Celsa presenta una querella criminal contra Rubiralta el día del juicio por los 500 millones

De Auckland, Nueva Zelanda, a Barcelona, España, hay cerca de 20.000 kilómetros y 500 millones de euros de distancia. Esa es la cifra histórica que Celsa reclama judicialmente a su anterior presidente, Francesc Rubiralta, que se marchó a Oceanía cuando los acreedores se quedaron con el grupo siderúrgico catalán tras una batalla sin cuartel en la que el empresario recurrió tanto a los nacionalistas como a Pedro Sánchez para mantener la propiedad de su compañía pese a haber impagado más de 2.700 millones.

Este lunes, Rubiralta tendrá que presentarse ante el Juzgado de lo Mercantil número 5 de Barcelona para responder a la demanda que los nuevos dueños de Celsa, los antiguos acreedores, le exigen por presuntamente haber incurrido en un supuesto fraude para beneficiar a su familia. Porque, según la reclamación judicial de SPV y Sculptor, los dos fondos que, junto a Deutsche Bank, se quedaron con las acciones tras una victoria judicial que ha sentado jurisprudencia en España, Francesc perdonó a sus hermanos el pago de 504,5 millones de euros que el grupo siderúrgico había prestado a tres de las empresas familiares.

En concreto, a Pico Espadas, Pico Anayet e Inversiones Pico Aneto, las sociedades a través de las cuales una rama de los Rubiralta Rubió controlaba Celsa. La otra rama, la de los Rubiralta Giralt, levantó un imperio sanitario a través de Werfen cuando los padres, Francesc y José María, se repartieron en 2006 el imperio nacido en los años sesenta bajo el proteccionismo de la dictadura y las ayudas públicas de la Unión Europea cuando España entró a formar parte de la Comunidad Económica.

Aquella ruptura, motivada por una operación llevada a cabo por Francesc Rubiralta Rubió, supuestamente a espaldas de su tío José María, aún colea casi veinte años después. Porque los dueños de la nueva Celsa, presidida por Rafael Villaseca, un ejecutivo recto, formado en los valores del universo de ‘la Caixa’, sospechan que aquel dinero con el que los Rubió pagaron a los Giralt para compensarles por la ruptura salió de Celsa, que, en aquel momento, era cuatro veces más grande que Werfen.

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Aunque la tesis es difícil de demostrar, lo que sí es palpable es que cuando Celsa entró en preconcurso de acreedores apareció una deuda de ‘las Picos’ a la matriz por esos 504,5 millones. Un pasivo que Rubiralta nunca reclamó a sus hermanos Ignasi, Carola y Anna, los cuales declararon en quiebra sus sociedades patrimoniales en cuanto el juez le dio la razón a los fondos pese a que la familia había usado Junts, ERC, PNV y hasta a Pedro Sánchez para no perder el control familiar. El presidente del Gobierno llegó a reunirse con el primer ejecutivo de Deutsche Bank para pedirle que tratara con consideración al heredero, que antes había rechazado un acuerdo para retener el 51 % del capital.

El motivo para despreciar esa oferta era que, según fuentes financieras, Francesc era consciente de que, si dejaba entrar a los fondos en el capital y en el consejo de administración, descubrirían la trama, los préstamos intragrupo con los que él y sus hermanos aparentaban tener un patrimonio que les coloca como una de las sagas más ricas de Cataluña y de España. Tras la quiebra, presuntamente no tienen nada, pero sus demandantes sospechan que deben de tener dinero fuera de España, como demuestran sus vacaciones en Nueva Zelanda.

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Para Celsa, Francesc Rubiralta Rubió cometió administración desleal y ahora le exige que reintegre esa cantidad. No es la única demanda que le ha interpuesto la nueva Celsa. La compañía catalana le ha abierto otros dos pleitos. Uno por perdonar una deuda de 22 millones a una empresa de su madre. El otro por pagarse un bonus de 9 millones de euros mientras la compañía no pagaba los préstamos a sus acreedores.

Pero, dada la dificultad para recuperar los 504,5 millones, la que más preocupa a Francesc es la querella criminal que Villaseca, en representación de Celsa, ha interpuesto contra su antecesor por apropiación indebida. Porque la compañía ha usado el camino civil y el penal para tratar de asegurarse de que el presunto infractor pague por haber supuestamente saqueado la compañía. Gómez Acebo & Pombo es el encargado de defender los intereses de la compañía, que está pagando intereses del 14 % a sus acreedores para sobrevivir.