Algo nuevo, algo viejo, algo prestado: Indra comienza su asalto terrestre para desbancar a GDELS

El Consejo de Ministros dio luz verde esta semana a una histórica financiación para la industria militar española, poniendo a su disposición unos 6.900 millones de euros a interés cero. El objetivo es acelerar una decena de programas nacionales de armamento y equipos para las Fuerzas Armadas y, en el proceso, consolidar a Indra como el gran campeón de la defensa nacional. No va a ser tarea fácil, coinciden los expertos del sector.

Para hacer realidad ese plan, la cotizada debe asumir la gestión —con la ayuda de EM&M Escribano Mechanical & Engineering— de los multimillonarios proyectos del Ejército de Tierra para los que el referente fue durante años GDELS/Santa Bárbara Sistemas, filial española de la estadounidense General Dynamics. En paralelo, la compañía semipública tiene la tarea de ofrecer alternativas para reemplazar el sensible material militar israelí. Un asalto en toda regla que podría venir acompañado, avisan fuentes de la industria, por disputas legales y retrasos en algunos programas.

Los préstamos forman parte del Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa con el que el Gobierno de Pedro Sánchez espera llegar al objetivo de invertir el 2% del PIB en defensa en 2025 (unos 10.471 millones de euros adicionales al presupuesto). Aunque los créditos llegarán a más de 300 empresas en todo el país y crearán 23.000 puestos de trabajo directos, Indra concentra el grueso de los programas —de forma directa e indirecta— con más de 6.500 millones.

Los dos grandes contratos del decreto van a la asociación de Indra con EM&E, compañías que están negociando su fusión y cuyos presidentes, Ángel y Javier Escribano, son hermanos. El primero es para la artillería autopropulsada ATP sobre ruedas, valorado en 1.180 millones, y el segundo es para la ATP sobre cadenas, por 1.821 millones. El tercer contrato conjunto es para desarrollar un vehículo de asalto anfibio sobre ruedas 8x8 por 150 millones. En total, más de 3.000 millones que sellan una alianza que está camino de transformar el ecosistema de la industria de defensa española.

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Los créditos también tienen como objetivo acelerar la "desconexión militar israelí" tras el embargo de armas. Indra, cuyos principales accionistas son la Sepi, la familia Escribano y el inversor y presidente de Prisa, Joseph Oughourlian, se hará cargo del programa para el Sistema Conjunto Radio Táctica (SCRT) por 768 millones de euros, que impulsaban Telefónica, la israelí Elbit y la madrileña Aicox. Según documentos internos, Moncloa aprobó ayer una primera asignación de 450 millones para este año a Indra, cantidad que se le ha adjudicado a la compañía española en alianza con la finlandesa Bittium.

Otros proyectos clave ahora bajo la supervisión de Ángel Escribano y su consejero delegado, José Vicente de los Mozos, son el Sistema Centro de Operaciones de Artillería, que unificará los 19 sistemas que utiliza el Ejército de Tierra (820 millones), el proyecto de Conectividad Multidisciplinar (MC3) del Ejército (380 millones), el Sistema Integral de Ciberseguridad Avanzada (100 millones) o el Sistema de Combate Terrestre (20 millones).

"Esto le abre muchos frentes a Indra en tierra, las dos ATP ruedas y cadenas. Las cadenas parecían seguras tras los acuerdos de Indra con (la alemana) Rheinmetall y de EM&E con (la coreana) Hanwha. Pero las ruedas es sorpresa. Veremos en el BOE el alcance y modelos. También hay cosas sin sentido, como darle a Indra la defensa de punto naval o el sustituto del AAV (vehículo de asalto anfibio) para la Infantería de Marina con EM&E. La radio SCRT (radios tácticas) podría entenderse, pero el vehículo lanzapuentes, ¿en serio?", comentada un observador de la industria.

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En El Confidencial publicó la semana pasada un análisis comparando el modelo surcoreano K9 Thunder (de Hanwha) y el alemán PzH 2000 (de Rehinmetall) son de las ATP de 155 mm sobre cadenas que más suenan en los círculos de defensa como nuevo apoyo para las brigadas acorazadas.

Para la artillería sobre ruedas, los expertos del sector ven "muchas opciones". El Ejército quería una solución de artillería montada sobre un camión (como el Iveco o los Volvo) y la duda es qué montar encima de entre los modelos disponibles, como el módulo de cañón de artillería RCH 155 AGM de KNDS Deutschland, el sistema noruego Archer FH77BW L52 o incluso la versión para ruedas del coreano K9. "En cualquier caso, no se quiere una compra directa del catálogo, sino un proyecto con retorno industrial", coinciden los observadores.

Algo nuevo, algo viejo y algo prestado

Indra asumirá esta nueva responsabilidad en el dominio terrestre mediante dos instrumentos. Por un lado, el consorcio TESS Defence, del que es accionista mayoritaria con EM&E, Sapa Placencia y la propia Santa Bárbara/GDELS. Esta compañía recibirá casi 800 millones para desarrollar el vehículo de apoyo a cadenas (VAC), para acometer el urgente reemplazo de los veteranos TOA (M113). No está claro todavía el alcance de este desarrollo, y su lugar de ensamblaje, cuyo proyecto programa aprobado en abril de 2023 estaba valorado en casi 2.000 millones de euros.

