Así levantará Salvador Illa 3.150 millones para el gran plan de vivienda de la Generalitat

Expectación en el sector promotor español. El presidente catalán Salvador Illa necesita movilizar unos 3.150 millones de euros de inversión inmobiliaria privada para su ambicioso plan de promoción de vivienda de alquiler de protección oficial, según explican fuentes cercanas a la conselleria de Territori, que lidera la consellera Silvia Paneque y que tiene encargada esta responsabilidad. Para ello se convocará el mes de noviembre un concurso público en el que se espera que se presenten los gigantes del sector español, tal y como explican en el sector inmobiliario.

Salvador Illa compareció ante el Cercle d’Economia el pasado mes de mayo y ya contaba con 670 solares que le permitirían construir 21.000 viviendas. Esa cifra está lejos de los 50.000 pisos de VPO de alquiler asequible prometidos hasta el año 2030, pero es un inicio. Un arranque que precisa de esos 3.150 millones que se dedicarían a la construcción de estas viviendas para esa fase inicial. La totalidad del proyecto supone más que doblar esa cantidad inicial.

Este mes de junio y julio, la conselleria de Territori, que encabeza Silvia Paneque, está redactando el pliego del concurso. En septiembre y octubre, los ayuntamientos que han aportado el suelo aprobarán en sus plenos respectivos la cesión del suelo, que implica el derecho de superficie por 75 años. Y ya en noviembre se convocará el concurso, que es de una gran complejidad. La conselleria de Territori ha declinado hacer declaraciones al respecto.

Se espera que concurran los principales promotores de vivienda españoles como Neinor Homes, Aedas, Culmia, Via Célere o Metrovacesa, entre otras. Porque en Cataluña el sector promotor está en horas bajas. Pero hace falta también garantizar no solo la construcción, sino también el mantenimiento durante la vida de esa VPO, para la cual la Generalitat garantizará un alquiler de 10,6 euros el m², suficiente para una rentabilidad en la operación que ronde el 8 % en un momento en que los tipos a la baja juegan a favor del gobierno de Illa. Eso daría juego a la entrada de fondos, de firmas de alquiler como la catalana Cevasa o firmas aseguradoras.

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Este concurso es para los 670 solares que los ayuntamientos han puesto a disposición de la Generalitat, que han de estar urbanizados y con la calificación urbanística necesaria, es decir, con el techo construible asignado. De ellos, unos 150 ya tienen promotor adjudicado de forma directa. Pero el resto iría a este primer macroconcurso que lanzaría la Generalitat y que revolucionará el sector inmobiliario en España.

Paquetes y lotes

Para racionalizar el proceso, la Generalitat prevé organizar el concurso por lotes de 8, 10 o 12 solares. Eso quiere decir paquetes que pueden oscilar entre las 400 y 500 viviendas. Esas dimensiones implican una inversión para los posibles ganadores que oscilaría entre los 60 y los 70 millones de euros por lote.

Para organizar el programa, Cataluña se ha segmentado por franjas: la ciudad de Barcelona, el área metropolitana de la capital, el arco del área metropolitana (Mataró, Terrassa, Sabadell), las tres capitales de provincia (Lleida, Girona, Tarragona), las ciudades de hasta 40.000 habitantes y las de 20.000 habitantes.

En cada lote que salga a concurso el promotor privados se jugarán más de 60 millones

Tras esta primera fase, se prevé, según fuentes cercanas a la conselleria de Territori, una segunda vuelta que incluiría cerca de 10.000 viviendas más, pero estas cifras todavía son aproximadas, ya que los ayuntamientos, de todos los colores políticos, siguen cediendo suelo para este programa de vivienda pública.

Dinero público

Las empresas que opten a estos concursos podrán contar con apoyo público para la financiación. Para empezar, los 600 millones que destinará el ICF, la entidad crediticia de la Generalitat. No se trataría de dinero a fondo perdido, sino que el ICF lo recuperaría a lo largo de la vida de la inversión: los 75 años de vida de la cesión del suelo, aunque el plazo final no sea ese, sino más ajustado.

Además, el ICO invertirá hasta 268 millones de euros, con la garantía del 50 % de InvestEU (134 millones de euros), en proyectos de vivienda social y asequible en alquiler en España, a través de vehículos de inversión especializados mayoritariamente privados que desarrollen y gestionen de manera responsable los proyectos. El concurso se ha adjudicado la pasada semana y se prevé que los ganadores busquen socios con los promotores para optar al concurso de la Generalitat, uno de los que está más avanzado en España.

De nuevo, como en el caso del ICF, no se tratará de dinero público a fondo perdido, sino que está previsto que se recupere a lo largo de la vida del activo, en este caso del ciclo que se establezca para estas viviendas de alquiler social. Pero todo esto facilitará que los promotores no tengan que depender únicamente de la financiación bancaria, como sería en una promoción inmobiliaria tradicional.

La Generalitat no sólo ayudará a la vivienda por el lado de la oferta. También por el de la demanda. En el Consell Executiu de hoy el Govern aprobará este martes un nuevo plan para facilitar el acceso a la vivienda para que los jóvenes puedan comprar su primer piso. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciado este lunes que el plan estará dotado con 500 millones de euros para repartir en cinco años.