wonders & Co. “Aquí la clave radica en la fina línea que separa los bienes de un Estado que son ‘intocables’ –como embajadas, consulados y cualquier activo que se utiliza para funciones soberanas y públicas– de aquellos bienes que tienen naturaleza comercial y sí son embargables –por ejemplo, los activos de empresas públicas que operan en el mercado como cualquier otra compañía”, afirma el abogado.

Estos fondos buscan el embargo de bienes y activos soberanos de naturaleza comercial, para propiciar un acuerdo o lograr una compensación efectiva por dicha vía. Como explican algunos asesores de estas empresas a El Confidencial, lo que ha marcado un antes y un después de esta estrategia es que el Gobierno de España decidiese pagar en julio un laudo dictado en 2021 a favor de la compañía japonesa JGC Holdings Corporation, que ahora pertenece a Blasket Renewable Investments.

Se trata del primer pago en cumplimiento de las indemnizaciones fijadas en los laudos arbitrales derivados del recorte retroactivo a las primas renovables practicado por sucesivos gobiernos entre 2010 y 2014. Blasket, que es el fondo que ha comprado con descuento una decena de laudos contra España para llegar hasta el final y ejecutarlos, compró este procedimiento en el que el tribunal del Banco Mundial, el CIADI, ordena a España pagar 23,5 millones de euros que, sumados a los intereses, alcanzan los 32 millones.

TE PUEDE INTERESAR

Un tribunal de Israel rechaza ejecutar un laudo renovable de 49 millones contra España

Alberto Sanz Álvaro Zarzalejos

El hecho de que España haya dado este paso anima a los fondos a presionar para llegar hasta el final. “La probabilidad de que los embargos se materialicen es alta”, explica el abogado. “El reciente pago del laudo por parte de España al inversor japonés JGC Corporation se produjo para evitar un embargo inminente en Estados Unidos. Esto demuestra que la amenaza es real”, puntualiza.

Este pago voluntario es considerado un hito importante y podría anticipar un cambio de actitud de España frente a sus numerosos laudos pendientes. “Observadores y partes interesadas vieron en esta decisión una posible señal positiva que sugeriría que España está tal vez dispuesta a reconsiderar su negativa absoluta a pagar los laudos, al menos en contextos donde no aplique la objeción de derecho de la UE”, asegura en su último informe el experto en inversiones internacionales y arbitrajes, Nikos Lavranos, uno de los grandes referentes en esta batalla para los afectados. “Hablamos, pues, de un posible avance en la buena dirección”, celebra Lavranos.

El Gobierno mantiene su estrategia

España tiene 22 laudos pendientes de pago, todos ellos derivados de reclamaciones de inversores bajo tratados internacionales. La mayoría de estos laudos corresponden a arbitrajes iniciados a lo largo de la última década en el marco del Tratado de la Carta de la Energía (TCE). Una carta que los inversores extranjeros que consideran que se ha vulnerado en España después de inyectar capital en las renovables por el atractivo sistema de incentivos que el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero ofrecía desde 2007.

Estos inversores sufrieron años después el recorte a estas primas que aplicó el gobierno de Mariano Rajoy. Desde 2010, España ha venido acumulando un reguero de denuncias. Sin embargo, el actual gobierno que lidera Pedro Sánchez se ha negado sistemáticamente a pagar estos laudos, aduciendo, principalmente, que la Comisión Europea le ha ordenado no abonar ninguna indemnización porque se consideraría una ayuda de Estado, algo prohibido en el derecho comunitario.

TE PUEDE INTERESAR

Holanda abre un filón a España para frenar las ejecuciones por las condenas renovables

Álvaro Zarzalejos

“La Abogacía del Estado se encuentra atrapada entre la espada del derecho internacional y la pared del derecho europeo. Ante esta disyuntiva, existen básicamente dos estrategias”, detalla el socio director de Wonders & Co. “Su argumento es que España no puede pagar porque Bruselas se lo prohíbe. Es un argumento de obediencia debida a la Comisión como autoridad supranacional. El talón de Aquiles de esta estrategia es que los estados que no son miembros de la UE tienden a priorizar sus propios deberes internacionales –que les obligan a ejecutar los laudos–, pasando por encima de las obligaciones que la UE imponga a sus Estados miembros”, detalla.

El gobierno considera que su estrategia es acertada. Sus datos apuntan a que el país ya ha conseguido reducir en un 85% el importe demandado por los inversores internacionales, 10.635 millones, y sigue defendiendo los intereses nacionales en los tribunales. Pero los expertos afirman que su posición traerá más ‘sustos’. “Todo apunta a que en los próximos tiempos veremos más embargos o –lo que quizás resulta más probable– más pagos de última hora por parte de España”, concluye Luis Fernando Rodríguez.