EY intermedió sin éxito con la Hacienda de Montoro y devolvió parte de los honorarios

La consultora Ernst & Young (EY) actuó como intermediaria entre el Ministerio de Hacienda y las principales empresas del sector gasista —Air Liquide, Abelló Linde, Carburos Metálicos, Praxair y Messer— en un intento por modificar los criterios de aplicación del Impuesto de Actividades Económicas (IAE). El encargo, gestionado a través de la Asociación de Fabricantes de Gases Industriales y Medicinales (AFGIM), tenía como objetivo lograr un trato fiscal más favorable para el sector, pero terminó sin éxito. La Big Four acabó devolviendo el 75% de la comisión por éxito cobrada, según consta en el sumario judicial del caso al que ha tenido acceso El Confidencial.

Aunque en el sumario no se detalla con precisión cómo se formalizó la contratación de EY en las dos ocasiones, sí consta que el 31 de octubre de 2013 la firma remitió a Carlos Romero, secretario general de AFGIM, una propuesta de servicios profesionales. En ese correo, EY ofrecía la dedicación de dos trabajadores senior, con una tarifa de 150 euros por hora, a facturar mensualmente en función de las horas trabajadas, según recoge literalmente el informe de la UCO.

Según los investigadores, a pesar del acuerdo, EY no logró obtener una resolución favorable en la consulta vinculante sobre las tasas del IAE, y terminó devolviendo parte del importe cobrado. En las pesquisas de los Mossos d’Esquadra, los agentes subrayan que "a juicio de esta instrucción también resulta revelador" el hecho de que EY devolviera su comisión de éxito a la patronal. Según las cuantías que se reflejan en el sumario, la patronal pagó 44.165 euros a EY Abogados, mientras que en 2017 figura un ingreso de retorno por parte de EY a favor de AFGIM por 18.150 euros.

Como la contratación de EY no fue del todo fructífera, las compañías gasistas recalibraron su estrategia y contrataron también a Equipo Económico, el despacho fundado por el exministro Cristóbal Montoro. Esta firma consiguió el acceso privilegiado al borrador de los presupuestos generales del Estado de 2018 en febrero de 2017, seis meses antes de su publicación, lo que permitió a AFGIM presentar texto legal ya alineado con sus demandas fiscales.

Según consta en la investigación realizada por los Mossos d’Esquadra, "ante el resultado infructuoso" de la asociación gasista por "lograr una modificación en la aplicación del Impuesto de Actividades Económicas que supusiera un importante ahorro económico", la asociación decidió invertir en la contratación de los servicios de un socio de EY.

El elegido fue Juan Carpizo, "a quien se le suponía ciertas capacidades, contactos e influencias, dado que con anterioridad había ostentado el cargo de subdirector general de Tributos Locales, tratándose de la persona que precedió al actual titular del cargo Óscar del Amo Galán", según relata el escrito.

"Inició contactos realizando llamadas y emitiendo escritos, solicitando reuniones y pidiendo acordar textos legales con funcionarios"

En ese momento, Carpizo ostentaba el rango de socio de Fiscalidad Local y Medioambiental en la Big Four, un puesto que sigue teniendo en la actualidad. Según relatan los Mossos, el directivo, en nombre de AFGIM, "inició contactos realizando llamadas y emitiendo escritos, solicitando reuniones y pidiendo acordar textos legales con funcionarios y técnicos de la Administración".

El inicio de estas conversaciones arranca en junio de 2015, cuando Carpizo escribió un correo electrónico a Óscar del Amo, quien en ese momento ocupaba el cargo de subdirector general de Tributos Locales (SGTL) en la Dirección General de Tributos del Ministerio de Hacienda. "¿Tienes disponibilidad para las dos fechas que te comenté sobre la reunión de AFGIM?", decía en el correo recogido por los agentes.