"Los 800 millones al VAC descolocan. Había rumores de que las series cortas de cada modelo habían encarecido todo el programa. No sé cómo encaja esto con los 1.900 millones (originales). Igual el VAC sigue siendo TESS, con Indra mandando, pero producto GDELS", agrega el especialista.

Fuentes conocedoras del proyecto comentan que el incremento del presupuesto podría indicar que se van a desarrollar más versiones del VAC, incluyendo una con sistemas antidron con un cañón para la neutralización cinética o hardkill de vehículos no tripulados. También avisan que Indra podría revisar si se va a seguir con la plataforma Ascod de GDELS o se busca una alternativa (lo que podría generar más tensiones en el consorcio).

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La otra pata del proyecto es Indra Land Vehicles, la división recién creada para convertirse en diseñador y fabricante de plataformas terrestres. Esta se encargará, por ahora en solitario, del vehículo lanzapuentes sobre ruedas (190 millones) y del sistema lanzador embarcado (42 millones) (estudio preliminar un sistema modular para los BAM y fragatas).

También espera llevar parte de estos trabajos a El Tallerón, la nueva fábrica de 75.000 m2 que Indra le compró a Duro Felguera en las afueras de Gijón (por unos dos millones de euros, según fuentes del sector). La compañía está acondicionando las instalaciones existentes de calderería pesada para poder ensamblar y modificar vehículos de combate, blindados de ruedas y cadenas, y otros sistemas terrestres.

Los expertos coinciden en el riesgo de embarcarse en proyectos industriales en los que la compañía (hasta ahora volcada en la parte de sistemas y tecnología) no tiene experiencia. Por eso coinciden en que harán valer los acuerdos firmados con socios internacionales para impulsar el producto mientras construye y consolida su capacidad de producción nacional.

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"Lo que más ha llamado la atención en el sector es la concesión de contratos a Indra en campos en los que no tiene experiencia. Como la artillería ATP, los blindados anfibios o los lanzapuentes. Es de suponer que tendrán algo con empresas extranjeras. La fábrica de El Tallerón no estará hasta el año que viene, así que puede que las primeras unidades vengan de fuera", sopesa otro conocedor de las licitaciones de defensa.

Convidados de piedra

Pendientes de los detalles que aporte estos días el BOE, todavía quedan varias incógnitas por despejar que podrían afectar al desarrollo y futuro de algunos de estos programas. Primero, los grandes ausentes a esta exhibición de músculo financiero.

El primer convidado de piedra es el polémico Dragón 8x8, el vehículo de combate sobre ruedas que se le ha atragantado a TESS Defence y que podría acabar con multas por las demoras y sobrecostes. El futuro del programa pende de un hilo. Aunque el programa habría consumido más de 1.200 millones y suma cinco años de retrasos, fuentes militares y de la industria creen que Defensa quiere evitar su cancelación total por el "ridículo" que supondría para todos los implicados.

Sin embargo, se sabe que nunca pasará la primera fase (348 unidades) y que ésta podría ser incluso recortada a poco más de un centenar de ejemplares (cuyas barcazas están listas, pero siguen acarreando problemas de transmisión por el peso excesivo del vehículo). Por el momento, el Ejército se niega a validar los modelos de prueba entregados.

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El otro gran ausente fue el SILAM (sistema lanzacohetes de alta movilidad), uno de los programas prioritarios del Ejército de Tierra. Este proyecto fue adjudicado en 2023 a EM&E, aliada con Expal-Rheinmetall Munitions, con un sistema lanzador Puls de licencia israelí Elbit y la plataforma tentativa de la italiana Iveco. Ahora, con el embargo, hay que repensar un proyecto (de unos 700 millones) que ya estaba bastante avanzado.

"Es posible que ya se hubieran conseguido las licencias para hacer los lanzadores a Elbit, ya que se ha pagado y el contrato está en vigor, según algunos medios israelíes. Queda por ver si Rheinmetall-Expal ha conseguido la licencia para los cohetes o si estos podrían venir de la mano de su alianza con Lockheed. Pero la cosa en ese asunto está muy oscura", aventura uno de los expertos.

Fuentes del sector advierten que tanto GDELS/Santa Bárbara como las empresas israelíes afectadas podrían emprender acciones legales. A Santa Bárbara en solitario solo le han asignado, por el momento, la modernización de los vehículos de combate Pizarro (176 millones). La compañía se negó a vender sus instalaciones industriales a Indra y, desde entonces, el choque entre ambas multinacionales va in crescendo.

"Con los israelíes se negociará bajo cuerda y se llegará a un compromiso. Pero con GDELS está más complicado. Todavía cree que pueden llegar a un acuerdo con Indra antes de reclamar judicialmente. Veremos si el Gobierno responde, porque la amenaza de litigar podría retrasar varios programas", comenta una de las fuentes.

La gallega Urovesa se encargará del Vehículo de Exploración y Reconocimiento, especializado en observación, control y vigilancia en primera línea, por 132 millones y Aertec se encargará del programa de Tecnologías Aéreas Robóticas de Movilidad Autónoma Sensorizadas, es decir, drones ligeros para labores de inteligencia, reconocimiento y adquisición de blancos (ISTAR, por sus siglas en inglés). La asociación entre Cipherbit (Grupo Oesía) y Epicom (UTE) se encargará del Cripto Multipropósito y Multidominio (67 millones)..