La crisis política paraliza el sector energético y congela 30.000 millones en inversiones

El sector energético español se marcha de vacaciones lamiéndose las heridas por lo vivido el pasado 22 de julio. Empresas, asociaciones, abogados, asesores o consultores se intercambian estos días mensajes de felicitación por el trabajo realizado en las últimas semanas y palabras de ánimo tras la derrota parlamentaria. “Es una parálisis total de inversión y desarrollo”, explica a El Confidencial un alto directivo del sector.

Existe una unanimidad por parte de los representantes del sector que todas las formaciones políticas podrían haber hecho algo más. El Gobierno, sus socios y la oposición no han cumplido las expectativas para reforzar urgentemente el sistema eléctrico tras el apagón y, sobre todo, tomar medidas que llevaban años en el cajón para electrificar la economía y dar oxígeno a la industria.

“No nos podemos permitir como país que esta actualización normativa no salga adelante. Es fundamental para la industrialización, la independencia energética y la competitividad de nuestra industria”, comenta el director general de la Unión Española Fotovoltaica (UNEF), José Donoso. Esta patronal estima que, sin este entramado de normas de las que estaban pendientes, se quedan paralizadas inversiones por valor de 30.000 millones de euros. Solo en términos de almacenamiento, la Asociación Empresarial de Pilas, Baterías y Almacenamiento Energético (AEPIBAL) calcula que esta decisión se lleva por delante entre 3 y 5 gigavatios (GW) que se iban a instalar antes de 2030 que suponía inversiones de 2.000 millones de euros en los próximos tres años.

"Como es lógico, estos vaivenes e incertidumbre regulatoria, provoca aversión a los inversores, a los cuales estamos viendo ser muy cautos y, en muchos casos ralentizando, frenando o, incluso, paralizando su nivel de crecimiento en España", explica Lucía González, socia de Energía del despacho de abogados Ontier. El tema más delicado, en el corto plazo, es que sin este decreto se quedan sin permisos administrativos cerca de 20 GW proyectos eólicos y fotovoltaicos que estaban a un solo paso del objetivo final de conseguir la autorización administrativa de explotación para producir electricidad.

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"Muchos de nuestros clientes vieron un balón de oxígeno para sus proyectos que, o bien el tiempo les apremiaba (por temas técnicos, tecnológicos, de construcción o administrativos) o bien estaban afectados por medidas cautelares", detalla la socía de Energía de Ontier. Sin el decreto, sus permisos caducaban el 24 de junio. Por ello, estas empresas e inversores habían aprovechado el mes de vigencia del decreto para pedir prórrogas y gestionar esta situación.

Ontier explica a este medio que este bandazo regulatorio deja a los proyectos renovables afectados en cuatro posiciones diferentes, dependiendo cómo se haya aprovechado el mes en el que el decreto ha estado vigente. En primer lugar, están aquellos que han solicitado la extensión y la han obtenido, que pueden disfrutar de la concensión. En segundo, la situación más complicada, los que la solicitaron, pero no recibieron respuesta, que se abocan a una incertidumbre legal que deberán batallar. En tercero, aquellos que pidieron la extensión y se la rechazaron, que pueden reclamar. El cuarto y último, los que no movieron ficha este mes y sin el decreto, pues, se les ha pasado la oportunidad.

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“Las noticias conocidas con posterioridad al rechazo de la convalidación se refieren a la posible aprobación de un nuevo Real Decreto Ley e incluso aluden a una proposición de Ley que podría ser presentada por la oposición”, señala el abogado Andrés Jiménez, socio de derecho público del despacho Eversheds Sutherland. “En cualquiera de los casos, se abre un escenario de incertidumbre. Esa incertidumbre afecta tanto al contenido del nuevo texto que pueda presentarse como a las posibilidades reales de convalidación o aplicación del mismo”, añade.

Los bancos se ponen alerta

Con esta crisis regulatoria, los bancos son el otro foco del sector energético para decidir qué hacer. El apetito por financiar renovables se mantiene en la banca, porque las entidades trabajan con ambiciosos objetivos de financiación sostenible para hacer más verde sus balances.

Santander dijo que quiere llegar a 230.000 millones a escala global en 2030, y está en 139.400 millones. BBVA ha fijado su objetivo en 700.000 millones entre 2025 y 2029, frente a los 300.000 millones entre 2018 y 2025. CaixaBank ha prometido movilizar 100.000 millones en tres años. Mientras que Sabadell, que publicó su nuevo plan estratégico este jueves, espera un incremento del 30% en los próximos tres años, hasta los 33.000 millones.

Las entidades quieren prestar a proyectos renovables, pero también tienen muchas dudas con el mercado español. Fruto de ello, están aprovechando su expertise para desembarcar en Italia, mercado para el que consideran que hay más certidumbre y es menos maduro. Los bancos esperaban una demanda cercana a los 20.000 millones este año en créditos ligados a proyectos aprobados en la subasta de hace cuatro años, que ahora queda en entredicho.

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Además, también se han encontrado con experiencias negativas en empresas industriales del sector, como Capital Energy o Soltec, y en proyectos individuales. En el primer caso, los bancos salieron, a excepción de BBVA, que según fuentes del mercado está analizando la situación como acreedor de menor tamaño en la deuda que otros como Incus. Mientras que en Soltec, que lleva siete meses en preconcurso, los bancos han exigido hasta el final más garantías para apoyar una reestructuración que implica quitas de deuda de más del 50%. Un ejemplo del riesgo de pérdidas en el sector que la banca teme que se dispare.

Así, a los principales jugadores del mundo de las renovables les cuesta más obtener financiación. Bancos y fondos siguen apostando por el sector, porque mantienen la tesis de que seguirá aumentando la demanda y la producción, pero lo tienen en cuarentena. Además, el mercado tiene ahora un exceso de oferta de ventas de activos, lo que hunde el precio y dificulta cerrar operaciones.

En esencia, los promotores suelen iniciar proyectos para los que, en una fase posterior, necesitan financiación para terminarlos y explotarlos o vender el activo, iniciando otros procesos. Pero el mercado se ha secado y la rueda se ha parado, con el riesgo de crisis. Una rueda que las empresas, los abogados y banqueros esperaban que se volviese a activar con el decreto. El siguiente capítulo llegará en septiembre. Aunque algunos se van de vacaciones pensando que puede ser ‘demasiado tarde’.