El Supremo da esperanza a Ryanair en su guerra contra Aena por las tasas aeroportuarias de 2022

El Tribunal Supremo da alas a Ryanair en el conflicto que mantiene con Aena por las tasas aeroportuarias de 2022, que incluyeron los costes derivados de la crisis del coronavirus. La aerolínea entendió que esa decisión era contraria a la ley y acudió a la Justicia. En un primer momento, recibió el rechazo de la Audiencia Nacional, pero ahora ha conseguido que el alto tribunal admita a trámite sus dos recursos. No es que haya resuelto el asunto de fondo, pero al menos acepta examinar el caso.

En sus demandas, Ryanair alegaba que no se debían haber repercutido los costes del covid en las tasas que pagaron a Aena en 2022, ya que estaban preestablecidas en el Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA) y, por lo tanto, no se podían modificar. De haberse seguido el planteamiento de la low cost irlandesa, en vez de una rebaja tarifaria del 3,17%, las aerolíneas habrían tenido que pagar a Aena un 10,99% menos.

En relación con esta controversia, el Tribunal Supremo considera que «el interrogante jurídico que se suscita no carece manifiestamente de interés casacional objetivo», según dos sentencias con argumentación idéntica, una fechada el 1 de octubre y la otra siete días después. Es decir, entiende que el proceso debe continuar adelante porque servirá para fijar una interpretación general del derecho.

Quita así la razón a la Audiencia Nacional, que a finales de marzo desestimó los dos recursos de Ryanair al entender que «la ley no establece cuándo recuperar los costes». En sendos fallos, alegó entonces que la decisión de Aena fue acorde al DORA, que "pretende introducir cierta flexibilidad" para que el cargo en las tarifas de este tipo de costes extraordinarios "se produzca de la forma y en el momento en que genere un menor efecto distorsionador".

En sus demandas, Ryanair alegaba que no debían haberse repercutido los costes del covid en las tasas que pagaron a Aena en 2022

Ryanair no quedó satisfecho y elevó la cuestión al Supremo, que ahora será el encargado de dirimir si la Directiva comunitaria 2009/12/CE y la norma nacional que la transpone —Ley 18/2014, de 15 de octubre— avalan la actuación del gestor aeroportuario. Es decir, si permiten fijar por ley cambios sobrevenidos a un DORA ya aprobado, introduciendo costes adicionales mediante la actualización de las tarifas que pagan las compañías aéreas.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ya se pronunció sobre esta cuestión en febrero de 2022, cuando ratificó las tarifas aeroportuarias que aplicaban a ese ejercicio. Consideró, concretamente, que sí se debía «incorporar la totalidad de los costes del covid-19», una decisión que Ryanair recurrió primero por vía administrativa, para llevar después al organismo regulador frente a los tribunales.

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Además de ir contra la CNMC, la aerolínea presentó otro recurso contra el Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC), que es el último organismo encargado de vigilar las tasas aeroportuarias, consideradas precios públicos regulados, y que desestimó la reclamación administrativa de Ryanair. En ambos casos aparece como codemandada Aena, empresa participada en un 51% por el Estado.

Un conflicto sectorial

La aerolínea irlandesa no es la única que se ha posicionado en contra. También lo hicieron la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) y la organización AIRE, además de compañías como IAG —dueño de Iberia y British Airways—, Air France, KLM, Condor y Lufthansa. Todos ellos rechazaron la recuperación en las tarifas de 2022 de los costes el covid desde enero a septiembre de 2021, defendiendo que debía limitarse únicamente a los incurridos en 2020.

Este conflicto entre Ryanair y Aena se ha prolongado en el tiempo hasta convertirse en una guerra total. La última batalla está relacionada con las tasas que empezarán a aplicarse en marzo de 2026 y para las que el gestor aeroportuario ha calculado una subida del 6,5%. La low cost entiende que este repunte hace que su modelo de negocio no sea factible en los pequeños aeropuertos, optando por renunciar a más de 3 millones de plazas desde que comenzó 2025, cumpliendo sus amenazas previas.

El resto de aerolíneas tampoco son ajenas a la polémica, aunque su modo de proceder es más políticamente correcto. Sus quejas se centran ahora en el futuro DORA III (2027-2031), con el que Aena contempla ejecutar unas inversiones de casi 13.000 millones de euros, montante que en su amplia mayoría se financiará con una subida de las tasas aeroportuarias durante esos cinco años.