Crisis del PSOE y opa al Sabadell: todos los que se oponen ganan influencia sobre Sánchez

La opa hostil de BBVA al Sabadell entró hace semanas en el terreno político, un fango que hace que sea imposible predecir para el sector financiero. En este campo, toca ahora analizar las consecuencias, si las hay, para la capacidad y las ganas del Ejecutivo de intervenir en la operación.

El pasado 30 de abril, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), después de 11 meses de análisis, autorizó la opa a cambio de siete grandes compromisos (remedies), principalmente con foco en mantener el crédito a las pymes que dependen financieramente del Sabadell durante tres años, con una posible prórroga de otros dos.

A partir de ese momento, la opa ha entrado en terreno político, porque el Gobierno ha aprovechado el margen que deja la Ley de Competencia para intervenir, siempre por motivos de interés general ajenos a la competencia. De hecho, fue el presidente Pedro Sánchez el que anunció una consulta pública en torno a si hay problemas de interés general, aunque es un expediente de Economía. El ministro Carlos Cuerpo elevó al Consejo de Ministros el dictamen de la CNMC, y el Gobierno puede suavizar, confirmar o endurecer el listado de compromisos antes del 27 de junio. En el sector jurídico hay debate sobre el verdadero margen legal para actuar.

Los mensajes del Gobierno, hasta ahora, han sido de rechazo a la operación por exceso de concentración bancaria o cohesión territorial. Y los socios del Ejecutivo, incluso, han ido más lejos. Sumar apunta al empleo, ERC y Junts están en contra de que deje de existir el único banco con sede social en Cataluña –movió la sede este año para buscar apoyo político, tras abandonar la región en 2017–, e incluso desde el PP ha habido críticas.

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Pero el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha entrado en su momento de mayor debilidad con el demoledor informe de la UCO sobre el ya ex secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, en la trama de Koldo y Ábalos que apunta a amaños de adjudicaciones. La dimisión de Santos Cerdán y las disculpas pedidas por Pedro Sánchez entran en la ecuación de escenarios que analizan los entornos de BBVA y Sabadell, tanto internamente como sus amplios y bien retribuidos equipos de asesores.

Hay que tener en cuenta que los que decidirán la opa, en última instancia, serán los accionistas del Sabadell, siempre y cuando BBVA no decida frenar la opa, algo que no parece estar sobre la mesa. Incluso con condiciones que afecten a la rentabilidad, podría plantearse seguir adelante y dejarlo todo en manos del Supremo o de un posible cambio de Gobierno.

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Pero los accionistas, minoritarios e institucionales, deberán realizar sus análisis de rentabilidad y conveniencia según las condiciones impuestas. Las que han salido de la CNMC afectan de forma limitada a la rentabilidad de la operación. Aunque los analistas de Kepler las cuantificaron en 260 millones, en el entorno de los dos bancos se reduce drásticamente la estimación. Queda por ver las que impone Moncloa, a partir del expediente de Economía.

La debilidad del Gobierno puede interpretarse de dos formas. Por una parte, que Moncloa adopte un perfil bajo y que decida no intervenir, o hacerlo de forma muy superficial, con condiciones que apenas preocupen a BBVA, durante las próximas semanas. Es decir, evitar más líos políticos en las próximas semanas. Este es un temor que ha crecido en las últimas horas en el entorno de Sant Cugat, sede operativa del Sabadell, que se ha encomendado a que el Ejecutivo torpedee la operación en su intento por seguir en solitario. El propio Josep Oliu, presidente del Sabadell, pidió antes de la Junta General de Accionistas que el Gobierno actúe por el “interés común”.

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Este escenario, así como la posibilidad de que el Gobierno implosione a corto plazo, favorecen que el camino de la opa siga su curso, como quiere BBVA. El banco presidido por Carlos Torres también puede apostar a un próximo cambio de Ejecutivo que suavice o elimine las condiciones impuestas por el actual.

Sin embargo, según avanza el tiempo desde la dimisión de Santos Cerdán, gana enteros la opción de que el Gobierno de Sánchez se enroque para resistir a toda costa hasta 2027. Y sus socios, tanto Sumar, que está en el Gobierno, como los que le sostienen –nacionalistas–, han ganado poder de negociación ante Sánchez. Su capacidad para pedir o exigir se ha disparado.

Y en este sentido, es evidente que Sumar está en contra de la operación. Yolanda Díaz alude a la concentración bancaria –aunque la competencia ya haya sido analizada por la CNMC– y al empleo, condición loable, pero que impediría nuevas operaciones corporativas en España, porque la mayoría de fusiones bancarias o de otros sectores se basan en sinergias. Es decir, más negocio con menos costes. Díaz apunta al potencial despido de 5.000 trabajadores, aunque las sinergias apuntadas por BBVA, de 300 millones en personal, se aproximan más a la cifra de 4.000 empleos, según precedentes en el sector.

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Mientras que PNV no se ha posicionado sobre la opa lanzada por BBVA, banco vasco pero al que no considera tan apegado a la región como Iberdrola, otro gigante que sí ejerce allí capacidad de lobby, los partidos catalanes han sido muy explícitos en su oposición a que BBVA compre Sabadell.

En Cataluña preocupan muchas cosas. Entre otras, la financiación a pymes, gran especialidad del Sabadell y donde ha puesto el foco, el exceso de concentración bancaria, que dejaría a la región como una de las más afectadas, perder un banco al que llamar a la puerta –no es lo mismo que el órgano de decisión esté en Cataluña a que esté en Las Tablas–, la pérdida de influencia del centro operativo de Sant Cugat, aunque BBVA ha prometido mantenerlo, o que deje de existir un banco importante con sede social en Cataluña. CaixaBank, por ahora, la mantiene en Valencia, aunque hayan vuelto La Caixa y Criteria. Muchas de estas cosas también preocupan en la Comunidad Valenciana y Baleares.

Sabadell ha tenido un acercamiento con los nacionalistas catalanes a raíz de la opa. Y es de esperar que en los próximos días juegue esta baza, para que ERC y Junts sean más contundentes con las exigencias al respecto a Moncloa, aprovechando la debilidad del Gobierno.

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El Gobierno tiene hasta el 27 de junio para decidir, aunque la cifra en la que trabaja el Ministerio de Economía para llevarlo al Consejo de Ministros es el 24 de junio. El día anterior, el ministro Carlos Cuerpo compartirá rueda de prensa con Carlos Torres en una conferencia organizada por la APIE, la UIMP y patrocinada por BBVA en Santander. Aunque la mayor coincidencia de ese día es que es cuando están llamados a declarar José Luis Ábalos y Koldo García. Santos Cerdán declarará el 25 de junio.

No está claro si esto podría alterar el calendario de decisión del Gobierno en torno a la opa. También hay un Consejo de Ministros programado para el 17 de junio, mientras que podría convocar uno extraordinario el 26 de junio. Otra coincidencia a tener en cuenta es que el 24 de junio es festivo en Cataluña, San Juan, por aquello de velar por la cohesión territorial.

BBVA y Sabadell están muy pendientes del Gobierno, pero también la Comisión Nacional de los Mercados de Valores (CNMV). El supervisor quiere correr y aprobar el folleto cuanto antes, una vez que se conozca la decisión del Ejecutivo. Pero dependerá del volumen de compromisos y su importancia para que sean días o semanas.