Hacienda cerca al mundo cripto con una ola de inspecciones y la amenaza de multas

Hacienda quiere evitar trampas en torno al mundo cripto. La Agencia Tributaria (AEAT) ha intensificado el control con comprobaciones e inspecciones tanto a los proveedores como a los inversores. El objetivo es incrementar su información sobre la tenencia de criptoactivos y la trazabilidad de los movimientos. Fiscalistas consultados anticipan un aluvión de multas y de litigios.

Las capacidades de Hacienda para atacar el mundo cripto aumentarán exponencialmente con la directiva europea DAC 8, que obliga a los proveedores de servicios de criptoactivos que operan en la Unión Europea a reportar a las autoridades fiscales las transacciones que han realizado. Los gobiernos deben transponer esta directiva en 2025, para que entre en vigor el 1 de enero de 2026, pero la AEAT ya está pidiendo información a los brókeres, señalan fuentes jurídicas.

Para el mundo cripto, 2025 es el año de la regulación. Junto a DAC 8, para la parte fiscal, ya entró en vigor MICA, la normativa europea que regula las exigencias financieras, de solvencia y de comportamiento para proteger a los inversores. Este año es de transición, para pasar de una supervisión light del Banco de España a una más amplia de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), a la que hay que presentar el proyecto.

Los proveedores, que en muchos casos son startups con una estructura reducida, se han encontrado con un aluvión de exigencias que, aunque era esperado, está rebasando a muchos de ellos. Los fiscalistas consultados temen una oleada de sanciones por requerimientos de información que, al margen de DAC 8 (entrará en vigor el año que viene), se salden con errores u omisiones. Además, para los inversores también hay una incipiente oleada de comprobaciones e inspecciones, una vez que Hacienda va teniendo más información.

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El Plan Anual de Control Tributario y Aduanero de 2025, donde la AEAT marca las directrices principales de la Inspección para el ejercicio, apunta a que “seguirán las captaciones de información relativas a empresas intermediarias de la inversión y pago en monedas virtuales, para aumentar el conocimiento de los inversores de este tipo de criptoactivos, la fuente de su renta y patrimonio, así como la posible existencia de rendimientos o plusvalías obtenidas de dichas inversiones”.

Fuentes de la AEAT señalan que se están incrementando las actuaciones a partir de requerimientos específicos a brókeres españoles, bancos nacionales y también operadores extranjeros que trabajan en España, que se suman a las exigencias de declaraciones informativas nacionales, como el modelo 721, para declarar operaciones y saldos en criptomonedas en el extranjero, y los modelos 172 y 173, para tenencias en España.

Opinión

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"Algunos proveedores de servicios de criptoactivos están siendo objeto de inspección para analizar su operativa. También conocemos que hay tenedores de criptoactivos a los que se les han abierto comprobaciones", señalan Cristina Mayo y Ana Mayo, socias de FinReg. "En los próximos años, va a haber conflictividad en este campo al disponer Hacienda de información para contrastar las rentas declaradas por los tenedores de criptoactivos con la información de la que va a disponer", agregan.

El objetivo de Hacienda es incrementar la información. Para ello, quiere cerciorarse de que los proveedores tienen la trazabilidad de movimientos de sus clientes, sean pequeñas startups o grandes bancos. Por el camino, hay riesgo de multas por no tener capacidad de atender estos requerimientos correctamente. Además, según aumenta la información disponible, también lo hacen las inspecciones por posibles saldos no declarados o plusvalías ejecutadas por las que no se ha tributado.

Las inspecciones a los proveedores son por requerimientos de información o reporte, con potencial sanción efectiva por dato. Pero también se revisa su operativa "por temas de IVA y de Impuesto sobre Sociedades, y ahí la infracción suele ser dejar de tributar y se le impone sanción por ello, con las agravantes que correspondan en cada caso", añaden las socias de FinReg.

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También hay más información patrimonial para comprobar que se declaran correctamente los Impuestos sobre el Patrimonio o el Impuesto temporal de Solidaridad para las Grandes Fortunas. La volatilidad de las criptomonedas puede acarrear problemas, como no tributar correctamente o que, en un momento dado, un contribuyente pase del umbral requerido para declarar estos impuestos. Las cuestiones tributarias tardan cuatro años en prescribir, con lo que Hacienda puede inspeccionar entre tres y cuatro ejercicios previos.

