El Gobierno revisará su plan climático en 2026 con incendios y nucleares en el foco

El Gobierno ha reunido por primera vez este año a la Comisión Interministerial para el Cambio Climático y la Transición Energética por la crisis de los incendios. Un cónclave que, más allá de acuerdos puntuales para atajar la crisis, no ha servido para pactar cambios estructurales en la hoja de ruta del país para defender sus montes, según destacan fuentes conocedoras. La esperanza en ese frente está en la inminente actualización del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) que, además de los incendios, debe abordar el plan de cierre de las centrales nucleares en España.

El Ejecutivo, liderado por el Ministerio para la Transición Ecológica, trabajará a lo largo de 2026 en actualizar el plan climático que le obliga a tener Bruselas desde 2018. El PNIEC es el reglamento, que no una ley, que guía al Gobierno en materia energética y climática. Un documento de 736 páginas que nació en 2021 y que en 2024 se actualizó para incentivar, aún más, el objetivo de generación de energía a través de fuentes ‘puramente’ renovables. Pero, ahora, las necesidades son otras y tanto el sector energético como los grupos de presión climáticos esperan que los incendios y el cierre de nucleares sean dos puntos fuertes en la próxima actualización que debe enviarse en septiembre del próximo año.

El PNIEC ya alertaba en 2024 que los incendios forestales son una amenaza que aumenta cada año por el cambio climático. El reglamento marca pautas para frenarlo desde el punto de vista de la adaptación y uso sostenible de la biomasa. Lo vivido en el verano de 2025 presiona al Gobierno para ir ‘más allá’. Su próxima actualización demanda unos objetivos anuales que mejoren todos esos “brindis al sol para 2050”, según se definen en el sector, que se recogen en otros documentos hermanos como el Plan Forestal Español y el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC).

Uno de los debates que más se espera que abra esta crisis es la biomasa forestal como fuente energética para reducir el riesgo de incendios. El plan climático del Gobierno aborda ya objetivos como redes de calor con biomasa en zonas forestales para sustituir sistemas de calefacción obsoletos y reducir la densidad de vegetación inflamable. Pero, para ello, la esperanza es que aumenten los objetivos de generación eléctrica a través de la biomasa en España de los 1,4 gigavatios (GW) que contempla ahora el PNIEC a unos 2 GW que estarían más cerca de la media europea.

El propio plan climático del Gobierno lleva desde 2021 avisando del riesgo de inmovilismo en la política contra unos incendios que van a más. “En la actualidad, nos encontramos con un entorno forestal muy propenso a los incendios, en el que los medios de extinción están alcanzando techos de efectividad”, explica el documento. Para ello, el documento apuesta por la mejora de esta estrategia, aunque todavía sin presupuesto ni fechas concretas para ello. Unos detalles que se esperan que avancen en la actualización de 2026 tras la última crisis vivida.

Los incendios son ahora el epicentro de la batalla política y entran en el cruce de reproches del final de la legislatura, como ya lo hizo el apagón y la eterna polémica sobre el cierre de las centrales nucleares. Este tipo de infraestructuras y su vida útil son uno de los puntos clave del PNIEC. El plan energético y climático que diseñó la entonces ministra y ahora comisaria, Teresa Ribera, cuenta con el pacto que alcanzó el Gobierno con sus dueños para cerrar el primer reactor de la central extremeña de Almaraz en 2027 y seguir sucesivamente con el resto de los seis reactores hasta 2035.

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EFE

El Partido Popular lidera la presión política para impedirlo. Los populares registraron en el Congreso una proposición de ley para garantizar la aportación de la energía nuclear en la descarbonización del sistema energético. Una proposición que hasta el 15 de septiembre tiene abierto su período de enmiendas. Este asunto es y será la moneda de cambio del partido que lidera Alberto Núñez Feijóo en cualquier negociación climática que le proponga el Gobierno, como puede ser un decreto anti apagones o un pacto sobre los incendios.

El asunto, a diferencia de la defensa forestal, también involucra al sector privado, como son los dueños de las centrales. Iberdrola y Endesa, las más afectadas por el cierre, están por la labor de retrasar el inicio de este cierre de las centrales a 2030, pero con algunos cambios fiscales de estas tecnologías. Un asunto con una gran carga política que se espera que salpique la próxima revisión del PNIEC.