Comforsa-Indra: el rescate de los problemas industriales de la Generalitat de Illa

Salvador Illa estableció una relación estrecha con Ángel Escribano en la época de la pandemia. Entonces Escribano Mechanical and Engineering (EM&E) cerró un megacontrato con el Gobierno para fabricar respiradores, en un momento en que ese instrumental médico era estratégico para todos los países. Ahora, cinco años después, todo ha cambiado. Ángel Escribano es el presidente de Indra, la acción de la compañía ha subido un 44% en los últimos seis meses al calor del boom bursátil vinculado al sector de Defensa y era el momento para que Illa, hoy presidente de la Generalitat, le pidiese un favor. El favor se llama Comforsa. La magia del giro de un PSC que ahora apuesta por el sector de defensa como una pieza más del futuro industrial de Cataluña.

Según adelantó La Vanguardia, Indra está negociando comprar Comforsa, una empresa que acabó en manos de la Generalitat y que es clave en el empleo en la zona del prepirineo. Tiene cuatro plantas de forja industrial en Campdevànol y Ripoll (Girona) y está dedicada a grandes piezas metálicas para la industria naval y tiene clientes como Volvo y Liebherr. Factura más de 66 millones y da empleo a más de 370 personas.

La Generalitat la ha colocado en beneficios. En 2024 ganó 1,6 millones de euros. Pero la compañía sigue siendo un problema y continúa convertida en un aspirador de dinero público. Entre 2016 y 2020, Comforsa recibió una inyección de fondos provenientes de la administración por valor de 36 millones de euros. Ahora, Illa le ha pedido a Escribano que Indra se quede la empresa, según explican fuentes conocedoras de los contactos.

También en la época del Covid, la Generalitat ya estuvo tanteando al sector privado para colocar la empresa. El plan es convertir las cuatro plantas en fábricas de municiones, un producto en el que Europa tiene una gran dependencia de Estados Unidos. Cuando el Gobierno de Joe Biden ofreció a Volodímir Zelenski dejar el país en los primeros compases de la invasión de Ucrania, este les replicó: “Necesito municiones, no un viaje”, según contó en su día The Washington Post. La anécdota sirve para ilustrar la falta de este tipo de material y el porqué de esta apuesta estratégica.

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Como todo ha dependido de los contactos personales de Illa con Escribano, la operación se encuentra en una fase muy inicial. En cualquier caso, demuestra lo rápido que cambian las cosas en este momento. El pasado mes de mayo, el PSC estaba justificando las tecnologías de doble uso. Cuatro meses después, el planteamiento ya es montar una empresa de municiones con sede en Cataluña. No hay doble uso para la munición. Es sector de Defensa puro y duro. Ningún grupo político ha protestado. Los tiempos están cambiando, como prueba que el Gobierno español envía a un buque de la Armada para proteger a la flotilla de activistas que se dirige a Gaza.

Sector público catalán

Otra cosa es cómo una empresa que lleva tanto tiempo en manos del sector público pueda adaptarse a las exigencias de la empresa privada en un momento de crisis en el cual las exigencias en las fechas de entrega no admiten errores.

En 2016, la Generalitat compró el 1,28% que no controlaba en la Comforsa por 750.000 euros, lo que suponía entonces valorar a la compañía en 58,6 millones de euros. Desde entonces controla el 100% del accionariado, pero ahora la compañía ya se encuentra en beneficios. Sería razonable exigir algún dinero más.

Hace nueve años la Generalitat valoraba Comforsa en 58 millones de euros

Este 2025 acaba el plan trienal de Comforsa, que se comprometía a invertir 13 millones de euros que se han dedicado a actuaciones de mejora medioambiental y en menor medida a la renovación de activos fijos, mientras se mantenía la cartera de clientes, alguno como la estadounidense Dana Corporation.

Contrato programa

Antes de que se abriese el melón de su posible venta a Indra, la Generalitat estaba trabajando en establecer un contrato programa para Comforsa que iba a tener carácter bianual para garantizar el futuro de la compañía, que tenía que servir, entre otras cosas, para desbloquear la negociación del convenio colectivo.

Las relaciones laborales en el seno de la empresa son tensas. En unas comarcas donde el empleo industrial es escaso, Comforsa siempre ha sido una cuestión más política que económica. Ahora habrá que ver cómo encaja Indra en este complejo puzle de política industrial, intereses sindicales y costes partidistas que siempre ha configurado el futuro de Comforsa.