EY logró una efímera victoria

Gracias a sus gestiones, la patronal logró una primera resolución favorable. Pero resultó ser una victoria efímera. Aunque permitió a las empresas del sector tributar menos, el Ayuntamiento de Tres Cantos, al ver reducidos sus ingresos, presentó pruebas que demostraban errores en la información aportada por AFGIM. Como resultado, Hacienda anuló la consulta y emitió una nueva, contraria a los intereses del sector y que deshizo el logro inicial de EY y su socio Carpizo.

Ante este revés, Carpizo intentó frenar la publicación de la nueva resolución. Según consta en el sumario judicial, el socio de EY, “en representación de la AFGIM, solicitó, en un primer momento, parar la publicación de la resolución; remitió nueva documentación a la Dirección General de Tributos; y solicitó una reunión.” Así lo expresó en un correo enviado el 9 de junio de 2016 al entonces director general, Diego Martín-Abril, en el que pedía una reunión para tratar “consultas de resolución dispar”.

Tras este revés, fue el propio Carpizo quien propuso un giro estratégico. En un correo enviado el 7 de septiembre de 2016 al entonces director general de Tributos, Diego Martín-Abril, el socio de EY planteó formalmente la posibilidad de iniciar una reforma legislativa para modificar el epígrafe del IAE aplicable al sector. “Te rogamos tener de nuevo una reunión en tu despacho […] al objeto de exponerte dos cuestiones: posibilidad de iniciar una tramitación de reforma legislativa vía modificación puntual de la nota aclaratoria del IAE en cuestión, y en relación al informe de Industria... la exploración de otras soluciones en el ámbito práctico para evitar la situación de riesgo en la que se encuentra el sector en la actualidad... ”, escribió.

"La solución más realista al problema surgido sería mediante reforma legislativa"

Un mes después, insistió por escrito en que “la solución más realista al problema surgido sería mediante reforma legislativa”. A partir de entonces, la estrategia de AFGIM se centró en enviar propuestas normativas a Hacienda, con Carpizo como intermediario directo.

La estrategia se culminó el 10 de noviembre de 2016, cuando se celebró una reunión en la Dirección General de Tributos con presencia de Juan Carpizo (EY) y técnicos de Praxair y Air Liquide en representación de AFGIM. El secretario general de la asociación, Carlos Romero, se excusó por no asistir, y delegó en los especialistas y en Carpizo la defensa de las propuestas normativas.

Con el cambio de liderazgo en la Dirección General de Tributos en 2017 —cuando José Alberto García Valera, entonces alto cargo de Hacienda y ahora socio en EY, asumió la dirección— la estrategia se mantuvo. Solo que la patronal decidió incorporar al despacho Equipo Económico como actor principal en las gestiones fiscales. Aun en ese contexto, Carpizo y Óscar del Amo enviaron al Ministerio de Industria dos propuestas normativas de AFGIM, que fueron validadas técnicamente en un informe fechado el 9 de junio de 2017. El respaldo de Industria permitió continuar con la vía legislativa, ya bajo la dirección de Equipo Económico.

La participación de EY no fue especialmente fructífera, y muestra de ello es que la firma tuvo que devolver parte de sus honorarios por resultados. Según se desprende del informe elaborado por la Unidad Central Operativa (UCO) y recogido en el sumario judicial, la relación contractual entre AFGIM y EY incluía una comisión de éxito condicionada a la obtención de un resultado favorable para el sector. Es por eso que EY devolvió el 75% del success fee cobrado, según se recoge en el acta de la Junta de AFGIM del 16 de octubre de 2017.

Un socio de EY investigado por su pasado en Hacienda

Por el momento, de las 28 personas que el juez ha señalado como investigadas, solo una de ellas trabaja actualmente en EY, pero por su pasado en Hacienda. Se trata de José Alberto García Valera, que sigue operando en la Big Four como socio director de EY en Andalucía y socio responsable de Tax Policy. En el momento en el que se sitúa la investigación, era director general de Tributos (2016-2018).

Según señala el juez, este directivo ostentaba el cargo durante la aprobación de los Presupuestos de 2018, que incluyeron modificaciones en el Impuesto de Actividades Económicas favorables a las gasistas. Poco después fue contratado como socio director de EY en Andalucía.

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