La batalla de la industria europea para que la UE no la obligue a salvar el mundo

La palabra "simplificación" es un campo de batalla permanente en Bruselas. Qué significa y hasta dónde llega. Ahora la pelea se concentra en la revisión de la Directiva sobre Diligencia Debida en Materia de Sostenibilidad Corporativa (CS3D), aprobada en octubre de 2024, que busca obligar a las grandes empresas que operan en la UE a identificar y mitigar los riesgos ambientales y de derechos humanos a lo largo de toda su cadena de valor, incluso fuera del territorio europeo. Una parte de la industria europea quiere directamente su eliminación durante el proceso de negociación de un paquete conocido como “Omnibus I” que busca simplificar una serie de regulaciones relacionadas con el Pacto Verde. Explican que les resta competitividad frente a los rivales chinos o estadounidenses.

En Bruselas descartan la derogación completa de la directiva, a pesar de que tanto Emmanuel Macron, presidente francés, como Friedrich Merz, canciller alemán, así lo han pedido, pero diversas fuentes cercanas a la negociación apuntan que el objetivo de la industria, de los Estados miembros y de una buena parte de los eurodiputados es, manteniendo la regulación, descafeinar todo lo posible las obligaciones que establece el texto. En el pasado, la presión de ciertos países ya permitió que las instituciones financieras quedaran fuera del alcance de la CSDDD, que estuvo a punto de no salir adelante por las divisiones que existían en 2024 dentro del Gobierno alemán.

Siempre ha sido una norma controvertida, que ha generado una enorme división dentro del Consejo, y sobre la que se habló de reformarla casi antes de que fuera aprobada. “Hemos ido un poco lejos en nuestro desarrollo regulatorio”, explica Luis Atienza, exministro de Agricultura y presidente ejecutivo de Argo Capital Partners. “Por un lado, impones una carga de cumplimiento muy importante para las empresas comunitarias y, por el otro, haces que los países de la UE sean menos atractivos para las inversiones de terceros”, añade.

En el ámbito climático, la directiva introduce la obligación de elaborar y ejecutar planes de transición ecológica alineados con el objetivo de neutralidad climática de la UE para 2050. Estos planes deberán incluir metas intermedias de reducción de emisiones que abarquen tanto las operaciones propias como la energía adquirida y toda la cadena de valor. Esto es, la norma influye no solo en lo que cada empresa hace directamente, sino también en lo que hacen sus proveedores.

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Además, el texto amplía la rendición de cuentas medioambientales de las empresas más allá de sus sectores y fronteras directas y establece normas para la protección de los derechos humanos o la lucha contra el trabajo forzado. En caso de no cumplir con las reglas, la directiva actual contempla multas de hasta el 5% de la facturación global.

Aunque la industria respalda el espíritu de la Directiva, crece la preocupación por su complejidad y su impacto sobre la competitividad europea. Grandes multinacionales advierten de la dificultad de cumplimiento real y del efecto disuasorio que podría tener sobre la inversión. “La competitividad no puede ser algo que va al margen de la agenda climática", denuncia César Sánchez, diputado y portavoz de Cambio Climático del Partido Popular. "Esta directiva tiene que mejorar la gobernanza y las industrias, pero en ningún caso para convertirse en un lastre. Europa tiene el reto de ofrecer certidumbre a su economía y crear empleo en la región, hay que atraer talento e inversiones mientras se continúa con la agenda verde”, puntualiza.

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Según un informe de la presidencia danesa del Consejo, los costes anuales estimados ascienden a 2.370 millones de euros, a los que se suman 1.130 millones de costes iniciales. También se prevé un impacto indirecto sobre las PYMEs integradas en las cadenas de suministro. Una parte de la industria, sin embargo, está a favor de la norma. En un comunicado firmado a principios de 2025 por inversores como AXA Investment Managers o el Institutional Investors Group on Climate Change, que controlan activos por valor de 6,6 billones de euros, las compañías avisan de que "la reapertura de estos reglamentos en su totalidad genera el riesgo de crear incertidumbre regulatoria y, en última instancia, podría poner en peligro el objetivo de la Comisión de reorientar el capital en apoyo del Green Deal europeo".

