El borrado masivo de los datos de millones de autónomos escala a la Audiencia Nacional

El conflicto entre la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) y el sector de la información empresarial por el tratamiento de datos de autónomos da un nuevo paso. Informa D&B, la mayor compañía del sector, ha comunicado a sus clientes que recurrirá la resolución de la Protección de Datos ante la Audiencia Nacional, después de que el organismo haya desestimado su recurso de reposición.

El Confidencial ha tenido acceso a una carta enviada por la empresa esta semana en la que confirma que ya ha iniciado las gestiones para eliminar esta información de todos sus productos y servicios. “Le informamos de que la Agencia Española de Protección de Datos ha desestimado el recurso de reposición interpuesto por INFORMA el pasado 13 de mayo de 2025”, comienza la misiva.

La desestimación implica el cese inmediato del tratamiento de datos personales de empresarios individuales procedentes de Camerdata, incluyendo uno de los elementos clave para la trazabilidad de estos profesionales: su NIF, que en el caso de los autónomos coincide con su DNI al tratarse de personas físicas.

“Informa ya ha comenzado las gestiones necesarias para que dicha información deje de estar disponible en todos nuestros productos y servicios a la mayor brevedad”, señala el documento, que también aclara que la empresa acatará la orden de suprimir de manera definitiva esos datos en el plazo de tres meses. “Confirmamos que también cumpliremos con la orden de la AEPD de suprimir los referidos datos en el plazo de tres meses”.

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La empresa, propiedad de la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (CESCE) y cuyo accionista mayoritario es el Estado, reconoce sin ambages que esta situación supone un duro golpe para su modelo de negocio. No obstante, también deja claro que su intención es revertir este apagón informativo. “Estamos explorando nuevas vías, tanto a nivel sectorial como individual, que nos permitan recuperar el acceso a esta información por su relevancia en el ámbito comercial”, afirma. “Nuestro objetivo es que vuelva a ser posible contrastar la condición de autónomo de un interesado, así como ser informado de si este pierde esta condición, por cese en su actividad profesional”.

Pese al tono institucional, el mensaje incluye una nota estratégica. Informa anticipa que acudirá a la vía judicial para defender el uso de esta información. “INFORMA respetará y acatará la resolución emitida por la AEPD, como no podría ser de otra manera, sin perjuicio de que se interpondrá recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional en los próximos meses”.

Contactada por este medio, la AEPD se remite a los "criterios jurídicos" señalados hace un mes. La institución dirigida por Lorenzo Cotino desgranó con base en su resolución nueve argumentos jurídicos, destacando que el censo cameral solo puede usarse con fines institucionales, no comerciales, y que no existe base legal suficiente para tratar de forma generalizada los datos personales de autónomos.

La Cámara de Comercio prepara su defensa

Pero el conflicto no termina en Informa. Según ha podido saber este medio, la AEPD ha iniciado otro procedimiento sancionador contra la Cámara de Comercio de España, por ser la fuente primaria de los datos que alimentaban plataformas como Informa. Se trata de un procedimiento separado del de las empresas infomediarias, aunque con el mismo trasfondo jurídico: el uso del censo público de empresas, recogido en la Ley 4/2014, como base para estructurar productos comerciales sin una base legal suficiente en términos de protección de datos.

Las fuentes consultadas ya anticiparon en mayo que la Cámara de Comercio podría ser la siguiente en ser sancionada y ha cesado por completo el envío de NIFs de autónomos a terceros. Desde hace más de un año, aseguran, ni siquiera envían este dato en formato encriptado, tal y como reconocieron a este medio. Ahora, fuentes conocedoras del expediente confirman que también recurrirá ante la Audiencia Nacional.

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La institución, que participa en Camerdata y gestiona el censo cameral, sostiene que se ha limitado a cumplir con su obligación legal de mantener un registro público para finalidades institucionales, como la elaboración de censos electorales o la representación empresarial. En su defensa, alegará que la ley les obliga a publicar estos datos y que no pueden asumir la responsabilidad del uso posterior que hagan empresas privadas.

Un vacío informativo

La resolución de la AEPD ha puesto patas arriba un sistema consolidado durante décadas. Como ya informó este medio, la agencia considera que no existe base de licitud suficiente para tratar los datos personales de empresarios individuales sin su consentimiento expreso o sin cumplir los requisitos de interés legítimo que exige el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD).

La AEPD ha recalcado que el censo público de empresas no fue concebido para finalidades comerciales y que los usos actuales de esta información por parte de terceros no pueden justificarse por su mera utilidad económica. Uno de los argumentos clave del organismo es la ausencia de una expectativa razonable por parte de los interesados. “Los empresarios individuales no podían prever razonablemente que sus datos, recogidos con fines institucionales, acabarían siendo tratados con fines comerciales por terceros”.

Además, insiste en que ni siquiera el artículo 19 de la LOPDGDD, que permite ciertos tratamientos de datos profesionales, legitima el uso del censo cameral fuera de sus fines legales. Por eso, ha exigido el cese de actividad y el borrado de la información.

Un precedente peligroso para el sector

El caso podría sentar un precedente relevante para toda la industria de la información económica. En 2021, la CNMC ya sancionó a Informa y Bureau Van Dijk con 3,5 millones de euros cada una por prácticas anticompetitivas durante dos décadas. Ambas empresas compartían clientes y precios en el mercado de bases de datos empresariales. Ahora, el foco está en el origen y el uso de los datos, un terreno donde colisionan la transparencia económica y la protección de los derechos fundamentales.

El camino judicial será largo y previsiblemente complejo, pero el calendario ya está en marcha. Tanto Informa como la Cámara de Comercio se preparan para litigar en la Audiencia Nacional con el objetivo de defender un modelo de información que, durante años, ha sido clave para el análisis de riesgos, el cumplimiento normativo y la propia política comercial de bancos y aseguradoras.