El fraude en las gasolineras gana al Gobierno y esquivan 1.200 millones de 'tasa verde'

El Ministerio para la Transición Ecológica ha cobrado 5,2 millones en multas a aquellas gasolineras que no utilizaron en 2024 el combustible renovable que exige la ley. Una cifra que, un año antes, se elevó hasta los 581 millones. Este descenso en picado va en contra de todas las previsiones. Las estimaciones apuntaban a que estos pagos alcanzarían los 1.200 millones.

Un baile de cifras que enciende las alarmas, porque se valora como una victoria del fraude en las gasolineras ante el Gobierno esquivando esta ‘tasa verde’. La vía que emplea el Ministerio que dirige Sara Aagesen para evitar las prácticas ilegales en las gasolineras ha sorprendido con el resultado final de su informe de 2024, porque los datos provisionales del tercer trimestre del año apuntaban a pagos por incumplimiento de 255 millones.

Las estimaciones que se manejan sugieren que faltan en el informe certificados de venta de un total de 7,7 millones de metros cúbicos de gasóleo, un 30% de todo el mercado de gasóleo A en España. Esta falta de certificados hubiera generado 1.200 millones de euros de pagos compensatorios, que es el doble de los que se pagaron en 2023. El Ministerio no ha querido entrar a valorar esta falta de datos ante la consulta de El Confidencial.

La alarma llega porque, en teoría, el Ejecutivo y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) estaban redoblando su trabajo para perseguir el déficit de estos certificados de bios. Unos certificados que protagonizan el gran agujero fiscal en el sector de los hidrocarburos junto al impago del IVA en la venta tanto de gasolina como de diésel. Dos aspectos que permiten que algunas gasolineras vendan muy por debajo de coste con grandes ventajas competitivas.

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Una exigencia 'verde'

La ley obliga a que se venda carburante en el que el combustible renovable suponga un 11% de todas las ventas. Si no se logra o no se acredita, las operadoras deben realizar un pago compensatorio o multa. El Ministerio creó para esta tarea el Sistema de Información para la Certificación de Biocarburantes (SICBIOS), la plataforma oficial del Gobierno de España que verifica el uso de biocarburantes y otros combustibles renovables.

Está gestionado por el Ministerio para la Transición Ecológica, porque se considera un elemento clave para cumplir los objetivos climáticos y energéticos en uno de los sectores más contaminantes. Para las grandes empresas como Repsol, Moeve o BP es relevante esta persecución, ya que sus grandes inversiones van dirigidas a cumplir esta normativa y ven cómo gasolineras ‘sin bandera’ les quitan negocio por saltarse la ley.

El equipo de Sara Aagesen utiliza la recaudación de los pagos compensatorios para impulsar el uso de tecnologías verdes en el sector. Además, junto al Ministerio de Hacienda, que persigue el fraude del IVA, este Ministerio utiliza estos certificados para encontrar tramas criminales en el sector.

17 operadores inhabilitados

En España, entre finales de 2024 y principios de 2025, el Gobierno inhabilitó a través del SICBIOS a 17 operadoras por incumplir la obligación de vender un mínimo de combustibles renovables en sus mezclas comerciales. Una investigación que se suma a las más de 400 gasolineras en 14 comunidades autónomas que han intervenido en el último año la Agencia Tributaria por vender sin declarar el IVA.

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El último informe del Gobierno señala que, de los 140 operadores registrados en el sistema de biocarburantes, hay 56 operadores en proceso de baja y 7 empresas que no han reportado actividad alguna. Además, su resolución excluye a 23 operadores inhabilitados por incumplimientos previos y a otros dos que cesaron su actividad durante el ejercicio. Un panorama de empresas fantasma que no encaja con un pago de multas 10 veces menor al año anterior.