De la auditoría al 'forensic' del PSOE: un trabajo de Big Four pero de alto riesgo político

Esta semana el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tuvo que comparecer en la sede del PSOE horas después de conocerse un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el que se apuntaba a que el ex secretario de organización de la formación, Santos Cerdán, estaría implicado en el cobro de comisiones irregulares en obras públicas. Durante su comparecencia, el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, afirmó que iba a encargar una auditoría externa de las cuentas del partido "para eliminar cualquier sombra de duda que pueda tener la ciudadanía en relación con las informaciones".

Aunque por el momento no se han ofrecido detalles concretos sobre cómo se llevará a cabo este encargo, surge una pregunta clave: ¿a qué tipo de auditoría se refiere exactamente el presidente del Gobierno y qué firmas estarían en condiciones de asumir dicha tarea? Según fuentes del sector de la consultoría y la auditoría preguntadas por este periódico, lo más probable es que se opte por una de las conocidas Big Four —Deloitte, PwC, EY o KPMG—, ya que suelen aportar credibilidad y rigor al proceso.

“Los partidos políticos son auditados habitualmente por el Tribunal de Cuentas, y solo en casos excepcionales, cuando surge algún problema o sospecha, recurren a un auditor externo”, explica a este medio un directivo del sector. “Sin embargo, es común que estos auditores externos muestren ciertas reticencias debido a las presiones que reciben de los interlocutores involucrados, así como al alto riesgo mediático y de exposición personal, lo que hace que este tipo de trabajos resulten poco atractivos.”

Aun así, todos los expertos consultados coinciden en que lo realmente crucial no es la firma encargada de realizar el trabajo, sino la naturaleza del encargo en sí. Existen diferencias fundamentales entre una auditoría financiera tradicional y una investigación forense, aunque en el discurso público pueden llegar a confundirse.

Auditoría de escaparate

Una auditoría financiera tradicional se limita a revisar los estados financieros del organismo o las cuentas anuales que preparan sus responsables, con el objetivo de verificar si reflejan fielmente la situación económica conforme a la normativa contable vigente. El auditor aplica procedimientos definidos por la Ley de Auditoría, que incluyen análisis mediante muestreo y técnicas estandarizadas de control.

Los expertos consultados advierten que una auditoría financiera tradicional no está diseñada para detectar fraudes ni irregularidades, ya que ese no es su objetivo. Por tanto, encargar un trabajo de este tipo difícilmente serviría para esclarecer posibles casos de financiación irregular. De hecho, el encargo podría incluso quedarse en un nivel inferior al de una auditoría financiera, si se recurre a lo que se conoce como un Informe de Procedimientos Acordados (IPA).

Este tipo de informe, aunque solo puede ser elaborado por auditores inscritos en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas (ROAC), no tiene validez contable ni se rige por los mismos estándares que una auditoría formal. Este documento, aunque tiene apariencia de auditoría, tiene alcance limitado y no sirve para emitir una opinión global sobre la situación financiera.

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Por el contrario, una investigación forense (forensic audit) es un proceso mucho más profundo. "Es una investigación interna que se hace en el seno de una organización para esclarecer determinados asuntos a petición de la propia empresa o entidad o de un tercero vinculado a la empresa como un accionista o miembro del consejo", explican desde una auditora grande.

Estos trabajos van orientados a investigaciones sobre posibles casos de fraude, corrupción, salidas de efectivo, apropiación indebida, manipulación contable, competencia desleal, conflicto de interés u otro tipo de prácticas ilegales internas o poco éticas.

El 'forensic' entra donde duele

Es por eso que no se basa únicamente en la revisión de estados financieros. "El forensic entra donde duele, implica el análisis detallado de operaciones, contratos, comunicaciones internas y otros elementos que puedan evidenciar conductas ilícitas", señala otro directivo consultado, especializado en servicios forense.

Los procedimientos a seguir suelen incluir, entre otras cuestiones, entrevistas con trabajadores o personas vinculadas a la organización y revisiones de comunicaciones electrónicas a través de palabras clave para saber qué miembros del consejo, de la dirección, de niveles intermedios o del resto de la plantilla estaban al tanto de los hechos y conocer así a los presuntos autores o cómplices de las irregularidades.

Además, algunas de estas investigaciones implican análisis de la tesorería y salida de caja para determinar si ha existido fuga de capital, así como crear un mapa de vinculaciones entre empleados o externos a la compañía para detectar, por ejemplo, si ha existido un desvío de fondos, contratos irregulares o casos de corrupción.

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Aunque optar por esta vía sería la opción más efectiva, también implicaría abrir en canal al partido socialista, con el riesgo de destapar una auténtica caja de Pandora. De hecho, otro experto recuerda que el PP se planteó recurrir a una investigación forense en 2013, en el caso Bárcenas, pero finalmente no se atrevió por el mismo motivo: una indagación de este tipo también expone al partido en su conjunto.

En cuanto al coste de este tipo de encargo, resulta complicado estimarlo debido a la falta de un perímetro definido. No solo podría centrarse en la formación socialista y sus sedes, sino que también podría extenderse al análisis de contratos adjudicados por el ministerio y a las empresas intermediarias. Aunque las fuentes consultadas señalan que una auditoría financiera suele ser más económica que una investigación forense, lo cierto es que este encargo podría superar fácilmente el medio millón de euros.