Tiempos revueltos para el lobby: "Pedir favores a cambio de dinero es corrupción"

En España se hace lobby. Y cada vez más. Aunque los que lo practican piden que se denomine “asuntos públicos”, porque consideran que el término anglosajón estigmatiza al sector. El negocio, lejos de resentirse por una posible 'mala imagen', lleva años creciendo con nuevas consultoras, aumento de la demanda de sus servicio y anuncios de ‘fichajes’ estrella. Pero en los últimos meses se ha colocado en el foco de la polémica. El ‘caso Montoro’ y el ‘caso Ábalos’ abren el debate sobre una actividad que en España se ejerce, todavía, sin ningún tipo de regulación.

"Pedir favores a cambio de dinero no es lobby, es corrupción", aclara Carlos Parry, presidente de la Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales (APRI), la gran patronal del sector que junta a las grandes consultoras. “Los profesionales del sector no nos dedicamos a llamar a amigos para modificar leyes a cambio de contraprestaciones económicas”, añade el directivo, que asesoró a Dolors Montserrat en su etapa como ministra de Sanidad y que ahora lidera la rama de salud en la consultora de asuntos públicos LLYC.

Su profesión se fundamenta en encajar los intereses públicos con los privados. Desde APRI señalan que la tarea de un lobbista es dar propuestas, datos y argumentos de un sector, una empresa o un sindicato a los legisladores para defender sus intereses. Y, sobre todo, que un cambio de ley o la propia parálisis regulatoria tenga en cuenta la opinión de aquellos que se ven afectados. Una tarea que cada día es más demandada por el sector privado ya que, según defiende un reconocido lobbista que prefiere no salir citado, "la nueva clase política es cada día más mediocre, más protagonista y más alérgica a la negociación”.

El aumento de esta demanda ha provocado un 'boom' en las consultoras de asuntos públicos. El sector del lobby en España maneja una estimación, no oficial, que apunta a que este negocio mueve al año 65 millones de euros, gracias a que el crecimiento es del 20% anual. Varias empresas como LLYC, Kreab o Acento Public Affairs logran en los últimos años crecimientos a doble dígito con facturaciones que superan en algunos casos los 30 millones.

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Unas cifras del mercado español que se quedan cortas frente a las que se reportan, de forma oficial, en otras regiones más grandes y con un lobby arraigado en su democracia, donde la sociedad convive con normalidad con su actividad. El ejemplo más claro es Estados Unidos, que mueve 4.500 millones de dólares anuales con este negocio. O, la Unión Europea, donde los asuntos públicos generan 1.500 millones al año. Unos datos con los que piensan que ‘el pastel’ en España tiene que crecer.

"Disfrazar el lobby de lo que no es"

Crecer es el objetivo de los lobbistas españoles, pero no es la prioridad desde hace unos meses. Algunos están sufriendo antes del verano algunas fugas de clientes y otros han centrado su trabajo en recordar a sus clientes la importancia que tiene su trabajo para los planes de sus empresas.

Su discurso se centra en que la tarea del profesional del lobby no tiene nada que ver con la que ejercía, presuntamente, la consultora Equipo Económico en la época en la que Cristóbal Montoro, su fundador, era ministro de Hacienda. Una consultora que, según la investigación, había que contratar sí o sí si querías que el Ministerio te atendiese. “En los últimos meses, por desgracia, hemos conocido varios presuntos casos de corrupción en nuestro país. Esto ha generado confusión, porque algunos han intentado disfrazar de lobby lo que no es”, matiza el presidente de APRI.

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Otro frente de debate es la que se ha abierto con el proceso que rodea a el exministro José Luis Ábalos. Durante una entrevista con El Confidencial, el antiguo secretario general del PSOE ponía encima de la mesa la actividad los movimientos del exministro José Blanco o el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero durante la presidencia de Pedro Sánchez. Blanco participa de forma activa en el sector de lobby con su consultora Acento Public Affairs, con una amplia cartera de expolíticos en el equipo, y que ha irrumpido con fuerza en el negocio desde su creación en 2018. Por su parte, Zapatero era hasta hace unos meses ‘senior advisor’ de otro gigante del sector como Kreab, donde se mantiene el exministro Rafael Catalá.

La presencia de expolíticos es generalizada entre los grandes de los asuntos públicos en España. LLYC cuenta con el exministro Jordi Sevilla. La consultora Harmon tiene al exalto cargo socialista Eduardo Madina como socio de Estrategia, o la consultora Vinces a políticos reconocidos como Carlos Carnero o Joan Capdevila.Una cartera de políticos que pone al servicio de estas consultoras y de sus clientes su experiencia en el entramado administrativo y la organización de los partidos.

No obstante, siempre se ha señalado si, además de todo su conocimiento, se busca una agenda de contactos que permita acceder por la vía rápida a los reguladores. Y, como explican desde el sector, se convierte en muchos casos en el principal atractivo de muchos clientes. “Pedir una reunión con un representante público para trasladar una propuesta o inquietud es lobby y no delito”, comenta Carlos Parry. “Pedir una reunión para solicitar un favor que beneficie a unos pocos a cambio de una dádiva sí lo es. Eso se llama corrupción”, añade el presidente de la patronal.

Discrepancias entre lobbistas

El sector tiene un debate abierto sobre dónde poner los límites en estos fichajes de expolíticos y el efecto que tiene sobre los técnicos del lobby. Un debate que ha aumentado en estos tiempos revueltos para el profesional del lobby. “Esto sucede porque es un sector sin regulación, donde estas noticias manchan una actividad de precisión, de lectura de leyes, estrategias de negociación, redacción de proyectos, filtro de noticias y muchas horas de dedicación”, señala otro consultor que prefiere mantener su anonimato.

Hay una gran demanda para que se retire el aura de sospecha con una regulación. Muchos confían en la Ley de Transparencia e Integridad de las Actividades de los Grupos de Interés, que está de momento en tramitación parlamentaria. “La regulación ayudaría a definir qué es lobby, qué es un grupo de interés y quién habla con quién y por qué. Además, dificultará que personas que no son lobbistas se hagan pasar por tales para actividades ilícitas”, plantea el presidente de APRI.

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Un proyecto que también mejorará la aceptación ciudadana de esta profesión. “Seguramente, hoy las personas con discapacidad visual en España no tendrían los derechos que tienen sin la labor de la ONCE; ni los pacientes oncológicos acceso a productos financieros sin la ley del derecho al olvido, promovida durante años por la Asociación Española Contra el Cáncer; o España no habría sido el tercer país europeo en donar vacunas frente a la COVID sin el impulso del sector farmacéutico”, afirma Carlos Parry.

Aunque, antes de que llegue la regulación, aquellos que viven de los asuntos públicos dicen que hay que hacer autocrítica y asumir errores del pasado. Los lobbistas apuntan a que no se ha hecho el suficiente trabajo de pedagogía en los medios y con la ciudadanía, otros opinan que tampoco se les ha querido escuchar, pero que es urgente explicar mejor a qué se dedica el lobby en España y por qué es importante para la sociedad. "Porque lo es y mucho", destacan. Una pedagogía que consideran que sería suficiente para que la sociedad les apartase de lo que se investiga en el 'caso Montoro' o el 'caso Ábalos/Koldo/Cerdán'.