El segundo accionista de Aena alerta de que la presión de las CCAA amenaza sus inversiones
Los intentos de Cataluña, Euskadi, Baleares o Andalucía de cogestionar sus aeropuertos regionales ha puesto en guardia a TCI, que tiene el 6% del capital del gestor aeroportuario
El presidente de AENA, Maurici Lucena- (EFE/Borja Sanchez-Trillo)
El segundo accionista de Aena, el fondo activista británico TCI, que tiene un 6% del capital, ha remitido una carta al consejo de administración en la que advierte que las presiones de determinadas CCAA, como Cataluña, Baleares o Andalucía, para romper el modelo aeroportuario amenazan el plan de inversiones de la compañía que suma 13.000 millones. Esta cifra supone un cambio muy importante, dado que en la actualidad los activos de Aena están valorados en 17.328 millones. La tensión puesta de manifiesto por la carta de TCI se deja notar este viernes sobre el parqué, con recortes de las acciones de Aena de más del 2%.
En su carta se insta al consejo a “garantizar que el coste medio ponderado del capital utilizado para DORA 3 se determine con fundamento en criterios financieros sólidos, no por conveniencia política. Aena se encuentra en una encrucijada. O la compañía asegura un marco estable para ejecutar su plan de 13.000 millones de euros, o se arriesga a desperdiciar una década de éxito. Aena debe seguir rigiéndose por la ley, la eficiencia y el valor para el accionista, no por la política regional”, se señala en la misiva que fue remitida al máximo órgano de dirección.
En declaraciones a El Confidencial, TCI ha añadido que “la magnitud de la inversión prevista es enorme. Resulta esencial que Aena reciba una remuneración justa y adecuada”.
El grueso de la misiva, firmada por los socios de TCI Christopher Hohn y por Jonathan Amouyal, se centra en frenar la presión de las CCAA para cogestionar activos tan importantes para Aena como El Prat o Son Sant Joan, porque a su juicio “añadiría burocracia y demoraría decisiones cruciales de inversión y planificación”
En la carta también se alerta de que dichas interferencias “expondrían a Aena a prioridades políticas desalineadas con la eficiencia y la rentabilidad”, de nuevo con el millonario plan de inversiones en el horizonte.
En opinión de TCI el ejecutivo de Pedro Sánchez no puede cambiar de manera unilateral la condición de la gestión de los activos de Aena, porque “dicha decisión no puede ser impuesta unilateralmente por el Gobierno. Hacerlo supondría un claro conflicto de intereses, dada su doble función como regulador y accionista (a través de ENAIRE). Cualquier modificación estatutaria u operativa que afecte a la estructura de gestión de Aena es competencia de la Junta General de Accionistas”.
Argumentación del sector privado
En sus declaraciones añadidas a la carta, TCI valora que “la red de 46 aeropuertos es una de las grandes fortalezas de Aena. Dividir su propiedad, además de no ser legal, carece de sentido y podría perjudicar a España, a la compañía y a sus inversores. Basta observar Londres, donde existen seis aeropuertos con seis propietarios distintos, para comprender la pérdida de eficiencia y coordinación que ello implica”.
En la carta TCI sí que “comparte la aspiración de maximizar la contribución de los aeropuertos locales al desarrollo económico regional; sin embargo, esto debe lograrse mediante la eficiencia, la cohesión de la red y el respeto incondicional al ordenamiento constitucional y legal”.
Medida ilegal
Para TCI la cogestión de los aeropuertos que plantean CCAA como Cataluña es ilegal: “Las demandas de cogobernanza regional de Cataluña, Andalucía, País Vasco, Islas Baleares y Canarias incluyen propuestas para despojar a Aena del control sobre sus propios activos mediante la transferencia de la propiedad de los aeropuertos a los gobiernos locales. Estas iniciativas son ilegales, inconstitucionales y perjudicarían gravemente la gobernanza y la competitividad de Aena”, señalan en su misiva.
TCI recuerda que trocear los aeropuertos vulnera lo que establece la Constitución
“La Constitución Española y la Ley 18/2014 son clarísimas: los aeropuertos de interés general son competencia estatal, gestionados directamente por el Estado. Cualquier intento de cogestión, derecho de veto o delegación de competencias a las comunidades autónomas es ilegal y genera un conflicto de intereses”, según apunta en su requerimiento al consejo el fondo de Chris Hohn.
Impacto burocrático
Aena ha remitido un hecho relevante para tranquilizar a los inversores en los que señala que “a día de hoy, ninguna propuesta, proyecto o decisión políticos que conozca Aena, como resultado del seguimiento realizado, ha alcanzado el grado de concreción y madurez que requiriera una actuación de la Sociedad, que sería inmediata y contundente”.
TCI avisa en su carta de que "añadiría burocracia y demoraría decisiones cruciales de inversión y planificación”. Aena se alinea con su principal inversor privado y mantiene que "la preservación del modelo actual de Aena y del sistema aeroportuario español, que ha hecho posible el desarrollo eficiente de las infraestructuras aeroportuarias en España, cobra especial relevancia en este momento en el que la Sociedad inicia un periodo de fuertes inversiones".
El segundo accionista de Aena, el fondo activista británico TCI, que tiene un 6% del capital, ha remitido una carta al consejo de administración en la que advierte que las presiones de determinadas CCAA, como Cataluña, Baleares o Andalucía, para romper el modelo aeroportuario amenazan el plan de inversiones de la compañía que suma 13.000 millones. Esta cifra supone un cambio muy importante, dado que en la actualidad los activos de Aena están valorados en 17.328 millones. La tensión puesta de manifiesto por la carta de TCI se deja notar este viernes sobre el parqué, con recortes de las acciones de Aena de más del 2%.