España paga por primera vez un laudo de las renovables al fondo Blasket Renewable

El Gobierno de España ha pagado un laudo dictado en 2021 a favor de la compañía japonesa JGC Holdings Corporation, que ahora pertenece al fondo Blasket Renewable Investments. Se trata del primer pago realizado por los laudos internacionales derivados del recorte retroactivo a las primas renovables practicado por sucesivos gobiernos entre 2010 y 2014

El tribunal de arbitraje del Banco Mundial, el CIADI, falló a favor de JGC en noviembre de 2021, ordenando a España pagar 23,5 millones de euros que, sumado a los intereses, alcanza los 32 millones. No obstante, no se ha desvelado la cifra final con la que España ha resuelto el laudo. Desde las empresas afectadas consideran que esto supone un punto de inflexión ya que puede desbloquear las 26 sentencias restantes que tiene el Reino de España por este asunto.

El laudo fue llevado a los tribunales de Estados Unidos por parte del bufete Gibson Dunn, que presentó la debida documentación para acreditar que la sentencia no había sido cumplida y, por tanto, España había incurrido en una situación de impago e incumplimiento. El registro del laudo podría haber abierto la puerta al embargo de bienes del Reino, pero el acuerdo alcanzado entre las partes evitará tal escenario y pone fin a la disputa.

Se trata del primer pago realizado por el Reino de España en relación con los numerosos laudos internacionales derivados del recorte retroactivo a las primas renovables practicado por sucesivos gobiernos entre 2010 y 2014. La primera denuncia ante el CIADI, tribunal de arbitraje del Banco Mundial, se produjo hace ahora catorce años.

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“Por primera vez, inversores han recibido los fondos adjudicados por un laudo arbitral del Banco Mundial relacionado con inversiones verdes en España”, explica el abogado Matthew D. McGill, socio de Gibson Dunn. “Aplaudimos esta decisión del gobierno, pero es importante reconocer que sigue habiendo otros 26 laudos dictados en contra del Reino que serán ejecutados en los tribunales de todo el mundo, en caso de no ser abonados. Tal desenlace es inevitable”, añade.

​70.000 millones invertidos

Este avance en el cumplimiento de los laudos llega tras una larga disputa judicial que ha enfrentado a decenas de inversores internacionales afectados por los cambios normativos que alteraron de forma arbitraria y abrupta los incentivos ofrecidos a empresas y fondos que inyectaron más de 70.000 millones de euros en España para desarrollar proyectos de energías renovables.

“Al incumplir sus obligaciones internacionales, España solamente termina por aumentar la carga de obligaciones que debe pagar el contribuyente y, además, desincentiva la captación de inversión extranjera, precisamente en un momento en el que resulta vital atraer inversiones en energía e infraestructuras”, comenta Matthew D. McGill.

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El pago del laudo representa un precedente importante para el resto de acreedores, que anuncian que siguen buscando un acuerdo pero, al mismo tiempo, siguen preparando nuevas medidas para la ejecución de sentencias firmes ante tribunales de terceros países.

En este sentido, la justicia de Estados Unidos, Reino Unido, Australia o Bélgica ya ha autorizado distintas medidas orientadas a proteger a los afectados, como el embargo cautelar de todo tipo de activos del Reino de España. En este caso, Blasket está asesorado por Gibson Dunn en EEUU y la representación legal de este caso en España corrió a cargo de A&O Shearman.

"Solo representan el 5% del total"

El Ministerio para la Transición Ecológica señala tras este pago que "el número de arbitrajes por renovables promovidos por inversores de estados no miembros de la Unión Europea (UE) contra España sólo representan un 5% del total y, de acuerdo con la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE,) no tienen cabida en el derecho de la UE, de modo que la satisfacción de los laudos no supone una Ayuda de Estado ilegal".

El equipo que lidera Sara Aagesen apunta que España afronta la defensa frente a estos minoritarios arbitrajes extra-UE con todas las estrategias jurídicas a su alcance, agotando todas las vías de defensa, pero con menos argumentos jurídicos, al no poder invocar el derecho de la UE.

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"El importe del laudo de JGC, cedido al fondo norteamericano Blaskett, se quedó consignado en Bélgica en 2024, tras un embargo de los derechos de crédito relativos a Eurocontrol que se levantó tras la actuación de las autoridades españolas. España, tras obtener la aprobación de la Comisión Europea, ha negociado con Blasket para poner fin a todos los procedimientos abiertos alrededor del caso, mediante el cobro de la cuantía depositada en Bélgica, de 32 millones de euros", afirman desdel el Ministerio.

Sus datos apuntan a que el país ya ha conseguido reducir en un 85% el importe demandado por los inversores internacionales, 10.635 millones, y sigue defendiendo los intereses nacionales en los tribunales.