El relevo de Cani Fernández en la CNMC abre otro choque político (con Bacigalupo en el radar)

La presidencia de la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC) tiene que renovarse en "el peor momento posible", según describen voces cercanas al organismo. El mandato de Cani Fernández vence el próximo 16 de junio de 2026 y su sucesor tomará las riendas del organismo independiente durante los próximos seis años, por lo que coincidirá con un cambio de legislatura. Un movimiento muy relevante para los grandes sectores regulados, donde las quinielas ya empiezan a especular con candidatos. Entre ellos sobresale uno: Mariano Bacigalupo.

El actual consejero de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) es un ‘histórico’ de la CNMC y la extinta Comisión Nacional de la Energía (CNE). Algunas fuentes internas del regulador destacan a El Confidencial que Bacigalupo es “uno de los mayores expertos del país en Derecho Administrativo y Regulación”. Su nombre ya sonó para ocupar el puesto que, finalmente, ocupó Cani Fernández y como gran candidato para presidir la CNE si el Gobierno lograba recuperarla, algo que no se espera que suceda.

Un candidato que cumple a priori el requisito técnico de idoneidad, pero que tiene un flanco abierto por el frente del conflicto de intereses y de la no politización de un organismo que debe funcionar de forma independiente del Gobierno. Como es conocido, Mariano Bacigalupo es marido de Teresa Ribera, exministra para la Transición Ecológica y actual comisaria europea de Competencia. Además, milita en el PSOE y se le atribuye mucha cercanía con el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

La salida de Ribera a Bruselas puede jugar a favor del consejero de la CNMV, que tiene mandato vigente en el regulador de los mercados hasta 2028. Su llegada a la CNMC generaría un nuevo frente político con el Partido Popular, pero se considera como "el mejor candidato que tiene Moncloa" para suceder a Cani Fernández, que aterrizó en 2020 en el regulador de la mano de Iván Redondo.

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¿Perfil moderado?

Las fuentes consultadas consideran que “la CNMC ha dado la cara frente al Ejecutivo en algunas ocasiones”. Según los expertos consultados, el informe y remedies sobre la OPA de BBVA-Sabadell de Competencia es un ejemplo de la independencia con la que se ha movido el equipo de Cani Fernández. “En parte, Carlos Cuerpo tuvo que inventarse una consulta sin mucho precedente para justificar una injerencia en el proceso que la CNMC no estaba dispuesta a asumir”.

Tampoco se descarta que el propio PNV o Junts traten de impulsar un candidato outsider procedente de las autoridades autonómicas, como la Autoridad Vasca de la Competencia o la Autoritat Catalana de la Competència (ACCO) respectivamente. Otras fuentes, sin embargo, apuntan a que sería que el relevo saliera de dentro de la propia CNMC. En ese marco “de cantera”, apuntan varias fuentes consultadas, el actual vicepresidente del Consejo, Ángel García Castillejo, estaría bien valorado como figura de continuidad. Además, encaja en el marco de la prioridad regulatoria pues preside la Sala de Supervisión Regulatoria de la CNMC.

Tampoco se descarta que el PSC vuelva a tomar relevancia en este proceso. Fuentes conocedoras señalan que personas como Maurici Lucena, presidente de Aena, o Antonio Llardén, presidente de Enagás, son figuras habituales para los socialistas catalanes para este tipo de cargos. Unos nombres que, al igual que Bacigalupo, podrían incurrir en el debate de conflicto de intereses por sus cargos actuales. También se ponen en las quinielas otra habitual como Natalia Fabra, una persona muy cercana al Gobierno que ha sido seleccionada para el consejo de Enagás y Red Eléctrica.

Un proceso complejo

La renovación no será sencilla. El 16 de junio expiran también los mandatos de otros tres consejeros —Josep María Salas i Prat, Carlos Aguilar Paredes y Pilar Sánchez Núñez—, lo que obligará a una remodelación casi completa del Consejo. Como explican fuentes de la CNMC, en junio termina el mandato de estos tres consejeros y la presidenta, pero no cesan hasta que el Consejo de Ministros tome la decisión.

La ley fija un mandato único de seis años sin posibilidad de reelección, por lo que ni el presidente ni los consejeros pueden ser prorrogados formalmente en el cargo. No obstante, el marco legal permite que sigan en funciones hasta que se designen sus sustitutos, una situación de interinidad que se ha repetido en otros organismos independientes cuando el relevo se retrasa.

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El procedimiento de nombramiento exige que el Gobierno proponga a los candidatos mediante acuerdo en Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Economía —del que orgánicamente depende la CNMC—, y que éstos comparezcan ante la Comisión de Economía del Congreso. No se requiere una mayoría reforzada para su ratificación, pero el Ejecutivo debe asegurarse de contar con apoyos suficientes para evitar un eventual veto político durante la tramitación.

Esa fase parlamentaria, unida al equilibrio interno que suele buscarse entre perfiles técnicos y afinidades partidistas, convierte cada renovación en un proceso sensible, especialmente cuando afecta a varios miembros de un órgano cuya independencia y estabilidad son clave para supervisar sectores estratégicos como la energía, las telecomunicaciones o la competencia.

Más regulación

El perfil del futuro presidente apunta más hacia el mundo regulatorio que hacia la competencia pura. Varios sectores —energía, transporte, telecomunicaciones o servicios postales— atraviesan una etapa de cambios estructurales en la que el conocimiento técnico y la capacidad de diálogo con Bruselas resultan determinantes.

El papel del organismo se verá reforzado por la nueva gobernanza digital europea, que convertirá a la CNMC en coordinador nacional bajo la Digital Services Act y la Media Freedom Act, con potestades de supervisión, sanción y cooperación directa con la Comisión Europea. Una función que exige más medios y una dirección con experiencia regulatoria sólida, justo el perfil que encajaría con Bacigalupo.

El debate coincide también con el impulso comunitario para simplificar el control de concentraciones y armonizar las normas de competencia, tal y como propone el Informe Draghi, que aboga por una Unión más ágil en la aprobación de operaciones empresariales y en la adaptación a los nuevos mercados digitales. Este proceso, que afectará de lleno a los supervisores nacionales, sitúa a la CNMC ante un cambio de ciclo: menos litigio y más capacidad de arbitraje regulatorio en sectores estratégicos. Unos factores que también se tendrán en cuenta en la carrera de sucesión de Cani Fernández que se avecina.