El rescate público de Talgo ya apunta a 2026 y la SEPI ficha a Garrigues para desatascarlo

La entrada de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales en Talgo avanza, aunque no al ritmo esperado. La entidad pública trabaja estos días con el despacho Garrigues para irrumpir en el capital del fabricante de trenes y cumplir así el mandato del Consejo de Ministros. El objetivo marcado era el último trimestre de este ejercicio, pero, según detallan fuentes conocedoras, su análisis apunta ya a 2026.

“Los ritmos del consorcio vasco y los acreedores no hacen prever que esta operación esté cerrada antes de 2025”, confiesan a El Confidencial fuentes conocedoras. Desde la SEPI explican a este medio que se está trabajando junto con sus asesores en el cumplimiento de las condiciones establecidas en la autorización del Gobierno y en la documentación que requerirá la ejecución de la operación.

Como informaba este medio, el organismo dependiente del Ministerio de Hacienda encargó a la consultora Crowe y al despacho de abogados Garrigues hacer dos informes para validar esta operación a cambio de 96.000 euros cada uno. Dos asesores que se han quedado trabajando con la SEPI para ejecutar la operación en los primeros meses del próximo año.

La entrada de la sociedad pública en el accionariado de Talgo se producirá, primero, a través de la ampliación de capital de 45 millones de euros que otorgará a la SEPI una participación cercana al 7,8% del capital social. Una operación corporativa que se tiene que aprobar en una junta de accionistas extraordinaria de Talgo que todavía no se ha producido y, como pronto, se espera que se produzca a principios de noviembre.

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La otra vía en la que trabaja el organismo público es la inversión a través de la suscripción de una emisión de obligaciones convertibles en acciones por 30 millones de euros. Esta deuda tiene un interés fijo anual y, de no devolverse, permitiría a la SEPI ampliar su participación accionarial en el futuro.

Pendiente de los bancos y Jainaga

La demora de este proceso se produce, según insisten fuentes conocedoras de la situación, porque el primer paso, aunque lo exigió la SEPI, no depende de ella. Uno de los puntos clave a los que la sociedad pública ha condicionado su entrada es que la gran banca ofrezca nuevo músculo financiero a un fabricante que ‘muere de éxito’ con cada nuevo pedido: tiene una cartera de trabajos pendientes valorada en 4.700 millones de euros y no está en condiciones de cumplirlos.

Su entrada en el accionariado se producirá a través de la ampliación de capital de 45 M que otorgará a la SEPI una participación cercana al 7,8%

El compromiso exigido es el de obtener un nuevo préstamo o línea de financiación a 6 años por valor de 650 millones de euros. Además, la SEPI y sus asesores esperan que se conceda una línea de crédito para circulante, a corto plazo, de 120 millones de euros y, de manera crucial, una nueva línea de avales por 500 millones de euros. Esta línea de avales es vital para Talgo, ya que su modelo de negocio internacional exige grandes garantías bancarias para poder firmar y ejecutar los contratos de fabricación.

Por último, se espera que el consorcio vasco cumpla su palabra de entrar en el capital. El grupo que forman Clerbil (la sociedad inversora del presidente de Sidenor, José Antonio Jainaga), Ekarpen (el vehículo de inversión público-privado del Gobierno vasco) y las fundaciones de BBK y Vital se comprometieron a adquirir el 29,7% del capital de Talgo que estaba en manos del fondo Trilantic.

Sus vías son a través de su propia aportación financiera y de suscribir la emisión de obligaciones convertibles en el mismo tamaño que la SEPI. Si bancos y el consorcio vasco cumplen, y los accionistas autorizan la operación, la entidad pública cumplirá íntegramente el mandato que salió del Consejo de Ministros.