Puente ficha abogados en Bélgica para frenar el embargo de 200 millones en tasas aéreas a España

España acumula múltiples derrotas en arbitrajes por las primas a las renovables que puso en marcha José Luis Rodríguez Zapatero y que retiró Mariano Rajoy. La ejecución del laudo de uno de estos arbitrajes ha encendido las alertas en Enaire, la empresa dependiente del Ministerio de Transportes. El fondo Blasket Renewable amenaza con embargar sus tasas de navegación aérea europeas para cobrar la indemnización que le reconoce dicho laudo. Un proceso que la sociedad pública controlada por el equipo de Óscar Puente intenta frenar mediante la contratación de un despacho de abogados en Bélgica, país donde Blasket ha llevado el laudo para su homologación.

En concreto, Enaire ha contratado los servicios del despacho Everest Law, una firma especializada en arbitrajes y resolución de disputas internacionales. La empresa pública —a través de la cual el Estado controla el 51% de Aena— pagará un importe “máximo” de 636.218 euros en función de las instancias judiciales que se completen.

El trabajo del bufete consiste en asesorar, representar y ejecutar la defensa legal de Enaire en el procedimiento de ejecución de laudos contra el Reino de España derivados de los contenciosos sobre las primas a las renovables.

Enaire explica a El Confidencial que, al tratarse de un procedimiento en el extranjero, aplica las reglas de contratación internacional. Dada la urgencia del asesoramiento y los plazos en curso, ha recurrido a Everest Law mediante un procedimiento negociado sin publicidad, la fórmula legal más adecuada para causas fuera de España.

Un enemigo habitual

El ‘enemigo’ de España en esta causa es, de nuevo, Blasket Renewable Investments. El fondo ha adquirido en los últimos años los derechos de ejecución de varios laudos favorables a los inversores en el CIADI, la corte arbitral del Banco Mundial. Algunas empresas e inversores afectados por el recorte a las primas, que obtuvieron laudos favorables, han vendido esos derechos de cobro a fondos como Blasket, que ahora buscan ejecutarlos. Dado lo mucho que pueden dilatarse estos procedimientos, muchos inversores extranjeros han encontrado en esta fórmula una vía más rápida para recuperar su dinero.

La justicia belga dio luz verde este verano a Blasket para intervenir los pagos mensuales que realiza el organismo europeo de control aéreo, Eurocontrol, a la empresa estatal española encargada de dicho servicio, Enaire.

Según fuentes conocedoras del proceso, la cifra total bloqueada asciende a 207,3 millones de euros, de los cuales 197,3 millones corresponden a los pagos que esperaba recibir Enaire, mientras que los 10 millones restantes son otras obligaciones menores.

Esta medida fue solicitada por Blasket para garantizar el cobro de la indemnización reconocida tras el “caso Eurus Energy”, filial del grupo japonés Toyota, una de las afectadas por la retirada retroactiva de las primas renovables. La compañía nipona invirtió cientos de millones de euros en España para desarrollar parques eólicos y fotovoltaicos en comunidades como Galicia o Asturias.

Muchos inversores extranjeros han encontrado en esta fórmula una vía más rápida para recuperar su dinero

Los recortes retroactivos aplicados a esas inversiones motivaron un arbitraje internacional al amparo del Convenio del CIADI y del Tratado de la Carta de la Energía, del que España era firmante cuando ocurrieron los hechos. Dicho laudo obliga al Estado a indemnizar a Eurus con 106,2 millones de euros y a abonar intereses de demora que, en la actualidad, superan los siete millones.

Aunque los intentos del Estado español por anular el laudo fueron desestimados, la indemnización sigue sin abonarse. Por este motivo, los acreedores tomaron medidas el pasado mes de julio y solicitaron el embargo de los pagos de Eurocontrol a Enaire.

Una vía que no es la única. Blasket y otros fondos están litigando con éxito en otros países como Estados Unidos, Australia o Reino Unido, donde los tribunales ya han reconocido numerosos laudos por valor de 1.900 millones. Si no se alcanza un acuerdo, advierten, cobrarán esa deuda mediante el embargo de activos del Reino de España.