Extremadura bajará los impuestos a Iberdrola y Endesa para extender la vida de Almaraz

La Junta de Extremadura da un paso clave para evitar que en 2027 se cierre el primer reactor de la central nuclear de Almaraz. Su presidenta, María Guardiola, se ha comprometido con sus dueños, Iberdrola y Endesa, a reducir la tasa autonómica que paga la instalación para incentivar a que se solicite su extensión. Ahora pasa la pelota a Moncloa para que ponga de su parte.

“Vamos a reducir los tipos de gravamen del impuesto sobre instalaciones que inciden en el medio ambiente y lo vamos a hacer con el objetivo de facilitar que Almaraz pueda seguir funcionando”, ha señalado Guardiola este viernes en el Foro Nuclear organizado por OKdiario. “Reclamo al Gobierno central que deje de una vez por todas el sectarismo a un lado y que alivie ese insoportable carga fiscal sobre la energía nuclear porque, si nosotros damos el paso, Moncloa no puede seguir mirando hacia otro lado”, ha añadido.

La presidenta de Extremadura ha detallado su propuesta desde Madrid y ante una audiencia llena de representantes del sector energético, con gran presencia de Iberdrola y Endesa. Su plan es una reducción progresiva en el gravamen para las propietarias de la central, que tendrá un impacto estimado de 15,5 millones en 2027, 27 millones de euros en el 2028 y superará los 45 millones de euros la rebaja en 2029.

Un paso que puede ser relevante en el paso hacia delante de Endesa y, sobre todo, Iberdrola para pedir una ampliación de la central. La tasa autonómica que Extremadura cobra a la Central Nuclear de Almaraz es en realidad un impuesto autonómico que grava las instalaciones que inciden en el medio ambiente, conocido comúnmente como "ecotasa" o "impuesto sobre instalaciones que inciden en el medio ambiente".

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Ahora mismo, la central de Almaraz paga por esta tasa autonómica cerca de 90 millones al año, que representa el 16% de los cerca de 450 millones que paga en impuestos esta infraestructura energética. El mayor componente de la carga fiscal que paga Almaraz proviene de impuestos y tasas de ámbito estatal, principalmente la Tasa ENRESA, que financia la gestión de residuos radiactivos y el desmantelamiento.

Iberdrola y Endesa quieren más bajadas

Los dueños de Almaraz quieren que se extienda la vida útil de la central, pero revisando sus condiciones. Para enviar una solicitud formal de una ampliación de la vida útil, que inicialmente barajan sea solo hasta 2030, Iberdrola y Endesa exigen una bajada contundente de los impuestos y tasas, tanto a nivel estatal como autonómico, para garantizar la viabilidad económica de la operación.

Sus cálculos es que la actual carga de impuestos y tasas es entre 25 y 28 euros megavatio hora. Algo que hace inviable la continuidad, ya que actualmente se registran unos precios en el mercado que no superan los 30 euros. Su principal exigencia es una bajada de la Tasa Enresa, porque es el impuesto más gravoso, destinado a financiar la gestión de residuos y el desmantelamiento.

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Su teoría es que, al alargar la vida operativa de la central permitiría dividir el coste total entre más años de producción, lo que automáticamente reduciría la tasa por unidad de energía producida. La retirada de la tasa autonómica es un primer paso para su objetivo.

Un punto que también ha querido señalar María Guardiola. En el debate sobre si las centrales de Cataluña tienen que seguir y el resto no, la presidente de Extremadura pide que las desigualdades territoriales no afecten a un debate técnico en el que ella defiende que todas las centrales nucleares en España deben prolongar su vida. De momento, su Gobierno ha dado el primer paso para extender Almaraz.