Hacienda recurre a la AN para mantener ocultas sus inspecciones a partidos políticos

El Ministerio de Hacienda y la Agencia Tributaria (AEAT) han presentado un recurso ante la Audiencia Nacional con el objetivo de evitar la publicación de las inspecciones fiscales realizadas a los principales partidos políticos en los últimos diez años. La medida responde a la resolución reciente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG), que falló a favor de El Confidencial y ordenó a la administración tributaria entregar los expedientes sancionadores.

La decisión de Hacienda de llevar el caso ante los tribunales abre un inédito frente judicial en torno al equilibrio entre la transparencia institucional y la confidencialidad fiscal de los partidos políticos. El recurso presentado ante la Audiencia Nacional busca dejar sin efecto la resolución del CTBG, y aunque el contenido exacto del recurso no se ha hecho público, todo apunta a que Hacienda invocará la normativa sobre protección de datos y el secreto tributario para evitar la divulgación.

Como ya informó este medio la semana pasada, esta petición de información se remonta a hace cuatro años, cuando este periódico solicitó la información. No obstante, la respuesta de la Agencia Tributaria, dependiente del ministerio dirigido por María Jesús Montero, fue negarse a facilitar estos datos.

En su respuesta, Hacienda se amparó en la confidencialidad de los datos fiscales, a pesar de que el Tribunal Supremo ha establecido en reiteradas sentencias que esta protección no puede utilizarse como un veto automático al acceso a información de interés público.

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Tras la negativa inicial, este medio recurrió ante el CTBG, pero el proceso se prolongó durante cuatro años debido a la resistencia de la Agencia Tributaria a aplicar los criterios establecidos por la Ley de Transparencia.

Concretamente, la AEAT denegó la solicitud sin llevar a cabo la obligada ponderación entre el derecho de acceso a la información y la protección de datos personales, ni consultó a los terceros afectados: los partidos políticos. Una omisión que, según expertos en la materia, podría deberse al desconocimiento o a una interpretación restrictiva de la norma.

Partidos unidos por el secretismo fiscal

El CTBG obligó a la AEAT a reabrir el procedimiento, para que solicitara alegaciones a los partidos implicados. Para sorpresa de nadie, todos se opusieron a la entrega de sus expedientes fiscales. PSOE y Podemos, socios en el actual Gobierno, rechazaron expresamente facilitar la información. En la misma línea se pronunció VOX, mientras que el Partido Popular ni siquiera respondió al requerimiento de Hacienda.

Con esas respuestas, la Agencia volvió a denegar el acceso, esta vez argumentando que prevalece el deber de confidencialidad tributaria y que la solicitud presentada por este medio era, a su juicio, demasiado amplia y carente de una justificación concreta.

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Este periódico reiteró entonces el interés público de la información, en particular ante la necesidad de saber si Hacienda ha inspeccionado a formaciones políticas que reciben financiación con fondos públicos. Por segunda vez, el CTBG volvió a estimar favorablemente la petición de este medio, resolviendo esta última vez que la AEAT debe facilitar esta información, incluyendo todos los procedimientos entre 2000 y 2025. Eso sí, anonimizando la información sensible.

Este pronunciamiento del CTBG se suma a una serie de resoluciones favorables obtenidas por este diario, fruto de la insistencia por acceder a información de interés público. Gracias a estas peticiones, el Gobierno se ha visto obligado a publicar datos que permanecían ocultos desde hace años. En uno de los casos más recientes, este medio logró que se hiciera pública la gestión de la publicidad institucional en España, revelando más de 6.900 pagos realizados desde Moncloa a medios de comunicación, por un importe total de 190 millones de euros.