Las denuncias por corrupción en contratos públicos se disparan un 90% en cuatro años

Las denuncias por fraude y corrupción en los contratos públicos se están disparando. En los últimos cuatro años ha habido un repunte del 90%, y ya representan el 0,7% de las licitaciones. Sin embargo, muchas todavía no han sido analizadas por la falta de recursos de las agencias antifraude, según denuncia Gestha, sindicato de los técnicos de Hacienda.

El principal indicador con datos públicos, que realiza la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (OIReScon), muestra una tendencia creciente en las denuncias. La oficina, que es un órgano colegiado independiente adscrito al Ministerio de Hacienda a efectos representativos y presupuestarios, recopila las denuncias que se realizan por fraude o corrupción en licitaciones con la Administración.

La propia oficina define su misión en “velar por la correcta aplicación de la legislación y, en particular, promover la concurrencia y combatir las ilegalidades, contribuyendo a un sistema de contratación pública transparente y eficiente. Con ello se busca propiciar mejoras en la actividad contractual del sector público mediante la supervisión y vigilancia permanente, promoviendo una mejor regulación e instaurando un entorno de integridad institucional como herramienta de lucha contra el fraude y la corrupción”.

La agencia publica un informe anual con datos sobre denuncias y, también, la evolución de las mismas. En medio de las investigaciones de la UCO a ex miembros destacados del Gobierno o del PSOE como José Luis Ábalos y Santos Cerdán, por el caso de Koldo García, los técnicos de Hacienda han hecho un examen a la evolución de las cifras en los últimos años.

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La conclusión más evidente es que se están disparando las denuncias. Hay que considerar que han mejorado las medidas de protección para el denunciante. Es decir, puede que una explicación sea que hay más gente dispuesta a denunciar, aunque no haya más casos. Sin embargo, el alza casi vertical es preocupante y exige un análisis profundo, con la necesidad de “investigar cualquier sospecha de fraude o corrupción para asegurar el uso correcto y transparente de los fondos públicos”, apuntan en Gestha.

En 2018, primer año con datos, hubo 146 denuncias. La cifra cayó un 19,2% al año siguiente, hasta las 118. Después, desde el covid, no ha dejado de aumentar. En 2020 fueron 131 denuncias; en 2021, 131; en 2022 hubo un incremento del 17,6%, hasta las 187; y en 2023, último ejercicio para el que hay datos, repuntó otro 18,2%, hasta las 221. La subida acumulada en cinco años es de casi el 87%.

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En concreto, con el coronavirus por medio, que disparó el volumen de contratos públicos por el consumo de la Administración a sus distintos niveles para revitalizar la economía, el incremento es del 87%. Y en total, en estos seis años analizados, se han alcanzado las 957 denuncias, lo que representa ya el 0,7% de las licitaciones. El contrato de servicios es el que representa mayor riesgo de fraude, según los datos, acumulando el 64,3% de las denuncias.

La agencia examina todas las denuncias, pero hay cierto atasco. La mitad, 478, están en trámite. No se ha tomado ninguna decisión. Según Gestha, esto se debe a “la escasez de técnicos en estas agencias antifraude”. Es decir, se ha avanzado en la transparencia con la creación de la oficina, pero faltarían recursos para ahondar más en ello.

De las denuncias tramitadas, casi la mitad se han archivado. En concreto, 217 denuncias están archivadas, el 22,7% de todas las denuncias. Mientras que 52 denuncias, el 5,4%, se han dirigido a la Justicia, Fiscalía o Tribunales de Cuentas. Y en 123, el 12,9%, se ha dirigido un informe o recomendación a la agencia contratante.

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Gestha considera que hay un “alto porcentaje” de denuncias en materia de contratación pública (irregularidades en la adjudicación del contrato) respecto al total de denuncias, con el 32,6%. “Es un signo de que el fraude aumenta al situarse como la principal causa de las denuncias y mantenerse con una tendencia relativamente estable en términos relativos”, exponen los técnicos de Hacienda. Las denuncias por este motivo ascendieron el último año analizado un 9,1%, hasta las 72 en 2023.

Por otro lado, la segunda causa de denuncias, con un 20,6% del total y una tendencia alcista, es la de prácticas corruptas en la contratación (conflictos de interés, tráfico de influencias y trato de favor a una empresa). Fueron 43 en 2023, un 34,4% más que cinco años antes. También destacan las 40 denuncias por la ejecución del contrato.

Otro aspecto que ha analizado Gestha es el de la actividad de los tribunales administrativos. Uno de cada cuatro recursos (no solo por corrupción, también por cuestiones técnicas o de valoración en la licitación) es estimado total o parcialmente. En total, ha habido 4.615 recursos, el 43,7% fueron desestimados, el 26,3% fueron estimados, y el resto fueron inadmitidos. El 40% de los casos es por la valoración de criterios en la adjudicación y la motivación.

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A pesar del incremento de las denuncias en términos absolutos en cuestiones de contratación pública, ha disminuido el peso relativo sobre el total de denuncias por fraude o corrupción que hay en España recibidas por oficinas públicas. Desde el 11,42% de 2020 hasta el 7,2% de 2023.

En cualquier caso, es de esperar que sigan aumentando las denuncias, teniendo en cuenta la tendencia reciente y la protección al denunciante, con medidas como “la prohibición de represalias y medidas de apoyo, de protección frente a represalias y de protección de las personas afectadas”. Cualquier represalia se consideraría infracción grave con multas de hasta 300.000 euros para las personas físicas y hasta el millón de euros en personas jurídicas.

Ahora mismo hay agencias y oficinas antifraude con funciones de investigación o inspección creadas en Cataluña, Comunitat Valenciana, Baleares, Navarra, Andalucía y en los Ayuntamientos de Madrid y Barcelona. También existen los Órganos de Control Externo del Consello de Contas de la CCAA de Galicia (OCEX) y la Audiencia de Cuentas de Canarias, pero sin funciones de investigación o inspección.

El total de denuncias acumulado en estos años ha alcanzado el 0,7% de las licitaciones que hay cada ejercicio. En 2024 hubo 206.210 expedientes de licitación, con un volumen de 113.091 millones de euros.