Trinitario Casanova se cuela en la opa de BBVA al Sabadell con la Operación Chamartín

El promotor Trinitario Casanova, propietario del hólding Baraka Capital Group, que está pleiteando con BBVA por los derechos de revisión de la Operación Chamartín, ha enviado un burofax al consejero delegado del Sabadell, César González-Bueno, para advertirle de este riesgo legal. Todo ello en el marco de la opa por el banco catalán, cuyo periodo de aceptación finaliza el próximo 10 de octubre. Los reversionistas reclaman más de 1.000 millones a BBVA. Ni desde Banco Sabadell ni desde BBVA hay comentarios.

El empresario denuncia que BBVA ha ocultado este riesgo en las cuentas anuales consolidadas y en las memorias anuales de actividad, pese a que hay un procedimiento ordinario ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) en el que Baraka y la Asociación de Revisionistas No Abuso reclaman 1.053 millones de euros más intereses. Además, el caso llegó recientemente a la Audiencia Nacional, que admitió a trámite un escrito que solicita anular la novación del contrato de concesión sellada en 2018, cuando Isabel Pardo de Vera estaba al frente de Adif y José Luis Ábalos era ministro de Transportes. El empresario incluye esta impugnación en la carta al CEO del Sabadell.

En la misiva, a la que ha tenido acceso El Confidencial, Trinitario Casanova explica a González-Bueno que son cuestiones importantes en torno a la actividad de la mercantil Crea Madrid Nuevo Norte (CMNN), en la que BBVA ostenta el 75%, y que es la promotora que va a desarrollar el grueso del proyecto de la Operación Chamartín. Además, expone que también es un asunto relevante para los accionistas del Sabadell ante la opa lanzada por BBVA, por la “potencial ocultación”, lo que podría ser un “delito societario previsto en el artículo 290 del Código Penal”. Según Casanova, BBVA tampoco hace mención en sus cuentas del pleito, pero sí del aumento de valor de los activos del grupo en cerca de 1.000 millones por la adquisición por CMNN, en diciembre, de los terrenos que integran Nuevo Madrid Norte. El riesgo legal, “de acuerdo con la normativa contable de aplicación, nacional e internacional, constituye una verdadera contingencia que puede afectar, y además de manera importante, a la situación patrimonial del banco”.

Además, sobre la impugnación de la novación de 2018, el empresario arguye que se anuló la obligación de permanencia de BBVA en el accionariado de CMNN con, al menos, un 50%, con lo que, si se modifica la concesión anulándose la novación, sería “incompatible con su aparente intención de vender su participación en la concesionaria”, tal y como se ha hecho eco la prensa, o la supresión de todas las previsiones del contrato en relación con los derechos de revisión correspondientes a dichos terrenos.

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Ruth Ugalde

Baraka, el hólding de Trinitario Casanova, se alió en 2018 con la Asociación No Abuso, que representa los intereses de un millar de antiguos propietarios de los terrenos de Chamartín, a los que el Estado expropió para construir la estación ferroviaria. Desde hace tres décadas, cuando se aprobó vender estos suelos a BBVA, están enfrentados con Adif porque defienden que, al cambiarse el uso para el que se les expropiaron sus tierras, se les debe reconocer el derecho de reversión, una disputa que han llevado a los tribunales.

Los reversionistas defienden recuperar la titularidad de los terrenos o, en caso de que eso sea imposible, ser compensados con 1.000 millones de euros. Esta disputa y sus potenciales consecuencias económicas son las que Baraka defiende que BBVA debería haber llevado a sus cuentas anuales. De hecho, la entidad presidida por Carlos Torres sí que se ha apuntado una revisión al alza de 1.000 millones en la valoración de sus acciones de Crea Madrid Nuevo Norte, la promotora que el pasado diciembre compró a Adif los derechos sobre los terrenos de Chamartín. BBVA posee el 75%.

El mismo aviso que ha mandado al CEO del Sabadell, ya lo remitió al supervisor estadounidense (SEC) en febrero. En una carta fechada el pasado 25 de febrero, Casanova alerta al supervisor estadounidense de que la entidad ha registrado este incremento sin que haya “incluido ninguna provisión o contingencia, ni se ha dejado notas ni mención alguna, en relación con el procedimiento judicial” que enfrenta a las dos partes en el TSJM. Tampoco ha hecho referencia alguna a la “medida cautelar de anotación preventiva de demanda” acordada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJM.