30 millones para evitar otro apagón: el 'antibiótico' del Gobierno llega a la factura
El plan de seguridad del sistema eléctrico tras el apagón del 28 de abril repercute sobre aquellos consumidores con la tarifa regulada. De media, 3,5 euros por consumidor en mayo
El sistema eléctrico español entró en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) el 28 de abril con un gran apagón. Aunque, en menos de un día, recibió el alta. Pero, como todavía se desconoce qué provocó ese trágico ingreso, el sistema lleva cerca de un mes medicado con una especie de “antibiótico”, que es como lo define la propia ministra Sara Aagesen, que pretende prevenir una posible recaída. Un tratamiento valorado en cerca de 30 millones de euros que sale de la factura de mayo que pagan los consumidores.
Ese “antibiótico” del que se habla desde el Gobierno está compuesto, principalmente, de gas. Tras el apagón, el operador del sistema, Red Eléctrica, ha incrementado el uso de los ciclos combinados de gas en los llamados servicios de ajuste. Esta herramienta permite modificar el programa de producción de energía para garantizar la seguridad de la red.
Estas centrales, aunque más caras que las energías renovables, ofrecen mayor estabilidad y capacidad de respuesta. El día 28 de abril estaban operativos solo 7 ciclos combinados y actualmente operan el doble. “El incremento de la generación de los ciclos combinados ha sido muy notable en mayo, con un aumento del 20% respecto a abril y del 64% respecto al mismo periodo del año pasado”, explican los consultores del Grupo ASE en su informe sobre el mercado eléctrico en mayo.
Hasta que no se encuentren las causas concretas del apagón, que todo apunta que quedan meses por delante, el mercado se va a operar con ‘extrema precaución’. Esta vía preventiva funciona, básicamente, exigiendo que centrales de gas, hidroeléctricas o nucleares entren en el sistema, pese a que la mayoría de la demanda eléctrica, como sucedió en el apagón, se pueda satisfacer con renovables.
Es más, desde el apagón sobra todavía más electricidad porque, desde el 28 de abril, Portugal y Francia han limitado las entradas de electricidad con España y no se exporta electricidad como se venía haciendo en abril. Un exceso de oferta que debería desplomar los precios. Algo que no está sucediendo. Red Eléctrica está obligando a conectarse a las tecnologías con mayor capacidad firme por seguridad.
Una decisión que no se tomó en los días y horas previos al apagón. Los datos de ASE apuntan a que el gas y el agua han aportado el 36% del mix de generación en lo que va de mayo, frente al 31% de abril. Por su parte, las energías renovables variables (eólica y fotovoltaica) han reducido su aportación al 39,5% en mayo, frente al 42,5% del mes anterior.
30 millones, de momento
El efecto de esta estrategia de seguridad o “antibiótico” es que el coste de estos servicios de ajuste se ha duplicado, pasando a suponer un incremento de hasta 18 euros megavatio hora (MWh) respecto a los meses anteriores.
De nuevo, ese incremento lo notarán aquellos consumidores con la tarifa regulada o Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC), que dependen de las variaciones del mercado mayorista de la electricidad. Con datos de los primeros 13 días de mayo, el precio de la electricidad ha experimentado un notable aumento durante el mes de mayo, con una subida del 11% en la tarifa regulada en comparación con el escenario anterior al apagón nacional.
Estos consumidores acogidos con PVPC, que son cerca de 8,5 millones, experimentarán un incremento cercano a los 3,5 euros en su factura de uno de los meses más baratos del año, como es mayo, según las estimaciones que hace el sector. Una factura cercana a los 30 millones que se reparten entre estos hogares, entre los que se encuentran los consumidores más vulnerables, que deben estar acogidos al PVPC para recibir ayudas como el bono social.
El sistema eléctrico español entró en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) el 28 de abril con un gran apagón. Aunque, en menos de un día, recibió el alta. Pero, como todavía se desconoce qué provocó ese trágico ingreso, el sistema lleva cerca de un mes medicado con una especie de “antibiótico”, que es como lo define la propia ministra Sara Aagesen, que pretende prevenir una posible recaída. Un tratamiento valorado en cerca de 30 millones de euros que sale de la factura de mayo que pagan los consumidores.