Denominación Guijuelo ficha a la pareja de su presidente, exdiputada autonómica de Vox

El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Guijuelo, el organismo dependiente del Ministerio de Agricultura encargado de certificar jamones de esa región, contrató en febrero como directora general a la pareja sentimental de su presidente, Juan Carlos González, según confirman tres fuentes diferentes. Se trata de Teresa Rodríguez, que fue procuradora de Vox en el parlamento autonómico de Castilla y León y directora general de Producción Agropecuaria y Ganadera de la Junta hasta julio de 2024, cuando su partido rompió pactos regionales con el PP.

La elección se produjo sin realizar antes una convocatoria pública de la plaza. Los estatutos no especifican que deba ser así, pero, al tratarse de la pareja del presidente, se recomendó internamente utilizar ese procedimiento para justificar el fichaje. Era una manera de actuar conforme a los principios de transparencia, mérito y capacidad que deben regir en un organismo auxiliar de la Administración Pública. A pesar de la recomendación, la designación fue a dedo.

Aunque fue nombrada directora general, Rodríguez asumió las funciones de Rafael Bolívar, que fue cesado como presidente institucional por sus desavenencias con el presidente. La diferencia entre ambos cargos es que, en los estatutos del Consejo Regulador, se expone que el presidente institucional "en ningún caso asumirá responsabilidades ejecutivas ni recibirá retribución alguna", mientras que el puesto de director general no está regulado.

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, de quien depende este organismo certificador de la DOP Guijuelo, defiende que su única función es "velar porque los estatutos de los consejos reguladores de las denominaciones de origen cumplan la legalidad". A preguntas de este periódico, se ha limitado a señalar que "el nombramiento o contratación del personal corresponde al propio Consejo Regulador, conforme a sus procedimientos internos".

Pasó por la Junta de CyL

La designación se produjo a finales del pasado febrero, apenas siete meses después de que Rodríguez abandonara la Dirección General de Producción Agropecuaria y Ganadera de la Junta de Castilla y León. Aunque la DOP Guijuelo depende del Ministerio de Agricultura por ser supra autonómica, en los últimos años ha recibido subvenciones públicas por parte del Gobierno regional. Concretamente, del Instituto Tecnológico Agrario, que forma parte del mismo departamento en el que trabajaba Rodríguez.

La función del Consejo Regulador de Guijuelo es garantizar la calidad y autenticidad del jamón ibérico que lleva la etiqueta de esa denominación de origen. Aunque dependa del Ministerio de Agricultura, es patente la relación que guarda con la Dirección General de Producción Agropecuaria y Ganadera de la Junta de Castilla y León. Por ejemplo, la exprocuradora de Vox acudió en noviembre de 2022 a la presentación del Plan Estratégico 2023-2027 que está ejecutando la entidad.

La función del Consejo Regulador de Guijuelo es garantizar la calidad y autenticidad del jamón ibérico que lleva la etiqueta de esa DO

Pese a esta relación, los servicios jurídicos del organismo entienden que la nueva directora general no está obligada a cumplir con el periodo de incompatibilidad. "Toda vez que la incorporación de Teresa ha sido a una corporación de derecho público, como es el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Guijuelo, la misma no se ve afectada por las prohibiciones que establece la Ley 3/2016, de 30 de noviembre", defienden.

Esa normativa es el Estatuto de los Altos Cargos de la Administración de la Comunidad de Castilla y León. En su artículo 14, estipula que "durante los dos años siguientes a su cese o despido, los altos cargos no podrán prestar servicios en entidades privadas de un sector en el que no tuvieran experiencia profesional previa a su nombramiento y sobre el que hubieran tenido responsabilidades durante el ejercicio de sus funciones".

Los servicios jurídicos de la DOP reconocen que "hay juristas que les otorgan [a las corporaciones de derecho público] una cierta naturaleza mixta", ya que también se financian con fondos privados, como las cuotas que pagan sus socios o las donaciones. Aunque, en todo caso, defienden que "siempre se encuentran supeditadas al control de las Administraciones Públicas". Es decir, consideran que ha pasado de un órgano estatal a otro, por lo que no le afecta la incompatibilidad.

Los servicios jurídicos del organismo entienden que la directora general no está obligada a cumplir con el periodo de incompatibilidad

Al tratarse de una normativa autonómica, este medio ha contactado en varias ocasiones con la Consejería de Presidencia de la Junta de Castilla y León para conocer si el nombramiento se ajusta a la legalidad, pero no se ha recibido respuesta a ninguno de los mensajes. Por su parte, desde el Ministerio de Agricultura sostienen que el personal de los consejos reguladores "no tiene consideración de cargo público".

Igual que sus compañeros de Vox, Rodríguez abandonó su cargo público en julio del año pasado. Fue tras una orden del líder nacional de la formación, Santiago Abascal, que rompió los acuerdos que mantenía con el PP en cinco gobiernos autonómicos por las discrepancias con el reparto de menores migrantes. Por aquel entonces, también dimitió el vicepresidente de Castilla y León, Juan García-Gallardo; mientras que el presidente regional, Alfonso Fernández Mañueco, cesó a los otros dos consejeros de Vox que había en su gobierno.