El Gobierno encarga un informe a S2 Group para examinar la culpa de las eléctricas en el apagón

El Gobierno y las eléctricas han dejado atrás la diplomacia y se han declarado la guerra por la responsabilidad del mayor apagón eléctrico sufrido en la historia reciente de España. Mientras la ministra de Transición Ecológica se enfrenta a Red Eléctrica y la compañía semipública ataca a Iberdrola, Endesa y Naturgy, el comité formado por Moncloa para investigar el corte del suministro el pasado 28 de abril ha encargado a S2 Group que analice todos los datos extraídos de los servidores de las distribuidoras.

Según estas fuentes, S2 Group estuvo presente en algunas de las visitas que el comité realizó a Iberdrola, Endesa, Naturgy y Repsol durante la segunda quincena de mayo. Encuentros que en algunos casos duraron más de un día y en los que las eléctricas entregaron una elevada cantidad de datos. Dicho comité está compuesto por miembros del Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe), de la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad y del Centro Nacional de Infraestructuras Críticas (CNPIC), dependientes del Ministerio del Interior.

S2 Group es una empresa levantina, propiedad de José Rosell y Miguel Juan, especializada en ciberseguridad. De hecho, en abril se adjudicó el contrato para la gestión integral de la ciberseguridad de la Generalitat Valenciana y la puesta en marcha de un Centro de Innovación y Competencia en Ciberseguridad. El contrato, promovido por la Dirección General de Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones (DGTIC), le fue concedido por 38 millones de euros sin IVA, por debajo del presupuesto base de licitación, que ascendía a 44 millones, al ser la única empresa que se presentó a la licitación.

Pero, sobre todo, S2 Group es una compañía que suele trabajar con el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) en la investigación de ciberataques a empresas o infraestructuras calificadas como estratégicas. Fue una de las empresas llamadas por Pedro Sánchez a Moncloa el pasado mes de marzo para conocer su opinión sobre la situación de la seguridad y la ciberseguridad en España.

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Fuentes oficiales de S2 Group han declinado hacer ningún comentario sobre esta información, al indicar que no suelen comentar los contratos que firman ni los clientes para los que trabajan. No obstante, la compañía sí ha publicado diversas adjudicaciones, como la que ganó a Telefónica para proporcionar el servicio de protección contra los hackers de la fábrica de moneda y timbre del Banco de España.

Hace unas semanas, la empresa valenciana de ciberseguridad logró extender por un año más su contrato de asesoría y consultoría con el Estado Mayor de la Defensa, consolidándose en un área donde las amenazas crecen exponencialmente. Hace dos años, S2 Group fue seleccionada para proporcionar asistencia técnica y apoyo a las ciberoperaciones del Mando Conjunto del Ciberespacio del Ministerio de Defensa. Este contrato, originalmente valorado en 2,6 millones de euros y adjudicado mediante un procedimiento negociado sin publicidad, se ha ampliado por un año adicional, con un incremento de un millón de euros en su importe, según la Plataforma de Contratación del Sector Público.

A otras fuentes envueltas en la investigación les ha llamado la atención la participación de S2 Group, porque se trata de una compañía experta en ciberseguridad. Y, tanto el CNI como el Ministerio de Transición Ecológica descartaron semanas más tarde que el sistema hubiera sufrido un ataque de delincuentes digitales, una de las causas que Pedro Sánchez deslizó como la causa original del apagón.

Ataques directos

En la reciente junta general de accionistas de Redeia, Beatriz Corredor, su presidenta, indicó que, "si los generadores hubieran cumplido con las obligaciones de control de tensión que les impone el procedimiento de operación, no hubiéramos tenido oscilaciones, no habríamos perdido el sincronismo, no habríamos tenido apagón". Corredor también destacó que fue la única empresa que dio su consentimiento para la difusión de todos los datos disponibles, de entre un total de 67 compañías a las que el comité ministerial del Gobierno pidió autorización para hacer pública la información necesaria para explicar lo sucedido.

El pasado 23 de junio, las grandes compañías eléctricas presentaron a través de su patronal, Aelec, la tercera investigación de lo sucedido el pasado 28 de abril. Su informe asegura, entre otras cosas, que la programación de Red Eléctrica fue incorrecta porque no había suficientes centrales convencionales, sobre todo, en el sur de España y que sus operadores avisaron hasta 30.558 veces de problemas de sobretensión, el triple que la semana anterior.

Al mismo tiempo, el Ministerio para la Transición Ecológica trasladó a Iberdrola que puede hacer públicos sus propios datos sobre el apagón eléctrico, una vez concluida la labor del comité creado por el Gobierno para investigar las causas del incidente. "En esta nueva fase —en la que la investigación ha concluido—, Iberdrola podría hacer dichos datos públicos de manera particular por el procedimiento que considere oportuno", dice la ministra Sara Aagesen en una carta remitida este lunes al consejero delegado de Iberdrola España, Mario Ruiz-Tagle.