Esta presión no ha hecho más que comenzar, ya que se reforzará con DAC 8 a partir del año que viene. Esta normativa “obliga a los proveedores de servicios de criptoactivos a identificar a sus usuarios, registrar todas sus operaciones y compartir esta información con las autoridades fiscales de los Estados miembros. Esto incluye no solo las operaciones tradicionales de compraventa, sino también los intercambios entre criptoactivos y las transferencias entre wallets, y la previsión es que se permitan los embargos sobre estos activos digitales. La AEAT, por tanto, contará con una trazabilidad todavía mayor sobre los movimientos de criptoactivos, incluso cuando estos se realicen en plataformas extranjeras o mediante wallets autoalojadas”, apunta Nazario Mendoza, socio de Zadal.

El experto recuerda que esto supone un incremento relevante en la carga operativa y legal, y que los proveedores “deben garantizar la veracidad de los datos”, porque, si no, se enfrentan a un régimen sancionador “severo”. El Anteproyecto que transpone la directiva apunta a sanciones de 200 euros por cada persona con la que se incumplan las obligaciones de información, y de 300 euros por cada persona en la que haya información falsa o inexacta. También prevé que la Administración pueda acordar la baja cautelar en el censo tras dos requerimientos, y sería efectiva en 90 días.

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L. Puerto

En paralelo, para los inversores también ha aumentado el control con los modelos mencionados 721, 172 y 173. “Todo ello abre la puerta a una potencial conflictividad, ya que la administración cada vez dispone de más datos e información. La tensión entre la privacidad inherente al ecosistema cripto y la transparencia exigida por las autoridades fiscales es evidente, especialmente para proveedores internacionales que podrían resistirse en mayor medida. Más allá de las nuevas obligaciones formales, lo que ya se está notando en 2025 es un claro incremento en los requerimientos e inspecciones por parte de la Agencia Tributaria sobre ejercicios no prescritos desde 2020”, resume Mendoza.

“Se está intensificando el control. Con las primeras remesas de información (modelos 721, y 172 y 173) se ha incrementado el número de requerimientos y de comprobaciones, con el objetivo fundamental de regularizar tanto las ganancias patrimoniales como el patrimonio no declarado. Los contribuyentes que no hayan cumplido correctamente sus obligaciones tributarias podrían exponerse a la imposición de sanciones, por lo que se recomienda revisar su situación y anticiparse a la actuación de la administración”, señalan Anna Roig y Miguel Bastida, asociada sénior y socio de Chevez Ruiz Zamarripa.

Además, el Real Decreto 253/2025 incrementa “las obligaciones de suministro de información de cuentas en entidades financieras, préstamos y créditos, movimientos de efectivo y utilización de tarjetas y otros medios de pago”, recuerda Bernabé de Marcelino, socio de Andersen. “Es evidente que la Administración Tributaria va a tener acceso a información financiera relevante, que hasta prácticamente hace muy poco estaba fuera de su conocimiento, para verificar la correcta declaración y tributación de las operaciones con criptoactivos de los inversores”, añade.

Supervisión de la CNMV

Desde el punto de vista financiero, la supervisión recae en la CNMV. Hasta ahora, solo había una exigencia para los proveedores de estar en un registro del Banco de España, pero MICA otorga mayores poderes a los supervisores nacionales. La directiva busca proteger a los inversores y eleva las exigencias en solvencia, transparencia y procesos de los proveedores.

Los operadores interesados deben exponer su modelo de negocio a la CNMV. BBVA ya ha obtenido la autorización para comercializar criptoactivos en España. El organismo presidido por Carlos San Basilio está trabajando en tres expedientes de entidades registradas (bancos) y otros siete que no lo están.

Varios bancos, como Openbank, CaixaBank, Renta 4 o Kutxabank, planean ofrecer a los clientes digitales operar con criptos. Cecabank, por su parte, se ha aliado con Bit2Me, firma en la que tiene una participación, para lanzar una plataforma de criptos que podrá ser utilizada por otros bancos para ofrecérsela a los clientes.