A las batallas internas respecto al CSDDD hay que sumar la presión externa. El acuerdo que Donald Trump, presidente de EE. UU., y Ursula von der Leyen, presidenta del Ejecutivo comunitario, cerraron a finales de julio, incluía, según el comunicado conjunto que se conoció a finales de agosto, abordar las preocupaciones americanas respecto a la directiva. Y las preocupaciones americanas son todas. EEU. no quiere que se aplique a empresas estadounidenses, y así lo está trasladando a la Comisión Europea, que se comprometió a reducir la carga administrativa de la CSDDD porque, de hecho, ya estaba en ello al haber propuesto su relajación.

​Hora de negociar

En este contexto, el Consejo de la UE ha adoptado una posición más favorable a simplificar los requisitos de reporte y de diligencia debida, con el objetivo de preservar la competitividad industrial del bloque. En el plano político, el proceso se reactiva este mes con una votación clave en la Comisión de Asuntos Jurídicos (JURI) del Parlamento Europeo el próximo lunes 13 de octubre. Si se aprueba, el texto pasará al pleno del 20 al 23 de octubre, dentro del paquete “Omnibus I”, que busca cerrar varios expedientes antes de fin de año. Los trílogos interinstitucionales, es decir, la negociación entre el Consejo, el Parlamento y la Comisión del que sale el texto final que se convierte en ley, comenzarán previsiblemente en noviembre, y los Estados miembros tendrían hasta el 26 de julio de 2028 para transponer la Directiva.

En todo caso la mayoría en la Eurocámara es frágil e inestable. Tradicionalmente, el Partido Popular Europeo (PPE), la principal familia en el hemiciclo, ha trabajado con la conocida como “plataforma”, es decir, la coalición que sostiene a Ursula von der Leyen como presidenta de la Comisión Europea, formada además de por los democristianos por los socialdemócratas (S&D), los liberales de Renew Europe y, aunque los populares no los reconozcan como miembros de esta coalición, los ecologistas de Los Verdes.

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Sin embargo, para este tipo de dosieres el PPE tiende a escorarse a su derecha, hacia la conocida como “mayoría alternativa” que forman los democristianos con la bancada ultraconservadora de los Conservadores y Reformistas (ECR) y los partidos de extrema derecha, los Patriotas por Europa (PfE) y los Soberanistas (ESN). Para sumar los votos suficientes, la bancada conservadora necesita un alto nivel de unidad y estar dispuesto a pagar un peaje caro por parte de sus socios tradicionales.

En la última semana, los socialdemócratas han decidido hacer cesiones en este dosier ante los negociadores del PPE con el objetivo de que los democristianos no intenten pactar el texto con la extrema derecha. Fuentes socialistas ya se han mostrado frustradas en el pasado por lo que consideran que es una práctica negociadora desleal por parte de los populares, obligándoles a hacer cesiones dolorosas a cambio de no pactar textos con PfE, ECR y ESN que irían mucho más allá. La bancada S&D vive desde las elecciones europeas de 2024 en un constante equilibrio por encontrar el “mal menor”. Y eso ha hecho que la negociadora socialista, que ya fue ponente de esta regulación en el pasado, la neerlandesa Lara Wolters, haya decidido dejar ese rol.

5.000 empleados y 1.500M de ingresos

El texto de compromiso se votará en comisión el próximo 13 de octubre, en un paso clave para el inicio de las negociaciones entre instituciones. De aprobarse, la posición de la Eurocámara será que la CSDDD se aplique a empresas con 5.000 empleados o más y una facturación mínima de 1.500 millones de euros, un aumento muy significativo respecto a los umbrales actuales: más de 1.000 empleados y una facturación superior a los 450 millones de euros.

Además, en el Consejo las aguas también están revueltas. Países Bajos se enfrenta ahora a unas elecciones legislativas con un resultado incierto, y en República Checa se espera que se forme un Gobierno con Andrej Babis a la cabeza, un multimillonario cuyo partido se sitúa en la bancada de PfE y que ha atacado la agenda verde europea durante toda la campaña electoral. En todo caso, Praga ya se encontraba en el campo de los que pedían importantes recortes en la ambición climática de la UE. A eso se suma que el Gobierno alemán, con el canciller Friedrich Merz a la cabeza, quiere meter tijera más a fondo.

Como resume un contacto cercano al proceso, “la combinación de factores nacionales y divisiones internas es una receta para el desastre” a la hora de garantizar una posición estable sobre la CS3D dentro del paquete Omnibus.