Las reformas de pymes y CSRD fulminan millones en honorarios a las auditoras medianas

La suma de la reforma contable y la flexibilización de la directiva europea de sostenibilidad amenaza con recortar de forma drástica los ingresos de las auditoras medianas. El ajuste de los umbrales que obligan a las pymes a someter sus cuentas a revisión puede eliminar alrededor de 4.000 encargos anuales, lo que equivale a una merma de unos 32 millones de euros en honorarios, según estimaciones conservadoras del propio sector. Este golpe se suma a la decisión de Bruselas de eximir al 80% de las empresas que iban a tener que presentar informes ESG, desinflando la expectativa de un nuevo filón de negocio que las firmas habían preparado durante años.

2026 se presenta como un año duro para los auditores medianos. Fuentes consultadas por este medio señalan que el Ministerio de Economía planea llevar el Anteproyecto de Ley que modifica los criterios de tamaño de las empresas a efectos de información corporativa al Consejo de Ministros antes de que acabe el año, con la intención de que la norma quede aprobada en el primer semestre de 2026.

Esta reforma contable ha desatado una verdadera batalla entre pymes y auditores. Organizaciones como CEPYME y PIMEC celebran la reducción de cargas administrativas y hasta reclaman que se aprovechen al máximo los márgenes europeos. Pero el Consejo General de Economistas y el Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España (ICJCE) alertan de que la medida reduce la transparencia, dificulta la detección de fraudes y erosiona la confianza en el mercado. Como precedente, citan el caso de Suecia, donde la supresión de auditorías obligatorias a pequeñas empresas provocó un repunte de delitos económicos y de evasión fiscal.

Las consecuencias para las auditoras medianas son especialmente duras porque dependen en gran medida de los encargos del tejido pyme y habían invertido en servicios de sostenibilidad. Con menos empresas obligadas a auditar sus cuentas y con un mercado ESG recortado de golpe, ven peligrar ingresos, empleo y capacidad para competir. El propio ICJCE advierte de que este doble efecto puede acelerar la concentración del sector, justo lo contrario de lo que busca la Ley de Auditoría de Cuentas.

Un mercado que tiende al monopolio

Ese riesgo de concentración no es teórico. El mercado español de auditoría ya presenta rasgos de cuasi monopolio. Las Big Four (PwC, EY, Deloitte y KPMG) copan la práctica totalidad de los grandes contratos y una parte creciente del negocio medio, mientras que las firmas de tamaño intermedio se reparten migajas en un entorno cada vez más hostil.

En paralelo, la revisión de la Directiva CSRD por parte de la Comisión Europea ha pinchado las expectativas de crecimiento en el negocio de la auditoría sostenible. Bruselas ha relajado los requisitos de información no financiera y retrasa su aplicación hasta 2028, lo que frena la entrada de decenas de miles de compañías en el circuito de verificación ESG.

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Las mismas fuentes apuntan que el Gobierno español espera que la adaptación de esta directiva se apruebe en 2026, de modo que la reforma de sostenibilidad acompañe al nuevo marco contable en el calendario legislativo. El sector de la auditoría preveía cerrar este año superando 1.000 millones de euros en nuevos ingresos, pero ahora con ambos cambios legislativos algunos están redimensionando sus proyecciones.

Fuentes del sector también advierten de un riesgo adicional. La inseguridad jurídica que pueden generar propuestas políticas como la de Sumar, que plantea prohibir que una misma firma audite las cuentas y la información de sostenibilidad de una empresa. Diversas fuentes legales recuerdan que la directiva europea no permite a los Estados miembros imponer esa separación, por lo que, de prosperar, la norma española acabaría probablemente en los tribunales.