Rubiralta gana a Celsa el juicio por los 500 millones demandados por los fondos

Francesc Rubiralta perdió la propiedad de Celsa a manos de los fondos oportunistas que previamente habían comprado a precio de derribo la deuda que vendieron los bancos españoles. Pero el heredero de la empresa familiar fundada por su padre cincuenta años atrás ha ganado, al menos, la demanda interpuesta por los nuevos dueños, los cuales le reclamaban 500 millones de euros por impagar unos créditos dados por la compañía siderúrgica a sociedades de su madre y de sus hermanos.

Según un dictamen del juzgado de lo mercantil número 5 de Barcelona, "la acción social de responsabilidad ejercitada contra el Sr. Rubiralta se ha sustentado en una presunta omisión dolosa o negligente al no reclamar, durante los ejercicios 2020 a 2022, el denominado Crédito-Deuda Intragrupo por importe superior a 469 millones de euros. No obstante, ha quedado acreditado que dicho crédito era desde su origen inexigible, fue prorrogado tácitamente durante varios años sin reclamación alguna, y era conocido como incobrable tanto por la sociedad demandante, como por sus socios, deudores y acreedores financieros".

La resolución del magistrado Florencio Molina López asegura que "no concurre infracción del deber de diligencia ni del deber de lealtad en el actuar del demandado en su condición de administrador de la sociedad, ni se ha acreditado que su conducta hubiera causado daño directo y efectivo y real al patrimonio social, exigencia imprescindible para la prosperabilidad de la acción conforme a reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo. La reclamación del crédito no solo resultaba improcedente en el contexto económico, financiero y jurídico del grupo Celsa, sino que habría perjudicado el interés social y el de los socios comunes".

Se trata de una sentencia histórica, porque los nuevos gestores de Celsa, encabezados por Rafael Villaseca, habían considerado que los Rubiralta se habían concedido préstamos por valor de 504 millones de euros a sus sociedades personales, denominadas PICOs, lo que había ocasionado un agujero que había contribuido a la situación de impago del grupo, que entró en preconcurso de acreedores, con una deuda de más de 3.000 millones de euros.

Borrado de datos

Sin embargo, el juez le ha dado la razón a Francesc Rubiralta, que había sido acusado también de un borrado voluntario de datos para presuntamente ocultar esta operativa. El juicio se celebró hace apenas diez días, con la participación de Houlihan Lokey, FTI y KPMG, para defender los intereses de Celsa, y de varios directivos próximos a la familia y de BDO en favor del antiguo presidente de la compañía catalana.

La parte actora había alegado Rubiralta incurrió en una omisión antijurídica por no acordar el vencimiento ni instar la reclamación del crédito intragrupo durante los ejercicios 2020, 2021 y 2022, a pesar de que dicho crédito era, a juicio de los nuevos dueños, exigible y relevante para el patrimonio social, dada la situación financiera del grupo. La parte demandante sostiene que dicha omisión supuso una infracción de los deberes de diligencia y lealtad, en tanto habría beneficiado a sociedades patrimoniales vinculadas al propio demandado y perjudicado directamente al patrimonio de la sociedad demandante.

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Pero el juez sostiene que, "a la luz de estos materiales probatorios técnico-económicos, puede afirmarse que el crédito intragrupo, aunque registrado contablemente como activo de las sociedades PICOs, presentaba desde su origen un carácter patrimonial esencialmente teórico o nominal, sin correspondencia con una expectativa razonable de cobro o recuperación". Cuando los fondos se hicieron con el control de Celsa, tras una sentencia también histórica en octubre de 2023, la familia presentó el concurso voluntario de Pico Espadas, Pico Anayet e Inversiones Pico Aneto.

Su conclusión es que, "al no concurrir los elementos constitutivos de la responsabilidad exigida —conducta antijurídica, daño y relación causal entre ambos—, procede la desestimación de la demanda interpuesta".

Se trata de una victoria esencial para los Rubiralta, a los que Celsa ha interpuesto otras dos demandas y hasta una querella. Por lo tanto, la batalla entre la familia y los nuevos fondos continuará en breve en los juzgados.